*IMPRONTA.
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
Los escándalos de corrupción y los señalamientos de vínculos con el crimen organizado golpean a Morena donde más le duele, en la distancia entre su promesa de austeridad y honestidad y la percepción creciente de tolerancia o impunidad dentro de sus filas.
Morena no es responsable automáticamente de cada irregularidad cometida por un funcionario, gobernador o aliado. Pero sí es responsable políticamente de su respuesta, si investiga, separa, sanciona y transparenta, o si protege, minimiza y descalifica a quienes denuncian. En ese terreno se juega hoy su credibilidad, justo cuando el país se acerca al proceso electoral de 2027.
La promesa de “no mentir, no robar, no traicionar” fue el corazón político de la Cuarta Transformación. Cada escándalo que no termina en una explicación clara, una auditoría seria o una consecuencia visible erosiona ese relato.
El problema no es únicamente jurídico. Es narrativo y moral. Cuando un gobernador, un funcionario o una consejera presidenta como lo es el caso de Guadalupe Taddei cercana al movimiento enfrenta señalamientos graves, la ciudadanía no distingue siempre entre partido, gobierno y persona. La lectura pública tiende a simplificarse, si el escándalo ocurre dentro de la 4T, la 4T responde.
Eso genera una percepción de doble estándar. Morena construyó su fuerza política criticando la corrupción de gobiernos anteriores. Ahora debe aplicar a sus propios cuadros el estándar que exigió a los demás.
El caso de Rubén Rocha Moya es especialmente delicado. Una jueza federal de Estados Unidos señaló a diez servidores públicos de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia, como vinculados al crimen organizado, con base en evidencia que ella misma calificó de abundante.
Ese señalamiento no equivale a una condena en México. Pero sí tiene un costo reputacional enorme para Rocha, para Morena y para el gobierno federal que lo respaldó. No se trata solo de una acusación política, proviene de un proceso judicial extranjero y toca uno de los temas más sensibles de la agenda nacional, la relación entre poder político y crimen organizado.
Para Morena, el riesgo no es únicamente que Rocha sea investigado. Es que el partido parezca incapaz de separarse de un cuadro cuya permanencia erosiona la confianza pública.
El caso de Guadalupe Taddei tiene una dimensión distinta y más grave. No involucra solamente presuntas irregularidades administrativas, involucra al INE, la institución responsable de organizar elecciones y garantizar condiciones mínimas de competencia. El escándalo de cercanía con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, la convivencia tanto con la Consejera Presidente como con su hijo en Paris, dejan claro que existe una intensa y profunda cercanía, que ha culminado con el aviso de la dimisión de la Consejera Presidenta para el día de hoy 26 de octubre.
Las investigaciones periodísticas documentan la cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado a Cajas Graf, Corporativo Zeg y otras empresas proveedoras del INE, investigadas por la UIF por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones con factureras.
La ASF reportó hallazgos preliminares de irregularidades en contratos por 514 millones de pesos vinculados con empresas de Hernández Casillas, incluyendo simulación de convenios, triangulación de recursos, conflictos de interés y operaciones con empresas factureras. Estos hallazgos no constituyen, por sí mismos, una condena contra Taddei. Pero sí elevan la urgencia de una explicación institucional creíble.
El problema para Morena es doble. Primero, Taddei fue propuesta y respaldada por el movimiento. Segundo, su permanencia al frente del INE mientras persiste la controversia puede alimentar la idea de que el partido tolera conflictos de interés cuando benefician a su entorno.
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum -“la autoridad moral viene de la honestidad” y “no queremos corrupción en la Cuarta Transformación”- llegan en un momento de alta tensión. La presidenta debe equilibrar la defensa de una funcionaria cercana a su proyecto político con la necesidad de proteger la credibilidad de su gobierno.
Sheinbaum ha exigido que no quede “ninguna sombra de corrupción” en el INE y que el caso se aclare por completo, particularmente por estar en la antesala de un proceso electoral. También ha señalado que una eventual licencia o renuncia de Taddei “depende de ella”.
Esa fórmula le permite exigir transparencia sin ordenar directamente la salida de la consejera. Pero también la expone. Si el caso se agrava y Taddei permanece, la presidenta puede ser percibida como tolerante o incapaz de disciplinar a su propio bloque.
El impacto electoral dependerá de si estos casos se perciben como episodios aislados o como una pauta. Hoy, la combinación es peligrosa, un gobernador señalado por vínculos con el crimen, una consejera presidenta del INE cuestionada por su relación con proveedores y una respuesta partidista percibida como lenta o defensiva.
Los riesgos son concretos, desmovilización de la base, quienes votaron por honestidad pueden sentirse defraudados y abstenerse o castigar al partido; Pérdida del voto independiente, el electorado de centro y el voto anticorrupción son especialmente sensibles a estos escándalos; Fortalecimiento de la oposición: aun sin una alternativa sólida, la oposición puede capitalizar el desgaste moral de Morena; así como cuestionamientos al árbitro electoral, si la ciudadanía duda de la neutralidad del INE, cualquier resultado puede ser politizado.
La presión presidencial sobre el caso Taddei puede leerse como exigencia legítima de transparencia o como intromisión en la autonomía del INE, según el marco político de quien la interprete. La única estrategia capaz de contener el daño no es discursiva, sino institucional, por eso es que debe separarse preventivamente, auditar, sancionar y transparentar.
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, descartó suspender o expulsar a los señalados hasta que existan “pruebas concretas”. La postura puede ser jurídicamente prudente, pero políticamente insuficiente si el partido no muestra acciones de supervisión y rendición de cuentas.
En consecuencia deben publicar contratos, proveedores, montos y dictámenes de adquisiciones sensibles. Establecer criterios claros para suspensión temporal o expulsión de militantes con señalamientos judiciales serios. Evitar descalificar a periodistas quienes han ventilado estos casos de corrupción o conflicto de interés, opositores o víctimas como estrategia de defensa. Distinguir entre presunción de inocencia y derecho del partido a exigir integridad política a sus cuadros.
La paradoja es evidente, cuanto más fuerte es el discurso contra la corrupción, mayor es el costo político de cada escándalo interno. Morena llegó al poder prometiendo limpiar la vida pública; por eso, cada caso no solo se mide por su gravedad jurídica, sino por su capacidad para desmentir la promesa fundacional del movimiento.
El llamado de Sheinbaum a la honestidad puede recuperar parte de la iniciativa si se traduce en decisiones visibles, separaciones, auditorías, sanciones y transparencia. Si se queda en un discurso moral, el efecto será el contrario, reforzará la percepción de que la lucha contra la corrupción se aplica selectivamente y de que la autoridad moral se convierte en consigna cuando conviene, no en práctica institucional.
La pregunta que Morena debe responder antes de 2027 no es si puede ganar elecciones. Es si todavía puede convencer a la ciudadanía de que sus palabras contra la corrupción tienen consecuencias reales.