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20.09.2026, Sinaloa.- Vestidos de blanco, con pancartas, globos y fotografías de personas desaparecidas, cientos de ciudadanos salieron este domingo a las calles de Culiacán para exigir seguridad, justicia y el fin de la violencia que desde septiembre de 2024 ha alterado la vida cotidiana en Sinaloa.
La movilización, denominada “Culiacán, Ponte de Pie”, comenzó con una misa a las 7:00 de la mañana en las inmediaciones de La Lomita y posteriormente los participantes recorrieron la avenida Álvaro Obregón rumbo a la Catedral de Culiacán. Familias de víctimas, jóvenes, adultos mayores, empresarios, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda participaron en el recorrido.
La protesta ocurre exactamente dos años después del inicio de la etapa de violencia que siguió a la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos entre grupos vinculados a Los Chapitos y La Mayiza han provocado homicidios, desapariciones, desplazamientos, ataques contra autoridades y una afectación prolongada de las actividades económicas y sociales.
La marcha también se produce pocos días después del asesinato de Juan Alejandro, un bebé de un año y cuatro meses que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado registrado en la colonia Prados del Sur, en Culiacán. En ese mismo hecho murieron otras dos personas. El caso provocó indignación porque el menor quedó atrapado en un episodio de violencia dirigido contra adultos.
El asesinato del niño se convirtió en uno de los hechos que alimentaron el llamado ciudadano a salir a las calles. De acuerdo con reportes periodísticos, desde el comienzo de la actual crisis de violencia alrededor de 250 menores han perdido la vida y otros 58 han resultado heridos en hechos relacionados con la violencia armada en Sinaloa.
El problema no se limita a los homicidios. La desaparición de personas se ha convertido en otra de las expresiones más graves de la crisis.
Datos recopilados por Red Lupa con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señalan que Culiacán concentraba 2 mil 250 casos de personas desaparecidas hasta mayo de 2026, cifra superior a las 2 mil 37 registradas un año antes y a las mil 755 contabilizadas en mayo de 2024.
Detrás de esos números están las madres buscadoras que desde hace meses recorren terrenos, caminos y zonas rurales en busca de sus hijos, esposos, hermanos y otros familiares.
El riesgo que enfrentan quedó expuesto recientemente con el ataque contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien fue agredida a balazos en Culiacán el 29 de agosto junto con una de sus hijas. Rojo Medina inició la búsqueda de su hermano, desaparecido en 2009, y su colectivo agrupa a más de 200 familias. El ataque es investigado como feminicidio en grado de tentativa.
La violencia también ha colocado a los jóvenes en una situación de especial vulnerabilidad. Organizaciones y especialistas han advertido sobre desapariciones relacionadas con posibles procesos de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales. En Sinaloa se han documentado señalamientos sobre adolescentes de entre 15 y 17 años que podrían estar siendo incorporados contra su voluntad a estructuras delictivas.
El fenómeno ha trascendido las fronteras de Sinaloa. En marzo de 2026, autoridades de Querétaro mantenían activa la búsqueda de cinco jóvenes queretanos desaparecidos durante 2025 en Sinaloa y Jalisco.
La violencia tampoco ha respetado a funcionarios ni a las estructuras de gobierno. El 5 de septiembre fue localizado muerto David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, quien había sido secuestrado junto con su hermano Manuel. Ambos murieron después de la agresión. Ramírez había asumido el cargo apenas cinco meses antes, luego de que su antecesor, Héctor Bartolo Zamudio, fuera asesinado el 31 de marzo.
En Tepuche, una sindicatura ubicada al norte de Culiacán y considerada zona de disputa criminal, la violencia incluso afectó los procesos de representación comunitaria: en el último plebiscito para elegir síndico no hubo candidatos en esa demarcación.
La dimensión de la crisis también puede medirse en términos económicos.
