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/Ana Laura Magaloni Kerpel /
El miércoles 2 de abril del 2025 pasará a la historia. Un sólo hombre, con delirios de grandeza y poca estabilidad emocional, terminó de un plumazo con el equilibrio económico mundial. Todo se mueve y una nube de incertidumbre cubre al mundo. Los mercados reaccionaron inmediatamente: las bolsas se cayeron, las expectativas de crecimiento se redujeron y las inversiones quedaron en pausa.
¿Cómo podemos navegar en México este momento histórico de la mejor manera posible?
La presidenta Sheinbaum propone el Plan México. De lo que se trata es de fortalecer el mercado interno, la inversión pública y privada y la producción nacional. Para que sea viable su ambiciosa estrategia, es indispensable reducir la incertidumbre que estamos viviendo. Claramente, una parte viene de fuera y poco podemos hacer al respecto. Sin embargo, otra parte de ella es interna y deberíamos hacer algo para atemperarla.
La reforma judicial es una de las principales causas internas de incertidumbre. La productividad de las empresas requiere intercambios y cooperación constante entre personas. Es así como se genera valor y se produce riqueza. Estos intercambios se inhiben si no existe una forma accesible, efectiva y ágil de hacer efectivo el pago de deudas contractuales en caso de incumplimiento. La reforma judicial afecta negativamente la predictibilidad jurídica y con ello la actividad económica del país.
En México nunca han funcionado bien los procesos judiciales que involucran el cobro de deudas contractuales. Estos procesos casi siempre inician en la justicia local y están diseñados tan mal que, en muchos casos, para las personas y las empresas ni siquiera vale la pena ir a un juicio, pues el monto de la deuda vale menos que el costo del proceso. En casos con montos más significativos es excesivo el tiempo que se tarda el sistema en hacer efectivo el pago. Una empresa, con un buen abogado, se puede tardar en promedio 7 meses sólo en notificar la demanda al deudor y una vez que gana el juicio de tres instancias judiciales, se puede tardar 15 meses más en ejecutar la sentencia. Los obstáculos son conocidos y un importante número de éstos se podrían resolver con plataformas tecnológicas e inteligencia artificial.
En este sentido, paradójicamente, una reforma judicial tan radical como la que se está llevando a cabo abre una ventana de oportunidad para corregir algunos de los problemas torales de los sistemas de justicia local. Ello no sólo involucra el cobro de deudas, sino un abanico enorme de conflictos entre personas. La puerta de entrada para resolver la inmensa mayoría de ellos es el juzgado derruido de la primera instancia local. Todos esos asuntos pueden llegar a un tribunal federal siempre y cuando se agoten las dos instancias locales. En la práctica, aproximadamente sólo 8% de los juicios locales llegan a un tribunal federal.
Históricamente nuestros poderes judiciales locales han sido instituciones muy capturadas por intereses económicos, políticos y criminales. El Poder Judicial federal, por cinco décadas, ha servido para amortiguar a medias el desastre de la justicia local. Esa posibilidad es la que destruye la reforma judicial en curso y, para no quedarnos todos en la absoluta indefensión, es indispensable que la reforma en el ámbito local aproveche la ventana de oportunidad que abre el reemplazar a todas las personas juzgadoras para hacer un cambio radical en su arquitectura y gestión de casos. Es posible, porque sí lo es, imaginar y hacer realidad un sistema de justicia local accesible, simple, razonable y útil.
El jueves pasado se inauguró el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. El rector Luis Arriaga me dio la gran oportunidad de encabezarlo. El objetivo del mismo es poner la mirada, los esfuerzos analíticos y las propuestas en la justicia local, en ese al ras de tierra que tanta falta le hace a México. Estoy convencida de que hay un tipo de oportunidades que sólo existen en medio de una crisis del calibre de la que estamos viviendo. La reforma a la justicia local creo que es una de ellas.
