Por Patricia Ganem Alarcón*
El asesinato de Camila, de ocho años, en Taxco, Guerrero, nos confirma la gran cantidad de delitos que se cometen en nuestro país, de niñas, niños, jóvenes y adultos.
Que una persona muera bajo el yugo de un delincuente ya es una tragedia, pero en las condiciones de indolencia o de lentitud de las autoridades que debían cuidar la seguridad de los ciudadanos, lo vuelve más trágico.
¿Por qué?, la llamada de auxilio de los familiares de Camila hacia las autoridades para que buscaran a la niña debió ser suficiente para desplegar todos los recursos posibles para levantar alertas, solicitar la consulta de cámaras de seguridad cercanas a la desaparición, investigar entre las personas que se encontraban en el primer cuadrante de búsqueda, cerrar los posibles accesos de salida de una persona, buscar en las zonas identificadas como casas de seguridad o de alto nivel delictivo de acuerdo con las características de la desaparición, generar un equipo de primera indagatoria que permitiera iniciar un rastreo donde no pasen más de seis horas después de la notificación, es decir, que los delincuentes sepan que las autoridades cuentan con equipos especializados.
En México, este tipo de rastreos los hacen las familias, sabemos de muchos casos en los cuales, las familias piden acceso a las cámaras, hacen preguntas a las personas de la zona, etcétera. Lo que habla de equipos pequeños, sin la debida capacitación y que nos permita a los ciudadanos sentirnos protegidos.
Porque las familias se movilizan, tienen pistas de los posibles delincuentes y la respuesta de las autoridades es “ya se abrió la carpeta de investigación” o “ya solicitamos los permisos para cateo o los permisos de detención”. Si ya conocemos la forma de operar de los delincuentes, lo que tenemos que revisar es la normatividad, modificarla y hacerla más ágil, activar protocolos donde las evidencias sean las que marquen el ritmo de trabajo de las autoridades.
En el caso de Camila, las autoridades ya tenían evidencias y advirtieron que la población enardecida iba a tomar justicia por su propia mano, pero su tibieza y su falta de facultades provocó que no intervinieran y que la propia ciudadanía actuara. ¿Qué hacemos los que somos observadores?
La parte emocional dirá: ¡Qué bueno que golpearon a los criminales, se lo merecían!, pero la razón señalará que no es correcto, que eso es el trabajo de las autoridades.
El corazón y la mente entran en contradicción, y no podemos negar que alguien está fallando en el proceso, si revisamos sociedades donde se respeta el Estado de derecho y sí hay justicia, podemos asegurar que los ciudadanos no están en contradicción, siempre encuentran una autoridad presta a actuar y, sobre todo, a aplicar la justicia.
Los lectores me dirán que esto no sucede en México, porque nuestro país es más densamente poblado, tiene más problemas o, porque es un territorio más grande… entonces, elijamos autoridades que sí estén a la altura de la población y de nuestros problemas, que no les tiemble la mano para modificar las normas y los protocolos para defendernos, que pongan en cintura a toda la cadena de actores de aplicación de la justicia.
Hoy, nuestro corazón y nuestra mente no estarían en contradicción y Camila estaría viva si hubiera autoridades dispuestas a cuidarnos, pero ésa es mi reflexión, ¿usted qué piensa?
*Coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo.
