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/ Por Miguel Ángel Cristiani G /
¿De verdad alguien puede creer que tres focos de incendio al mismo tiempo, en una zona arbolada junto al río, son producto de una inocente fogata de vecinos que querían mitigar el frío? La explicación suena tan ingenua como sospechosa. Y cuando la ingenuidad se repite demasiadas veces, termina pareciéndose mucho a la complicidad o, peor aún, a la premeditación.
Este fin de semana volvió a arder la ribera del Río Sedeño, en la zona de la Reserva Territorial de Xalapa. No fue un conato aislado ni un descuido doméstico. Las imágenes difundidas en las benditas redes sociales muestran claramente tres puntos de fuego diferentes, lo que de inmediato despierta una pregunta incómoda: ¿Quién está prendiendo fuego al bosque y con qué propósito?
Los bomberos tuvieron que acudir a sofocar las llamas antes de que el incendio alcanzara mayores dimensiones. Y menos mal. Porque en esa franja verde sobreviven árboles de décadas —algunos centenarios— que no solo forman parte del paisaje natural de la capital veracruzana, sino que cumplen una función ambiental fundamental: capturar carbono, proteger el suelo y mantener el equilibrio ecológico de la cuenca.
Pero el problema no es únicamente ambiental. Es también político, social y, por supuesto, legal.
Hace apenas una semana ocurrió exactamente lo mismo. Se dijo entonces que se trataba de una fogata nocturna. La explicación era tan frágil como el pretexto mismo. Porque cualquiera que conozca mínimamente la dinámica de las invasiones de tierra en las ciudades mexicanas sabe que el procedimiento suele repetirse con una precisión casi mecánica: primero se deteriora el terreno, luego se provocan incendios o se talan árboles, después aparecen algunas chozas improvisadas de cartón o lámina… y finalmente se reclama el derecho de posesión.
Es una vieja historia que se ha contado demasiadas veces.
En México —y Veracruz no es la excepción— las invasiones de terrenos han seguido históricamente ese libreto. Se degrada el espacio natural para hacerlo “habitable”, se establece una ocupación precaria y posteriormente se busca presionar a las autoridades para regularizar lo que comenzó como una ilegalidad. El fenómeno no es nuevo: desde los años setenta, con el crecimiento desordenado de las ciudades, múltiples asentamientos irregulares nacieron así.
El problema es que cada incendio provocado no solo destruye árboles: también erosiona la legalidad.
La ribera del Río Sedeño está catalogada como zona protegida. Al menos en los documentos oficiales. Pero en la práctica, como suele ocurrir en muchas áreas ambientales del país, la protección se queda en el papel mientras la realidad avanza con machete, cerillo o gasolina.
Las autoridades ambientales deberían estar vigilando permanentemente un espacio de estas características. No basta con reaccionar cuando el incendio ya está encendido. La prevención es una responsabilidad institucional que implica monitoreo, presencia y aplicación de la ley.
Y aquí surge otra paradoja que no pasa desapercibida. Mientras diversas dependencias del gobierno estatal investigan el origen de un derrame de crudo en playas del sur de Veracruz —un asunto sin duda grave—, en la capital del estado se está quemando un pequeño pulmón verde sin que nadie parezca asumir la responsabilidad de protegerlo de manera efectiva.
La ley mexicana es clara en esta materia. El Código Penal Federal y diversas legislaciones estatales tipifican como delito ambiental provocar incendios forestales o dañar ecosistemas protegidos. Las sanciones pueden incluir multas importantes y penas de prisión. Sin embargo, la aplicación de esas normas suele ser intermitente, por no decir inexistente.
La impunidad ambiental es uno de los males silenciosos del país.
Porque cuando alguien prende fuego a un bosque urbano no solo está destruyendo árboles: está dañando el patrimonio natural de toda la comunidad. Está comprometiendo la calidad del aire, el equilibrio ecológico y la seguridad de los habitantes cercanos. Y, por si fuera poco, está enviando el mensaje de que la ley puede ser burlada con la simple estrategia de encender un cerillo.
La sociedad tampoco puede permanecer indiferente. Las denuncias ciudadanas, las fotografías difundidas en redes sociales y el llamado oportuno a los bomberos evitaron esta vez una tragedia mayor. Pero no podemos depender eternamente de la buena voluntad de algunos vecinos para proteger lo que debería ser responsabilidad del Estado.
Un bosque no se defiende solo.
Si realmente se quiere evitar que la historia se repita, las autoridades municipales y ambientales tendrían que actuar con rapidez: investigar el origen de los incendios, identificar a los responsables, reforzar la vigilancia en la zona y dejar claro que la ribera del Río Sedeño no es tierra de nadie ni territorio disponible para invasiones disfrazadas de pobreza.
Porque cuando el fuego aparece demasiadas veces en el mismo lugar, ya no es accidente: es advertencia.
Y si la autoridad sigue mirando hacia otro lado, entonces no serán las llamas las que consuman el bosque… será la indiferencia oficial la que termine por reducirlo a cenizas.
