*A Juicio de Amparo
/ María Amparo Casar /
No sé por qué lo llaman Informe de Rendición de Cuentas. El discurso del pasado 31 de mayo nada tuvo que ver con el significado más laxo del concepto de rendición de cuentas: la obligación de las autoridades de someterse al escrutinio de los gobernados; de responsabilizarse públicamente del uso de sus facultades, de los recursos y de los resultados obtenidos.
Lo que vimos el domingo fue el aprovechamiento de la celebración de un partido político o movimiento que, a dos años de haber ganado la elección presidencial, enfrenta serios problemas.
Una celebración partidaria a la que asistieron 7 de los 9 ministros de la SCJN y a la que no fue invitada la presidenta del Congreso, Kenia López Rabadán. En este gobierno ni las formas se cuidan. Si era un acto partidista nada tenían que hacer ahí los ministros de la Corte a menos de que sean morenistas, cosa que violaría la Constitución. Si era un acto oficial, debería haber estado la presidenta de la Cámara de Diputados como representante de uno de los tres poderes y no recibió invitación. Y, de paso, ¿qué hacían ahí los secretarios de la Defensa y de la Marina?
Desde luego se nos recetaron grandes resultados de la 4-T. Ya irán saliendo las réplicas al Informe de un país que nos pintó como Dinamarca por los cuatro costados: desarrollo con igualdad, seguridad, salud y educación.
Los problemas son los de siempre, aunque hayan sido eludidos durante el Informe. Además de cifras muy cuestionables, las omisiones fueron notables: nulo crecimiento, disminución de la matrícula escolar, sistema de salud colapsado y con desabasto, 134 mil desaparecidos, 70 mil cadáveres sin identificación, violencia irrefrenable, corrupción rampante e impunidad total, entre otros. Como de costumbre, no hubo autocrítica alguna.
No tenía por qué haberla, el Informe fue un montaje con un solo propósito: reforzar un sentimiento nacionalista, soberanista y contrario al injerencismo ante la encrucijada que Estados Unidos puso a México.
Se acabó la filosofía de “cabeza fría” para pasar a la de “corazón caliente”.
El mensaje político estuvo dirigido a dos interlocutores ausentes a los que ni siquiera se les mencionó por nombre: Donald Trump y Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
Al gobierno de Estados Unidos le mandaron múltiples mensajes. Se le respondió con el lenguaje clásico de la soberanía nacional: “México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos”, dijo la presidenta, invocando el principio constitucional de no intervención. Hasta ahí, nada objetable. Ningún país debe aceptar que otro dicte sus decisiones internas ni convierta la cooperación bilateral en subordinación política.
El problema comienza cuando ese principio se usa para desplazar la discusión de fondo. El discurso ya no trató sobre seguridad, justicia, extradiciones, crimen organizado o responsabilidades políticas, sino sobre quién tiene derecho a señalar esos problemas. Por eso la frase más importante no fue la defensa abstracta de la soberanía, sino la advertencia de que “oficinas del Departamento de Justicia” podrían volverse “el principal elector en México” o que “vienen por unos, luego por otros”. Ahí el mensaje dejó de ser diplomático y se volvió electoral: cualquier investigación, acusación o proceso judicial que involucre a miembros del partido en el gobierno será leído como intervención extranjera.
A Rocha Moya, y a quien siga en la lista de los integrantes de Morena, el mensaje fue sólo uno: los protegeremos cueste lo que cueste sin importar los delitos en los que hubiesen podido incurrir, sin importar que México haya firmado libremente el Tratado de Extradición y sin importar los efectos para la relación bilateral.
Sabemos que los mensajes políticos siempre tienen una dosis fuerte de demagogia, que buscan exaltar algún valor y que siempre se usan coyunturalmente. El del domingo no fue una excepción, pero también sabemos que los mensajes tienen consecuencias.
Es pronto para saber si la exaltación soberanista tuvo algún efecto sobre la popularidad de la presidenta o si se habrá recibido con indiferencia. Ya lo veremos.
De lo que no hay duda es que ya hubo una reacción. Más mesurada y elegante de lo esperado pero, también, claridosa. Respondió el embajador de EU que, “cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Más claro ni el agua.
El corazón caliente fue reemplazado de nuevo por la cabeza fría pareció regresar cuando, el lunes 1° de junio en la mañanera, literalmente exculpó a Donald Trump diciendo que “yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas … son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos”. ¿De verdad?
Se le olvida la cantidad de veces que Trump se ha referido a México como un narco-Estado o cuando ha dicho que “los cárteles gobiernan México y nadie más” o que él mismo firmó la orden ejecutiva en la que ordenaba al Departamento de Estado declarar a los carteles de la droga como grupo terrorista. O, peor aún, cuando insultó de manera reprobable a la presidenta de México diciendo que la considera “una mujer maravillosa” y “encantadora”, pero que “tiene miedo de los cárteles del narcotráfico” y que, en realidad, “son estos grupos los que gobiernan México”.
La incongruencia aparece por todos lados. No al injerencismo, pero un día después se pronunció sobre las elecciones en Colombia; no a la extradición, pero se niega aplicar un tratado de extradición que el gobierno voluntariamente firmó; no a la desinformación, pero desde el gobierno se miente y difunde información falsa al por mayor; no a que EU juzgue a los mexicanos, pero se envían a 90 presuntos integrantes del crimen organizado sin preocuparse siquiera por el trámite legal. El señalamiento de la presidenta hacia el embajador Ronald Johnson de que “los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países” hace agua a la luz de que el principio de no intervención es usado a conveniencia.
Termino con una nota preocupante. El discurso de la soberanía se da en el contexto de la recién aprobada reforma constitucional que permite anular una casilla o una elección si se descubre que hubo injerencia del extranjero. Ya se han advertido los peligros de esta ley para la libertad de expresión y de sus consecuencias ante autoridades electorales capturadas.
El peligro va más allá. La presidenta ha llegado al extremo de ejemplificar el injerencismo con una declaración en contra de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización de la sociedad civil presidida por quien esto escribe: “Bueno, ha habido financiamientos desde fuera, se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción o Por la Corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la Embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata”.
La declaración no es solo ominosa sino falsa. MCCI recibió fondos del extranjero, en particular de USAID, porque estaba, y está, autorizada para ello. Los recibieron numerosas organizaciones de la sociedad civil y también los recibió el gobierno que ella preside. De hecho, el gobierno recibió fondos de Estados Unidos en una proporción de tres a uno en relación a las organizaciones. Y no, MCCI jamás ha apoyado a ningún candidato o candidata. Nunca se pronunciaron en contra del trabajo de MCCI cuando develamos los escándalos de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Por el contrario utilizaron las investigaciones para su campaña y ahora quieren estigmatizarlas. Otra vez la doble vara.
La soberanía no se defiende inventando enemigos internos ni protegiendo a los políticos señalados de corrupción. Se defiende con legalidad, transparencia, justicia y verdadera rendición de cuentas. En realidad, estamos frente al viejo recurso de usar el patriotismo para blindar al poder.