*Busca consolidar un régimen sin alternancia democrática
20.07.2026 Nicaragua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país “no volverá a haber elecciones”, una declaración que representa uno de los giros políticos más radicales desde su regreso al poder en 2007 y que, en los hechos, cancela la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes en los próximos comicios previstos para 2027.
El anuncio fue realizado durante la conmemoración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrada el 19 de julio en Managua. Frente a simpatizantes del oficialismo, Ortega aseguró que la etapa de las elecciones había terminado y sostuvo que no permitirá que la oposición vuelva a disputar el poder mediante las urnas.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, declaró el mandatario, al tiempo que afirmó que impulsará nuevas leyes, a través de la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo—, para impedir que los partidos opositores puedan acceder al Gobierno por la vía electoral.
Aunque el mandatario no explicó el mecanismo legal mediante el cual pretende eliminar definitivamente los procesos electorales, analistas consideran que el mensaje confirma la consolidación de un modelo de poder permanente encabezado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta tras las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.
El anuncio ha generado una inmediata condena de organizaciones defensoras de los derechos humanos, opositores en el exilio y especialistas en política latinoamericana, quienes consideran que Nicaragua abandona formalmente cualquier apariencia de competencia democrática.
Desde hace varios años, diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado el deterioro de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, particularmente desde las protestas sociales de 2018, cuya represión dejó cientos de muertos, miles de exiliados y decenas de presos políticos, según informes de organismos internacionales.
La comunidad internacional también cuestionó las elecciones presidenciales de 2021, cuando el gobierno encarceló a los principales aspirantes opositores antes de los comicios, inhabilitó a partidos políticos y declaró vencedor a Ortega con una amplia mayoría. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos desconocieron entonces la legitimidad del proceso electoral.
Desde entonces, el gobierno sandinista ha intensificado el control sobre las instituciones del Estado. Además de la detención de opositores, ha retirado la personalidad jurídica de miles de organizaciones civiles, cerrado medios de comunicación independientes, expulsado a congregaciones religiosas, retirado la nacionalidad a críticos del régimen y aprobado reformas constitucionales que fortalecen el poder presidencial.
Con el anuncio realizado este fin de semana, el escenario político cambia de manera significativa, ya que deja sin efecto la expectativa de celebrar elecciones generales en 2027 como mecanismo de renovación del poder.
Expertos consideran que las declaraciones de Ortega representan el reconocimiento explícito de un sistema de partido único o de poder permanente, en el que la continuidad del actual gobierno deja de depender del voto ciudadano. Algunos analistas comparan este modelo con el de otros regímenes autoritarios donde las elecciones han dejado de ser un instrumento de competencia política real.
La decisión también incrementa la tensión con Estados Unidos, que mantiene sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses y ha exigido reiteradamente el restablecimiento de elecciones libres, competitivas y con observación internacional. Washington ha sostenido que la normalización de las relaciones con Managua pasa por el respeto a los derechos humanos y el retorno a la institucionalidad democrática.
Daniel Ortega, de 80 años, participó en la revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007. Desde entonces ha sido reelegido en procesos ampliamente cuestionados por la comunidad internacional y ha concentrado progresivamente el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Con la declaración de que “no volverá a haber elecciones”, el gobierno nicaragüense marca un nuevo capítulo en la crisis política del país, al cerrar públicamente la puerta a la alternancia democrática y profundizar el aislamiento internacional de uno de los regímenes más cuestionados de América Latina.