Cdmx., 09 abril 2019.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma la fracción III del artículo 113 y adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación, para imponer sanción de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El documento avalado con 417 votos y remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también establece sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Al fundamentar, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que la evasión de impuestos reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. “Cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes”.
Indicó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.
Con esta reforma se pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas que simulan operaciones inexistentes, así como fortalecer mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes.
“La reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y, por consiguiente, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos y genera un impacto positivo en el bienestar de los países. Es pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes”, afirmó.
Terrazas Baca expresó que la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas, genera competencia desleal, la cual a largo plazo provoca que la carga tributaria recaiga solo en los contribuyentes cumplidos.
En los posicionamientos, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) señaló que la evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, siendo ineludible que este tipo de conducta ilícita debe ser sujeta a sanciones enérgicas.
Indicó que la principal causa de la caída de la recaudación de los impuestos se debe a las operaciones simuladas por empresas deductoras de operaciones. “Basta de ser permisivos, ya no podemos continuar con la emisión de facturas falsas mediante actos simulados, sin la materialización de actividades u operaciones de empresas que bajo un registro indebido e ilegal venden la emisión de las mismas a través de las famosas empresas fantasmas o despachos que expenden facturas para evitar trasladar el impuesto a las arcas del gobierno”.
José Rigoberto Mares Aguilar, diputado del PAN, expresó que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evasión y la elusión fiscal ascienden a un billón de pesos anuales, lo que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente afirma que la estimación podría alcanzar los dos billones de pesos anuales, es decir el 8 por ciento del PIB.
De acuerdo con el Banco Mundial, México está entre los países más perjudicados por la evasión de las empresas, que coincide con las estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al detectar 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación. Esta reforma permitirá que las autoridades fiscales consoliden el control sobre operaciones de los contribuyentes y pretende poner un alto a las operaciones financieras de dependencias públicas con empresas fantasmas en todos los órdenes de gobierno.
Por el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela señaló que el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, por parte de las personas físicas y morales, ha provocado gran daño al sistema de recaudación nacional; por ello, resulta pertinente impulsar reformas legales para desincentivar la comisión de ese ilícito. “Debemos de contribuir con la autoridad fiscal para modernizar el marco legal y enfrentar los nuevos desafíos”.
Indicó que la venta de facturas falsas es un problema para el SAT. De 2010 al 2018 se identificaron más de 8 mil empresas que presuntamente cometen algún acto delictivo en esta materia. Cada año la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras ascienden a más de 750 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. “La defraudación fiscal es un acto que no debemos de permitir”.
La diputada del PES, Adriana Lozano Rodríguez subrayó que es importante evitar operaciones simuladas. “No simplemente dejan de pagar, sino mienten y falsean los datos para poder robarle al pueblo de México entregando menos de lo que deben al gobierno. Es un robo terrible que debe ser altamente sancionado”.
Añadió que robar pagando menos impuestos dejará de ser un negocio. Esta Cámara de Diputados le dotará al gobierno de más herramientas para evitar estos delitos. “Confiamos en que las usarán adecuadamente de manera correcta y expedita, porque no sólo roban al bien común. Esas conductas son totalmente intolerables y con esta norma serán sancionadas severamente”.
Óscar González Yáñez, diputado del PT, precisó que México está considerado uno de los países, en percepción, como de los más corruptos del mundo. “Nos manifestamos fuertemente en contra de lo que es la corrupción emanada de los particulares a través de la generación de facturaje falso”.
Llamó a los empresarios a que abandonen esta actividad, dado que ahora va a ser un delito y será seriamente castigado. “No queremos llenar las cárceles de gente corrupta, lo que queremos es sacar a la corrupción de la sociedad y crear una cultura donde no haya necesidad de ser corrupto para ganar dinero”.
El diputado de MC, Higinio del Toro Pérez, dijo estar a favor de fortalecer los mecanismos de vigilancia y de control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes y se pronunció en contra de la emisión de facturas para simular operaciones inexistentes. “El tamaño de ese negocio es de dos billones de pesos. Prácticamente un 40 por ciento del presupuesto anual del país”.
Precisó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio totalmente ilegal. “La evasión es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. Estas prácticas pueden involucrar el lavado de dinero, por lo que este tipo de acciones deben tener consecuencias legales contundentes”.
Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez resaltó que este dictamen es oportuno, ya que se pone en manos del Ejecutivo federal una norma que permite que se instrumenten programas, que conjugando premios y castigos pueden incrementar sustancialmente los ingresos públicos.
Se busca combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, generalmente vinculadas con empresas fantasmas y otras, como el lavado de dinero. Además, se propone fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) señaló que las facturas falsas son un problema muy grave para el país. Por esta práctica ilegal se dejan de recibir aproximadamente 2 billones de pesos y es una conducta que afecta a todos los mexicanos que cumplen con la ley y que sí pagan impuestos.
La aprobación de este dictamen, dijo, es de suma importancia, ya que coadyuva con las autoridades fiscales para tener mayor control de las operaciones que sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como el combate a la evasión y elusión fiscal, permitiendo disminuir la corrupción en la adquisición de bienes y prestación de servicios.
Al hablar a favor, la diputada Paola Tenorio Adame (Morena) señaló que con este dictamen se hará que las penas a quienes expiden o enajenen comprobantes fiscales falsos sean más altas. “Estamos seguros que este encarecimiento desincentivará la comisión del delito y fortalecerá los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la presentación de servicios o adquisición de bienes. Ya no habrá mano blanda con los corruptos”.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (sin partido) expuso que una nación con economía eficiente y sana no sólo depende de la buena administración de sus gobiernos, sino del actuar con probidad de su ciudadanía. “Estamos a favor de generar, desde la ley, los mecanismos que propicien un orden social”.
Por Morena, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro se pronunció a favor de un sistema fiscal que haga frente a la corrupción y promueva una mejor recaudación que incentive la salud de la hacienda pública, y que logre distribuir los recursos a quienes más lo necesitan. Con este dictamen “habrá más control y vigilancia, y lograremos que se evite este gran riesgo para quienes expidan y enajenen facturas fiscales falsas”.
