*Mujeres y Política.
/ Soledad Jarquín Edgar /
SEMlac- En México hay un secreto a voces. El pueblo bueno sabe y comenta; los medios informativos lo han documentado y explicado. Incontables veces se ha dicho en investigaciones periodísticas convertidas en libros con relatos reales de miles de personas que lo han vivido en carne propia, se han convertido en víctimas de la delincuencia de una u otra forma.
Hay personas asesinadas, desaparecidas, extorsionadas, secuestradas, que han sufrido el cobro de piso, la trata: la mayoría de las mujeres en la explotación sexual y los hombres en el trabajo relacionados con la producción y venta de drogas y todo lo que implica.
Lo que también sabe el pueblo bueno es que en esa realidad han participado mujeres y hombres de la estructura del poder político de ayer y de hoy, así como servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes…
Aunque por muchos años los gobiernos hicieron mutis, voltearon la cara o se beneficiaron del problema, hoy resulta imposible decir lo contrario. En Oaxaca, por ejemplo, ha sido de dominio público lo que sucede en Juchitán, en la ciudad de Oaxaca y en más de 100 municipios; se estima que en al menos la quinta parte de las demarcaciones de la entidad.
El silencio, el querer ocultar el sol con un dedo, el querer deslindar a unos y otros, no tiene razón alguna y la lección nos la da Juchitán de Zaragoza, ese municipio donde se rompió el tejido social a pesar de su enorme estructura cultural y costumbrista.
Juchitán “es como la mirilla de una cerradura por la que se puede ver la complejidad del país entero…”, así lo escribí en el libro Revelaciones de un Crimen de Estado. Impunidad, corrupción y complicidad (edición auspiciada por Consorcio Oaxaca, Front Line Defenders y Ziveler Fridensdienst, 2025).
En ese libro, al armar el contexto de un hecho concreto —el feminicidio de mi hija María del Sol, el 2 de junio de 2018—, jalando el hilo encontré los nombres de algunos de estos personajes corruptores que hoy seguimos viendo por esa mirilla, todavía intocados: algunos por el fuero legislativo, otros porque seguramente tienen un halo que los protege, un detente como de AMLO en tiempos del covid-19.
Así, en tanto, hay protegidos. Juchitán es esa población del sureste de México que, pese a tener grandes recursos naturales, sigue sumida en la pobreza, sacrificada por la ambición de los cacicazgos de los años 80 que, al perder el rumbo de los ideales políticos, se volvieron igual que los caciques tradicionales; hoy han decantado en verdaderos generadores de violencia (me encanta ese término institucional), dispuestos a joderse a la ciudadanía que gobiernan.
El hilo conductor de la tragedia se pudrió de a poco. Lo que se ha dicho sobre que Oaxaca no estaba en el mapa nacional de la delincuencia no es del todo real. El fenómeno criminal ha sido una constante en determinadas regiones de la entidad como el Papaloapan, el Istmo, más recientemente la Costa, Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur…
Y cuando digo más recientemente quizá estamos contando ya una década. Nadie de los responsables de la entidad quería volver la cara al fenómeno de los grupos criminales al servicio de los carteles de Jalisco y Sinaloa.
La razón de las instituciones para silenciar la presencia de la delincuencia organizada en el territorio oaxaqueño era “cuidar” la industria más importante de Oaxaca: el turismo. Sin embargo, resultó inútil pretender decir que no pasaba nada, cuando el número de denuncias por distintos tipos de crímenes fueron más constantes, tanto en Juchitán como en la capital oaxaqueña.
No podemos olvidar el actuar de José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat, quienes se hicieron de la vista gorda ante la operación de las diversas células criminales; incluso convivían con ellos, como ocurrió en 2020 con Alejandro Murat en una fiesta de El Gato, Gustavo Díaz Sánchez —entonces diputado local del PRI y operador del CJNG—, otro secreto a voces en Oaxaca.
