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07.03.2026 Ciudad de México.- El diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que prepara una iniciativa legislativa para sancionar lo que denomina “denuncias falsas” presentadas por mujeres, al tiempo que adelantó que interpondrá una demanda por daño moral contra el partido Movimiento Ciudadano por el presunto uso no autorizado de su imagen.
La declaración se produce en medio de la polémica generada por una denuncia en su contra por presunta violencia sexual. En entrevistas con medios de comunicación, el exfutbolista afirmó que su propuesta busca proteger a hombres que, según dijo, han sido acusados sin pruebas.
“Ahora que salga este tema voy a hacer una iniciativa porque hay muchos hombres que padecen lo mismo que yo, los acusan sin argumentos”, sostuvo el legislador, quien insistió en que su intención es que las acusaciones falsas reciban castigos similares a los que enfrentaría una persona denunciada.
La iniciativa, de acuerdo con lo adelantado por el propio diputado, pretende establecer sanciones más severas para quienes presenten denuncias sin sustento ante las autoridades en casos relacionados con violencia de género. Blanco ha argumentado que las acusaciones falsas pueden destruir la reputación y la vida pública de una persona.
El anuncio ocurre en un contexto particularmente delicado para el legislador. En su contra existe una denuncia por presunta tentativa de violación presentada por su media hermana, por hechos que supuestamente habrían ocurrido años atrás. El caso se mantiene bajo investigación y no existe una sentencia judicial, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.
Además de la propuesta legislativa, Blanco adelantó que emprenderá acciones legales contra integrantes de Movimiento Ciudadano, luego de que se difundieran mensajes y materiales políticos en los que aparece su imagen en el contexto de las críticas por el caso judicial que enfrenta. El legislador acusó al partido de haber utilizado su fotografía sin autorización en espectaculares y campañas públicas.
“Les voy a meter una demanda del tamaño del mundo, porque usaron mi imagen sin autorización”, declaró el diputado al anunciar que prepara una denuncia por daño moral contra el partido naranja.
Las críticas hacia el exgobernador se intensificaron después de que legisladoras de Movimiento Ciudadano pidieran a las autoridades de Morelos acelerar las investigaciones en el caso. Entre ellas, la diputada Ivonne Ortega difundió un video en redes sociales en el que exhortó a la fiscalía estatal a revisar los avances de la investigación sobre la acusación de violencia sexual.
Las declaraciones del legislador generaron reacciones inmediatas entre organizaciones civiles, especialistas y actores políticos. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos advirtieron que propuestas para sancionar denuncias falsas deben manejarse con cuidado, ya que podrían desalentar a víctimas reales de violencia a acudir ante la justicia.
Especialistas también recordaron que la legislación mexicana ya contempla delitos relacionados con la falsedad de declaraciones y la denuncia falsa, por lo que una reforma en ese sentido tendría que equilibrar la protección contra acusaciones infundadas con el derecho de las víctimas a denunciar hechos de violencia.
En el ámbito político, la controversia se ha sumado a un debate más amplio sobre violencia de género y responsabilidades públicas en el Congreso. Legisladoras de oposición han cuestionado la postura del diputado morenista y han insistido en que la prioridad debe ser garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Mientras tanto, Blanco ha defendido su postura y asegura que continuará impulsando su iniciativa. El legislador sostiene que su propuesta no busca frenar denuncias legítimas, sino evitar que se utilicen acusaciones falsas con fines políticos o personales.
La discusión promete escalar en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto marcado por tensiones entre partidos y por el debate nacional sobre la protección de los derechos de las mujeres y las garantías legales para las personas acusadas de delitos.
