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10.06.2025 Ciudad de México.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el exgobernador de Morelos y Arturo Millán, director general de logística y eventos local, cometieron violencia política en contra de la diputada de Morena, Juanita Guerra Mena.
Se acreditó que tanto Cuauhtémoc Blanco, como Arturo Millán cometieron violencia política al negarle a la diputada Juanita Guerra Mena el acceso al palco principal para presenciar el desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica “Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos”, que se realizó en mayo de 2023, a pesar de haber sido invitada a dicho evento.
En sesión pública virtual, el Pleno consideró que con dicha negativa y exclusión se actualizaron dos tipos de violencia: simbólica y psicológica contra la denunciante.
Por lo que se ordenó inscribir por un año y seis meses al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y Arturo Millán, al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia Política contra las mujeres del INE.
Dicha resolución se da como parte de una ordenamiento de la Sala Superior del TEPJF, quien instó a retomar una queja de violencia política en contra de ambos exfuncionarios de Morelos, al considerar que el argumento de la Sala Especializada sobre desechar el recurso debido a que el asunto había caducado, fue incorrecto ya que el caso se alargó injustificadamente por un período de un año y 9 meses.
La Sala Especializada del TEPJF dio vista tanto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Morelos y a la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura de ese estado, para que determinen lo que en Derecho corresponda y, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se deberá inscribir a Cuauhtémoc Blanco y Arturo Millán por 1 año y 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG del INE.
Luvo que la IA puede transformar positivamente nuestras sociedades, puede optimizar servicios públicos, combatir la desinformación mediante verificaciones rápidas y transparentes o fortalecer la participación ciudadana con plataformas innovadoras para la deliberación.
No obstante, reconoció que también implica riesgos significativos, ya que puede profundizar desigualdades. “Puede vulnerar la privacidad mediante sistemas de vigilancia masiva o manipular opiniones a través de algoritmos opacos que polarizan el debate. La diferencia entre el beneficio colectivo y el daño estructural no está en la tecnología, sino en las decisiones políticas y éticas que la rodean”, dijo.
Por eso, agregó, es fundamental que desde las instituciones académicas se impulsen los planteamientos necesarios para garantizar que la tecnología se utilice bajo principios éticos y jurídicos.
