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/ Yamiri Rodríguez Madrid /
2,372 millones 867 mil 596 pesos es el daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2024, la del último año de administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez. No es un número abstracto ni una disputa contable entre oficinas; es dinero que faltó en servicios, obras y programas que la gente deja de ver en la calle.
La auditora Delia González Cobos entregó al Congreso los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del ORFIS. La Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Miguel Guillermo Pintos, los analizará y deberá someter un dictamen al Pleno a más tardar el 31 de octubre. A partir de ahí, vienen las etapas que marca la ley: aclaraciones, recuperaciones y, si procede, sanciones. Es decir, ya no hay pretextos: empieza la hora de las responsabilidades.
¿De qué tamaño es el boquete? El ORFIS practicó 1,396 auditorías a 310 entes fiscalizables. El hallazgo es contundente: 830.9 millones con irregularidades en 41 entes estatales; 1,537.6 millones en 174 municipios y 4.4 millones en 8 entes paramunicipales.
El golpe más fuerte está en los gobiernos municipales. Y eso importa porque ahí se decide si hay luminarias, agua, bacheo, patrullas, medicinas en el centro de salud o becas que llegan a tiempo. Cuando el daño patrimonial se acumula en el ámbito local, las primeras en resentirlo son las colonias y comunidades.
Si el recurso se desvió, no hubo mantenimiento ni reposición a tiempo. La factura la paga el vecino que camina a oscuras o el comerciante que pierde ventas por falta de agua; proyectos que se retrasaron, contratos que se reponen, costos que suben. Cada mes que se pospone una obra es un mes de inflación que encarece todo.
Hay avances que vale la pena reconocer: la coordinación Congreso–ORFIS, las modificaciones legales recientes y el Buzón Fiscalizador para notificaciones y seguimiento digital. También, que los informes sean públicos y permanezcan en línea en formatos abiertos. Son buenas señales. Pero la transparencia sin consecuencias se convierte en vitrina: se ve, se comenta y se olvida.
El reto es pasar del hallazgo a la recuperación del recurso y, cuando aplique, a la sanción. Y hacerlo en un calendario nítido, con trazabilidad: qué ente, cuánto, en qué etapa está y cuál es la acción correctiva. La ciudadanía no necesita tecnicismos; necesita certezas pues es la historia de cada cambio de administración: hay quienes le meten la mano al cajón y salen impunes. A ver qué resuelve el legislativo.
@YamiriRodriguez
