En manos de la ministra Loretta Ortiz quedó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La Suprema Corte le turnó la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición contra la creación de ese mecanismo, que administrará $40 mil millones de afores sin reclamar. Tema delicado, y en medio del debate sobre la reforma judicial. Lo comentan en Sacapuntas del Heraldo.
