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25.10.2026 Ciudad de México.- 
La investigación por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene nombres de exfuncionarios y directivos señalados en reportes periodísticos, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una indagatoria de oficio para revisar posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos públicos.
Hasta el 24 de octubre de 2026, no se ha informado de una resolución que acredite responsabilidades administrativas o penales contra las personas mencionadas en medios de comunicación.
La controversia se intensificó después de que medios nacionales difundieran información sobre proveedores de material electoral que habrían obtenido contratos millonarios y cuyos representantes tendrían relaciones personales o profesionales con integrantes del equipo administrativo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
Entre los nombres que aparecen en las publicaciones están los siguientes:
Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, dejó el cargo en abril de 2026. Según reportes de Reforma, anteriormente habría representado a las empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf en procedimientos de contratación con autoridades electorales. Su nombramiento en el instituto, realizado en septiembre de 2025, generó cuestionamientos por un posible conflicto de interés. En enero de 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control por presunto conflicto de interés y abuso de funciones. Estas acusaciones no equivalen a una resolución de responsabilidad.
Claudia Espino fue secretaria ejecutiva del INE hasta septiembre de 2026. Su salida ocurrió antes de que la controversia sobre los proveedores alcanzara su mayor exposición pública en octubre. Su nombre aparece en los reportes sobre los movimientos administrativos del instituto, pero no debe presentarse su salida como una destitución confirmada por el nuevo escándalo.
Jonathan Navarrete Torres, trabajador adscrito a la oficina de la Presidencia del INE, también quedó bajo escrutinio periodístico. Según información publicada por Reforma, figura como apoderado de Corporativo Zeg, empresa relacionada con contrataciones electorales. Taddei negó que Navarrete hubiera sido su chofer personal. Los reportes sobre su relación con la empresa han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, pero no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad.
Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios; Enma Patricia García, directora de Recursos Financieros; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática, también fueron mencionados por Reforma en publicaciones sobre su asistencia a reuniones sociales con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Hasta la información publicada, no todos habían dejado sus cargos, por lo que no corresponde incluirlos como funcionarios destituidos.
El empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas figuran entre los principales nombres vinculados con las empresas bajo investigación. Las compañías mencionadas incluyen Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga posibles operaciones irregulares relacionadas con estas empresas, entre ellas la presunta simulación de competencia en licitaciones y la triangulación de recursos. De acuerdo con los reportes periodísticos, la indagatoria también abarca contrataciones realizadas por organismos electorales locales.
Uno de los contratos que generó cuestionamientos corresponde a la producción de credenciales para votar, por un monto reportado de mil 173 millones de pesos, relacionado con Cosmocolor. También se han publicado señalamientos sobre adjudicaciones de casi 200 millones de pesos para materiales destinados a la elección judicial de 2025.
El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE y de organismos electorales locales. El organismo fiscalizador informó que revisaría indicios de conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, sin identificar públicamente a todas las personas que podrían resultar involucradas.
Taddei ha rechazado que su administración favorezca a determinados proveedores y ha defendido la legalidad de los procedimientos de contratación. También ha sostenido que las personas señaladas en las publicaciones periodísticas ya no forman parte del instituto en los casos correspondientes y que los antecedentes fueron puestos a disposición de las instancias de control.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se revisen las denuncias y que se aclare el uso de los recursos públicos. En paralelo, la polémica ha generado cuestionamientos dentro del propio Consejo General del INE y exigencias de transparencia por parte de actores políticos.
Por ahora, la lista de funcionarios que efectivamente dejaron sus cargos debe distinguirse de la de quienes han sido mencionados en reportes periodísticos. Jesús Octavio García González y Claudia Espino son dos de los exfuncionarios identificados en la controversia, pero sus salidas ocurrieron antes de que la investigación de la ASF se hiciera pública. No existe, hasta el momento, información suficiente para afirmar que todos los funcionarios mencionados fueron destituidos como consecuencia directa del caso.
La investigación deberá establecer si hubo irregularidades en las adjudicaciones, si existieron conflictos de interés y si alguna persona servidora pública incurrió en responsabilidades administrativas o penales. Hasta que las autoridades emitan resultados, los señalamientos deben mantenerse diferenciados de los hechos acreditados.