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En Veracruz —y en buena parte del país— hay instituciones que deberían ser ejemplo de legalidad y acaban convertidas en un recordatorio incómodo de cuánto nos falta para consolidar un verdadero Estado de derecho. Una de ellas es la figura del notario público: depositario de fe pública, garante de certeza jurídica, puente entre la ciudadanía y la formalidad legal. Pero cuando esa fe se pervierte, el daño no es solo administrativo; es estructural, profundo y corrosivo.
El caso que hoy ocupa la atención pública en torno a la Notaría Pública Número 9 de Teocelo, Veracruz, merece revisarse con lupa. No porque el columnista deba dictar culpabilidades —esa es tarea de los tribunales— sino porque lo que ahí se denuncia tiene implicaciones que rebasan a las personas involucradas y golpean el corazón mismo de la legalidad institucional.
Según señalamientos presentados públicamente, se acusa al notario Francisco Xavier Saucedo Rivadeneyra de haber emitido una escritura contraria a una resolución judicial dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Xalapa. Se afirma que dicho juzgado había ordenado la cancelación de una escritura previa relacionada con la señora Rosa María Martínez López, y que, pese a ello, se generó un nuevo instrumento notarial bajo circunstancias que merecen ser investigadas con rigor.
Si estos hechos fueran confirmados por la autoridad competente, no estaríamos ante un simple trámite irregular: estaríamos frente a un presunto desacato a un mandato judicial, lo cual coloca a cualquier fedatario en una posición inadmisible y vulnera directamente el orden jurídico que deben proteger.
Aquí conviene detenerse.
La fe pública no es un privilegio: es una responsabilidad constitucional
Los notarios en México no son simples gestores; son auxiliares de la administración pública, figuras de alta confianza y operadores de certidumbre jurídica. La Ley del Notariado del Estado de Veracruz es clara:
un notario está obligado a verificar la legalidad de los actos que formaliza y a respetar irrestrictamente las resoluciones judiciales vigentes.
Cuando un fedatario otorga escrituras que pudieran contravenir una resolución del Poder Judicial, no solo compromete su patente: compromete la confianza ciudadana, la estabilidad jurídica y el propio sistema de control del Estado.
Y eso, gobierne quien gobierne, es inaceptable.
La simulación de actos jurídicos: una vieja enfermedad con nuevas mutaciones
La denuncia pública señala que, tras perder un juicio por nulidad de escritura, se habría simulado un contrato entre particulares para crear la apariencia de un derecho inexistente. Si esto fuera acreditado, estaríamos ante una práctica tan vieja como el derecho mismo: la simulación de actos jurídicos para burlar decisiones judiciales o desplazar legítimos derechos de propiedad.
México lleva décadas cargando con este problema:
notarías capturadas por intereses políticos y privados, tráfico de influencias, escrituras “a modo”, operaciones opacas y un sistema de supervisión claramente insuficiente.