Un balance publicado en julio estimó que durante los primeros 22 meses de violencia Sinaloa acumuló más de 3 mil 100 personas asesinadas y cerca de 3 mil desaparecidas. En el mismo periodo se reportó la pérdida de 27 mil 749 empleos formales y el cierre de 4 mil 704 empresas registradas ante el IMSS.
La afectación económica ha alcanzado además a quienes permanecen como empleadores. Datos del IMSS reportados durante 2026 señalaron que Sinaloa perdió 2 mil 347 empleadores durante 2025, colocándose como la segunda entidad del país con mayor reducción en ese indicador.
El impacto económico de la violencia también ha sido cuantificado por el Índice de Paz México 2026. El cálculo citado en los análisis sobre la crisis estima que la violencia tuvo para Sinaloa un costo cercano a 170 mil 500 millones de pesos durante 2025, considerando pérdidas de productividad, gastos de seguridad, daños y reducción de actividades comerciales e inversión.
La afectación se refleja en la actividad cotidiana: negocios que reducen horarios, cancelación de actividades, disminución del tránsito nocturno, caída de inversiones y familias que modifican sus rutinas para evitar zonas consideradas de riesgo.
La percepción de inseguridad también ha permanecido entre las más elevadas del país. En septiembre de 2025, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI ubicó a Culiacán Rosales como la ciudad con mayor percepción de inseguridad entre las áreas urbanas medidas: 88.3 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en la ciudad.
Los datos oficiales más recientes muestran, sin embargo, una reducción de algunos indicadores. El Gobierno de Sinaloa informó que entre enero y julio de 2026 el registro diario de homicidios dolosos disminuyó 30.2 por ciento. La administración estatal también reportó que el promedio diario pasó de 6.9 homicidios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026.
Pero la disminución estadística no ha significado el fin de la crisis para las familias que siguen buscando a sus desaparecidos, para quienes han perdido a un familiar o para quienes continúan modificando su vida por temor a quedar atrapados en un enfrentamiento.
Además, existen diferencias entre las cifras oficiales y los registros periodísticos y de organizaciones civiles. Un análisis publicado este domingo señala discrepancias en Sinaloa entre los homicidios reportados por la Fiscalía estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los asesinatos documentados por medios locales. El propio SESNSP ha señalado que los hallazgos de restos óseos no pueden contabilizarse inmediatamente como homicidios mientras no se determine cuántas personas corresponden y se identifiquen los casos.
Por ello, la marcha de este domingo no solamente plantea una exigencia de mayor presencia policial o militar. Los participantes reclaman condiciones para volver a utilizar los espacios públicos, caminar por las calles sin temor, mantener abiertos los negocios, estudiar, trabajar y regresar a casa.
Más de 30 organizaciones habían respaldado inicialmente la convocatoria y posteriormente se sumaron más de 60 organismos y agrupaciones. La movilización fue planteada como una expresión ciudadana sin distinción de edades, sectores sociales o filiaciones políticas.
Entre los asistentes estuvieron colectivos de búsqueda, familias afectadas por la violencia, empresarios, agricultores, jóvenes y organizaciones civiles. La presencia de las madres buscadoras colocó nuevamente en el centro de la protesta el problema de los desaparecidos, mientras que la participación de jóvenes mostró otra dimensión de la crisis: una generación que ha crecido en medio de asesinatos, desapariciones y restricciones para desarrollar su vida cotidiana.
La movilización llegó a dos años de una crisis que ha dejado miles de víctimas y que, pese a la reducción reportada en algunos indicadores, continúa produciendo homicidios, desapariciones y desplazamientos.
Para los participantes, el reclamo central fue que la reducción de las cifras no sea el único indicador de éxito y que las autoridades garanticen que los sinaloenses puedan recuperar sus calles, localizar a sus desaparecidos, proteger a quienes realizan búsquedas y evitar que niños, adolescentes y jóvenes continúen siendo víctimas directas o indirectas de la violencia.