*Retrovisor.
/ Ivonne Melgar /
La anécdota más ilustrativa de cómo la realidad se impone a la retórica oficialista de todo está bajo control es la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el jefe de los diputados Morena, Ricardo Monreal, atrapados en un elevador de San Lázaro.
Con la agilidad que lo caracteriza, el líder parlamentario citó al Santo Niño de Atocha para contar que, “atrapados en la verdad”, tuvieron 10 buenos minutos para conversar. Iban con ellos otros diputados que participaron en la reunión convocada por Monreal este jueves para cobijar al gobernador ante solicitudes de su renuncia.
En un video del incómodo momento, una trabajadora de resguardo legislativo pide a los atorados que no le sigan picando a los controles del elevador, porque eso impide la nivelación. Del otro lado, se escucha al gobernador que describe que el único botón trabado es el de la salida. Anécdotas e hipérboles aparte sobre situaciones de atrapamiento, Rocha vino a dar explicaciones de la situación de violencia en Culiacán, asumiendo su gravedad.
Por la tarde de este jueves se dio otra estampa ilustrativa de cómo resulta imposible para la nueva administración federal y sus legisladores ser continuistas en el desastroso modelo de los abrazos y no balazos que llevaron a entidades como Sinaloa a su actual crisis.
La crónica del inevitable deslinde por la vía del discurso ocurrió en la instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana que presidirá la diputada Jessica Saidén Quiroz (Morena). Y nadie reivindicó la fallida consigna. Asumiendo que habrá cambio en esa materia, la legisladora exaltó la estrategia que impulsó en la CDMX la Presidenta de la República, afirmando que ésta respondió al mismo enfoque transexenal que su padre, el comandante Luis Felipe Saidén, viene aplicando en Yucatán.
Aunque la presidenta de la Comisión no hizo referencia alguna al secretario Omar García Harfuch, varios diputados externaron su confianza en que pronto él dará resultados. Quedó, sin embargo, la duda de por qué no hubo un enviado al evento de la secretaría federal, pese a que la orden de la sesión incluía su intervención. El único interlocutor del gabinete de seguridad fue el representante de Marina, el contralmirante Juan José Zamorano.
Y es que los invitados en este tipo de sesiones evidencian alianzas implícitas. Por eso llamó la atención que, al arranque de la Comisión de Bienestar, presidida por Ana Karina Rojo Pimentel (PT), acudiera el titular del Coneval, José Nabor Cruz, uno de los organismos descentralizados que habría de desaparecer cuando se concrete el dictamen que elimina diversas instituciones autónomas. Aprovechando esta interlocución, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) propuso defender la permanencia del Coneval y empujar la rendición de cuentas pendiente en miles de millones de pesos de parte de la Secretaría del Bienestar, la que, por cierto, no tuvo ningún representante en el evento.
Pero, a pesar de que la nueva administración federal y sus legisladores siguen a pie juntillas las instrucciones del plan C que les heredó el presidente López Obrador, incluyendo una creciente humillación cotidiana a los opositores, esa dureza sufrió un revés cuando la CNDH debió echarse para atrás en una más de sus acciones de persecución política: las órdenes de aprehensión que gestionó con un juez cívico capitalino en contra de los diputados del PAN, Margarita Zavala, Federico Döring yHéctor Saúl, por haber colocado carteles de clausura simbólica en la entrada de esa Comisión que procede como fiscalía de quinta.
El retiro de las denuncias por parte de Rosario Piedra Ibarra y su operador en la CNDH, Francisco Estrada Correa, se dio al mismo tiempo que en el Senado aspirantes a presidir esta instancia y defensores de derechos humanos documentaban el fiasco que significó esa gestión protegida por el expresidente.
Frente a una cada vez más imposible reelección de la hija de Rosario Ibarra de Piedra, otro nombre suma respaldos de todas las bancadas: Nashieli Ramírez Hernández, ombudsman de la CDMX.
Si bien Morena cuenta con la fuerza parlamentaria para definir el futuro de la CNDH, sostener a gobernadores, enterrar órganos autónomos, evitar votos de senadores de la oposición o llevar a sus diputados al Torito, el PAN es el único partido que preocupa y ocupa a la 4T. De ahí el “¡No estás solo!” que Monreal le organizó al gobernador sinaloense, ante la petición panista de relevarlo; y de ahí el recule en la CNDH.
Por eso cobra relevancia la votación en el PAN, el 10 de noviembre, del dirigente de esa primera fuerza opositora, donde Jorge Romero Herrera es visto como el más sólido y viable perfil para conducir la urgente e inevitable renovación.
Con el debate del miércoles próximo entre el destacado diputado federal y la reconocida exsenadora Adriana Dávila Fernández, la militancia podrá analizar sus propuestas. Si bien la política de Tlaxcala cuenta con arrestos para emprender el obligado cambio, Jorge Romero ya ha tenido la oportunidad de mostrar disposición a la autocrítica, a la suma de nuevos liderazgos y a la eliminación de designaciones directas.
Una oferta clave del excoordinador de la diputación azul es que el presidente del partido no podrá aspirar a candidaturas mientras esté en funciones, rompiendo así con el continuismo y, por tanto, con Marko Cortés. El tema de fondo es quién y cómo tiene más herramientas para cerrarle el paso a la intromisión morenista y al síndrome de los Yunes, siendo, además, una oposición responsable y dialogante, preparada para la interlocución con el gobierno.
Porque, aun cuando la cerrazón que caracterizó a la administración obradorista persiste, ese continuismo será imposible en el futuro si es que la Presidenta de la República se decide a serlo para todas y todos los mexicanos.
