Escrito por Wendy Rayón Garay.
04.01.2025 /CimacNoticias.com/Ciudad de México.- El día 1 de enero, entró en vigor la reforma al artículo 21 de la constitución en materia de seguridad pública, en el que se ampliaron las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública (SSPC). Ahora, la secretaría liderada por Omar García Harfuch podrá investigar delitos y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en cuanto respecta a la seguridad pública, pero ¿cuál es el panorama que enfrentan las mexicanas?
De acuerdo con el último Informe sobre Violencia Contra las Mujeres de la SSPC, las violencias contra las mujeres en 2024 fueron las siguiente: de un total de 114 mil 127 mujeres, el 55% fue víctima de delitos dolosos; 18.54% de lesiones culposas; y 26.4% de otros delitos como contra la libertad personal, contra la vida e integridad corporal, secuestro, tráfico de menores, corrupción de menores, rapto, extorsión, feminicidios, homicidios dolosos, homicidios culposos y trata de personas
Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad del país, en 2024 el Congreso aprobó esta reforma y el pasado 31 de diciembre de publicó en el Diario Oficial de la Federación, la cual está basada en tres ejes:
- La integración de la SSPC en la investigación de delitos, es decir, que tendrá la posibilidad de iniciar carpetas de investigación junto al Ministerio Público, la Guardia Nacional y la policía.
- La coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde dirigirá acciones en conjunto y asistirá a la presidenta Claudia Sheinbaum en temas de seguridad;
- Acciones de seguridad ciudadana, como el uso de tecnología, inteligencia y análisis de datos para las investigaciones.
De acuerdo con el decreto, la participación de la SSPC junto con el Ministerio Público y la función del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reforzarán la rendición de cuentas y la aplicación de los recursos federales destinados a la seguridad pública. En el presupuesto federal 2025, aprobado por la Cámara de diputados el pasado 11 de diciembre, se destinaron 70 mil millones 422 millones 173 mil 705 pesos a la SSPC, un total de 35 mil millones 416 millones 583 mil 703 pesos menos que en 2024.
Asimismo, se prevé un aumento en la tasa de efectividad y eficiencia en la judicialización de carpetas de investigación y en la obtención de sentencias condenatorias. En cuanto a la transparencia en los recursos empleados, será el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien controle y vigile los fondos federales de ayuda para la seguridad que reciben la federación, estados y municipios.
Las denuncias contra la Secretaría de Seguridad y Protección Pública
La SSPC es la dependencia encargada de coordinar las políticas de seguridad pública y de protección ciudadana en el país. Entre sus funciones se encuentran la prevención de delitos, la coordinación de la seguridad, la profesionalización policial, participación en seguridad nacional, protección y vigilancia civil. Además, el 30 de septiembre de 2024 se hizo oficial que la SSPC formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió mil 160 recomendaciones, de las cuales 32 fueron dirigidas a la SSPC siendo esta institución de las más señaladas por violaciones a derechos humanos con 43 quejas junto a la FGR con 31, SEMAR con 28, SEDENA con 26 y la GN con 13, según el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión de 2019-2024’.
Por otro lado, siguiendo el informe de actividades anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tan solo en la capital, el Siigesi recibió un total de 2 mil 257 quejas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en 2023, representando el 32.1% de las autoridades señaladas por la violación de derechos humanos y 462 menciones en expedientes de quejas. En adherencia, la Primera Vestidura General (PVG) recolectó mil 460 quejas y 307 menciones en expedientes.
La seguridad de las mujeres en manos de Omar García Harfuch
Actualmente la SSPC está a cargo de Omar García Harfuch, licenciado en Derecho por la Universidad Continental y maestro en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. En 2008 fue jefe de departamento en la Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal; siete años después, titular de la División de Investigación; y un año más tarde, titular de la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República (PGR).
De 2019 a 2023 fungió como secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, durante la administración de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. En su gestión recibió diversas recomendaciones de la CNDHCM por casos de tortura, detenciones arbitrarias e incluso agresión sexual.
Su nombre ha estado ligado a los Guerreros Unidos, organización criminal que opera en Morelos y Guerrero, cuando se halló su número en la agenda de Sidronio Cascarrabias y 2020, Gildardo López Astudillo “El Gil”, insubordinado de Casarrubias aseguró que la organizaciòn le pagaba al funcionario 200 mil dólares mensuales cuando fue coordinador de la Policía Federal en Guerrero. Además, también fue señalado como partícipe en la elaboración de “la verdad histórica” en el caso Ayotzinapa por la FGR.
También hay que recordar que su abuelo, Marcelino García Barragan, fue secretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cuando sucedió la masacre contra el movimiento estudiantil en Tlatelolco; mientras que su padres, Javier García Paniagua, encabezó la Dirección Federal de Seguridad, órgano que fue utilizado como espionaje del PRI durante la Guerra Sucia.
¿Qué sucederá ahora?
Ante este panorama, ahora quedará pendiente la efectividad de la reforma al artículo 21 de la constitución en materia de seguridad sobre las violencias que sufren las mujeres. Particularmente en la investigación, contención y construcción de justicia restaurativa de los casos de feminicidios, fenómeno del cual se han documentado 25 mil 438 homicidios dolosos en el país entre 2015 a 2024, según datos del de la SSPC.
Además, hay una desconfianza generalizada en el actuar de las autoridades. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública de 2023 encontró que las razones para no denunciar delitos se atribuyen la autoridad el 60.8% de las ocasiones, ya sea por “pérdida de tiempo” con 34.4%, desconfianza con 12.9%, falta de pruebas con 9.4% y miedo al agresor con 6.2%. En cuanto a las mujeres, el 11.9% no confía en la autoridad.
