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/ María Elena Morera /
La investigación llevaba varios años cuando, el 8 de diciembre de 2005, fue detenido Israel Vallarta y liberadas tres víctimas en el rancho Las Chinitas. Sin embargo, el caso se contaminó por una gravísima manipulación de los hechos, Genaro García Luna ordenó una recreación para televisión, posiblemente como parte de un arrogante plan de propaganda. Ese montaje deslegitimó el trabajo policial y se convirtió en un desgaste inmenso para las víctimas y sus familias.
Ahora, casi 20 años después, Vallarta fue absuelto por la jueza Mariana Vieyra Valdés. Sin embargo, hay una verdad incómoda y es que no lo liberaron por ser o no culpable, sino porque hoy le conviene al poder.
Como en nado sincronizado, la presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó como una víctima e insinuó que Carlos Loret fue responsable de su encarcelamiento. Al mismo tiempo, Vallarta salió del penal de Almoloya retando al mismo periodista a una conversación pública. Entonces ¿la justicia ahora se imparte en la mañanera?
En ese espectáculo, las víctimas reales rescatadas el 8 de diciembre —Cristina Ríos, su hijo Cristian y Ezequiel Elizalde— quedaron borradas del discurso oficial. Tampoco se mencionó que Vallarta estaba bajo investigación previa por los secuestros de Valeria Cheja, Elías Nousari y Sholmo Segal, ocurridos en 2005, 2003 y 2001 respectivamente, quienes también lo identificaron como su secuestrador.
Lo más inquietante no es solo el olvido de las víctimas, sino que todo en la liberación huele a cálculo político, a cortina de humo.
La jueza Mariana Vieyra Valdés es clave en esta historia. Llegó al cargo hace unos meses, con pase automático para quedarse, propuesta por un Congreso controlado por Morena. Su nombre apareció en los “acordeones” del oficialismo. En marzo, recibió el caso de Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, a quien condenó a 89 años de prisión, a pesar de que la CNDH confirmó tortura en 2023. Menos de seis meses después, resolvió el caso Vallarta con una absolución, a pesar de que tenía varias denuncias más por secuestro. ¿Qué cambió?
Lo que cambió fue el momento político, el gobierno enfrenta su peor momento en términos de credibilidad. Los escándalos no han dejado de sacudir a Morena. El exsecretario de seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto López fue gobernador, fue acusado de liderar un grupo criminal; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reconoció reuniones con el cártel de Sinaloa; los excesivos lujos de Andy López Beltrán y otros morenistas; la casa de bolsa de Alfonso Romo señalada en Estados Unidos por lavado de dinero; entre otros. Además, por supuesto, del crecimiento en el número de desaparecidos y el avance de cobros por derecho de piso. Todo esto se suma a la censura a periodistas como Héctor de Mauleón, Jorge Luis González, Laura Bruges y la ciudadana Karla María Estrella por el Poder Judicial, bajo el pretexto de “violencia política de género”. Ahora la presidenta se lanza contra Loret.
En este contexto, la liberación de Vallarta le cayó como anillo al dedo a la presidenta. La conversación pública dejó de girar en torno a la violencia, la impunidad y la corrupción de Morena, para concentrarse en un caso polémico, manipulado y emocionalmente potente. Otra vez, como en 2005, la historia de Israel Vallarta sirve para simular algo que no existe: justicia.
Esta no fue una decisión judicial, sino política envuelta en toga. Vallarta está libre pero las víctimas invisibilizadas y sin justicia. Este caso demuestra que en México la justicia puede usarse como montaje cuando urge hacer propaganda o como cortina de humo cuando se requiere tapar escándalos.
De lo que no hay duda es que la impunidad siempre encuentra el momento perfecto.
