* Veracruz encabeza las entidades donde mayor violencia política se registra y pone el ejemplo del doble feminicidio en el sureste de la entidad.
*En contraste con los más de 24 políticos asesinados tan sólo en Veracruz, la titular de la SSPC, reconoce solo 10 casos graves relacionados con la desaparición o “fallecimientos” de aspirantes a nivel nacional.
/Redacción/
Cdmx. 09 abril 2021.- En el marco del informe sobre aspirantes, candidatos y candidatas en riesgo, agredidos o bajo amenazas, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reporta que se han atendido a 117 aspirantes, de ellos, 71 son hombres, 46 mujeres y al momento tienen registrados 103 eventos de violencia, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación.
En la conferencia de prensa desde Palacio nacional dijo que en coordinación con las autoridades estatales, el Gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades.
“Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, 35 que han implicado atención especializada, como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios; además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia”.
Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país, más de 47 por ciento de estos casos se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
De los candidatos y candidatas atendidos al momento, 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, el 18 por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales.
Al exponer los resultados de la estrategia de protección en contexto electoral la encargada de la Seguridad y Protección Ciudadana nacional dijo que “unió fuerzas” con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias todos los días sobre posibles amenazas y agresiones contra candidatos y candidatas.
De acuerdo a la secretaria se han dedicado a “prevenir, sancionar la violencia política” y proteger a candidatos y candidatas amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, dicho que en Veracruz adolece de veracidad porque los victimarios continúan en libertad.
En su narrativa sobre la protección a los 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, que asegura “sin importar colores o ideologías” cuando se observa detenciones ilegales en torno a candidatos de la oposición la funcionaria federal refiere su obligación constitucional.
“Las instituciones de seguridad del Gobierno de México centramos nuestros esfuerzos en proteger a los candidatos, candidatas y a sus derechos políticos. No permitiremos que el partido del crimen decida”.
“Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio”.
Detalló que su estrategia ha tenido “intensa comunicación, colaboración con los señores y señoras gobernadoras”, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir, sin referir los casos de Goyo Gómez y Rogelio Castán por lo cuales el PRD a nivel nacional ha emprendido una movilización para exhibir las detenciones a sus candidatos.
“Recordar a candidatos y candidatas que tenemos un protocolo para su atención. Se reciben las amenazas o son víctimas de agresiones. Si esto ocurre, el primer paso es denunciar o dar aviso a las autoridades. Esto permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las Mesas de Paz en conjunto con las entidades federativas y la mesa nacional de la estrategia. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso se establece así el esquema de protección”.
Rodríguez Velázquez acotó que los candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales, hay que recordarlo, son protegidas por el Gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo, en coordinación con el Gobierno de México, de las autoridades estatales en coordinación con las municipales.
Dijo que “afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país, más de 47 por ciento de estos casos se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
De los candidatos y candidatas atendidos al momento, 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, el 18 por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales.
Veracruz 24 políticos asesinados
La Secretaria de Estado se refirió al artero crimen de dos mujeres, madre e hija, que han participado activamente en las elecciones y que durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz, se suman a la lista de 24 ejecuciones en Veracruz.
En los 17 hombres y 7 mujeres que integran conforman la lista de víctimas que públicamente habían manifestado sus aspiraciones para participar en el próximo proceso electoral refiere como “ejemplo” “el lamentable caso de Karla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura, a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladis Merlín Castro el pasado 15 de febrero, “un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia”, dijo sin atender las denuncias de que los dos veladores detenidos son chivos expiatorios mientras los verdaderos asesinos continúan libres.
“Y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal; también hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres millones de joyas y relojería. Debo precisar que aún no se descartan otras líneas de investigación de acuerdo a las indagaciones de la fiscalía estatal”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabeza la lista de políticos privados de la vida con nueve ejecuciones en Veracruz. Morena tiene cinco candidatos muertos, el PRD tres y dos detenidos por el gobierno de García Jiménez: el PAN afronta tres asesinatos de sus políticos, el Partido Verde con dos y Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, uno respectivamente.
Crimen de San Luis Potosí, posible vínculos con agresores en Veracruz
Otro caso que citó la titular de la SSPC es el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular.
“y por cuya investigación la fiscalía del estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Chalma, Veracruz”.
Guanajuato
A juicio de la ex colaboradora de AMLO en el entonces Distrito Federal, también es de destacar la detención reciente por parte del gobierno del estado de Guanajuato de los responsables en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta, exdiputado Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio.
Para concluir Roca Icela Rodríguez sostuvo que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones, usando estrategias de complicidad o presiones violentas, y se ha convertido en un partido del crimen por lo que su objetivo principal es salvaguardar la seguridad en el proceso electoral para que no decida el crimen organizado, el crimen de cuello blanco.