De esa fiesta nos quedaron las fotos del recuerdo: en una aparecen el entonces gobernador y su delfín Alejandro Avilés; en otra, el hoy presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué. El primero —el entonces gobernador—, como ya sabemos, es ahora senador por Morena; los otros dos migraron al PVEM. ¿Acaso no sabían quién era? Tanto, que lo hicieron diputado.
Vuelvo a Juchitán, donde el cinismo ha sido tal que es de recordarse la memorable actuación de Murat Jr. quien en febrero de 2022 sostuvo que el cabildo juchiteco estaba infiltrado por el crimen organizado: “basta observar municipios como Juchitán, en su Cabildo, tienen nombres de capos de la mafia”.
Esta acusación la rechazó el hoy en la mira Emilio Montero, entonces presidente municipal de Juchitán. A pesar de todo, Murat no estaba lejos de la verdad, pero como gobernador se dio cuenta cuando solo faltaban unos meses para terminar su folclórica gestión y, peor aún, no hizo nada en esos meses.
Hoy el escenario es más transparente. Hay una cadena de mando donde el más raspado de todos es el actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Yo diría que lo es por tener un hermano como Noé Jara: el mago que hace aparecer un sindicato —ASAEO (Asociación Sindical de Auténticos Empleados de Oaxaca)—, lo desaparece y lo convierte de la noche a la mañana en una federación, asegurando, como dice la canción de Luis Eduardo Aute: “él, sólo pasaba por ahí”.
Ya lo dijo Salomón Jara nadie está por encima de la ley. Para lograrlo tiene únicamente un camino: es él o su hermano. No hay más.
Los otros no tienen salvación alguna. Me refiero a Nino Morales, un corruptor que se hace pasar por senador de la República, quien se ampara en el fuero, pero cuando sale al mundo real vive como lo hacían el detenido presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano y su compadre Emilio Montero: en vehículos blindados, seguidos de supuestos escoltas armados hasta los dientes.
Antonino Morales Toledo tiene como colaborador de confianza y muy cercano a su hermano César Octavio. Igual que pasó en tiempos recientes con otros chapitos istmeños, este hermano útil fue detenido con armas de uso exclusivo del Ejército y dinero. La historia se vuelve común: también es puesto en libertad rápidamente, y no porque lo detengan policías locales —no—, sino aun cuando lo detienen miembros del Ejército. ¿Cómo lo hacen?
Morales, senador morenista sabe que su fuero lo protege. Dato curioso, la última vez que en el Senado le quitaron el fuero a un integrante fue hace casi medio siglo, cuando en 1983 se le retiró a Jorge Díaz Serrano, entonces director de Pemex, acusado de un presunto fraude. Peccata minuta comparado con lo que hacen hoy y de paso revela que los tiempos realmente han cambiado.
Sigue pendiente que va a pasar con Emilio Montero, quien tiene que aclarar sobre los recursos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y los sueldos a paisanos de su círculo cercano. Lo otro que ya se sabe es que el dinero no les llegaba completo, sino la mitad ¿Para quién o para qué era la otra mitad?
Con Montero hay muchas dudas y tendrán que ser investigadas para rendirle cuentas al pueblo bueno. Tarea que toca a la administración de Salomón Jara, donde nada está por encima de la ley.
En fin, ya reventó lo que tenía que haber reventado hace años. Estaremos pendientes para ver hasta dónde llega el principio de la justicia para un pueblo que ya ha pagado con creces.
De última
Para buscar un cargo que les dé fuero renunciaron Karina Barón, como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y Saymi Pineda, a la secretaría de Turismo. Ambas salieron raspadas en las recientes acusaciones de actividades ilícitas que desarrollan grupos delincuenciales para los carteles antes descritos.
Ellas, junto con Vilma Martínez Cortés, ahora exsecretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión, y Sergio López, quien fuera director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca buscarán ser candidato y candidatas en 2027. Sin duda, la detención del Quetu, expresidente de Juchitán de Zaragoza, golpeó directo al gobierno de Oaxaca.