DESDE A JANELA
/ FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO /
“Ya solo restan un año, diez meses y diecinueve días para que se vaya a … su rancho”
Antes de analizar las virtudes o defectos de la pretendida reforma electoral diseñada en Palacio Nacional, debemos de preguntarnos si realmente este país necesita con urgencia una modificación de gran calado a su sistema electoral.
Es una verdad sabida que las leyes son perfectibles y que las instituciones deben de ser modificadas, ya que las sociedades para las que están instauradas van evolucionando y ambos instrumentos jurídicos siempre deben de estar acordes a la realidad social.
Sin embargo, también es otra verdad sabida que dichas modificaciones se producen cuando queda demostrado que la ley o la institución en cuestión ya no pudo cumplir con sus objetivos, porque la realidad social la rebasó completamente tal y como sucedió cuando a Bartlett “se le cayó el sistema”.
Por eso lo que debemos de preguntarnos en este momento es si realmente es necesario modificar las leyes y las instituciones electorales y para ello es necesario analizar si en verdad el INE o el TEPJF han resultado incapaces de conducir un proceso electoral y si las leyes que les dan sustento han dejado de servir para conseguir la finalidad para la cual fueron elaboradas, es decir, normar el proceso de renovación gubernamental y legislativa de manera democrática y pacífica.
Si la respuesta fuera afirmativa y hubiera casos de conflictos electorales o postelectorales (como los ha habido en elecciones no conducidas ni normadas por nuestro actual sistema electoral, por ejemplo, las internas de MRN), entonces bien valdría la pena buscar la falla y proponer remedios.
Mas resulta que en todo lo que llevan de vida el IFE-INE y el TRIFE-TEPJF a excepción del ilegítimo berrinche del auto proclamado “presidente legítimo” (mismo que en un tiempo quedó en nada debido a que el resultado electoral fue debidamente procesado y sobre todo aceptado por la sociedad mexicana), no ha existido un solo conflicto electoral que no haya sido resuelto por las autoridades de la materia y vaya que en ese tiempo ha habido muchas elecciones.
Entonces, la pertinencia de la pregunta con la que se titula este texto cobra mucha importancia, ya que antes de emprender una aventura de ese tamaño es indispensable saber si es necesaria.
Ahora bien, la cuestión que a continuación debe de hacerse es ¿Por qué el gobierno quiere cambiar de una manera radical el sistema electoral antes y no después de unas elecciones, cuando en las últimas elecciones no ha habido algún problema que las instituciones vigentes hayan sido incapaces de solucionar?
Las respuestas pueden ser múltiples y un tanto especulativas como el miedo a perder elecciones futuras, el querer tener un sistema electoral a modo, el desprecio a la autonomía, etc.
Pero lo que sí es más fácil de refutar son los argumentos que dan para impulsar una reforma electoral hasta este momento innecesaria.
Dicen que la democracia mexicana es muy cara y que ese dinero se podría utilizar para otras cosas, y la verdad tienen razón en cuanto a que es cara; nada más basta con que pongan a la vista una credencial de elector y se darán cuenta que es un documento bastante sofisticado y hasta estéticamente bien diseñado o ponerse a pensar en cuánto cuesta convocar, insacular, capacitar, trasladar y alimentar a los ciudadanos que son funcionarios de casilla en una jornada electoral y hacer todo eso de manera simultánea en todo el país, es todo un reto de logística que lógicamente sale caro.
Imagínense si pasa la reforma electoral y dados los antecedentes de este gobierno con otras reformas como la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por sistemas patitos que atienden a muchas menos personas; seguramente nos van a dar cartoncitos en lugar de credenciales y van a poner a burócratas a operar las casillas, tal y como sucedía en los tiempos de Bartlett y más atrás.
También dicen que el pueblo es quien debe de elegir a los consejeros de una lista de candidatos propuestos por los tres poderes de la Unión, es decir unos por el presidente, otros por el congreso de mayoría oficialista y otros más por la SCJN bastante infiltrada por ministros afines al gobierno.
De lo anterior ante lo notorio de la trampa, no hay mucho que explicar, pero el resultado sería que consejeros y magistrados electorales no solo tendrían que hacer campaña, sino que tendrían que obedecer al gobierno para al menos ser propuestos para el cargo; en pocas palabras, se acabaría la autonomía.
Otra más, proponen que para que las consultas públicas sean vinculantes debe de bajarse el mínimo de participación ciudadana de 40 a 30 por ciento y yo me pregunto ¿Cómo va una minoría que no llega ni a la tercera parte del electorado a tomar decisiones que afecten a todo el país? De hecho, el 40 por ciento actual se queda corto, ya que en democracia las mayorías mandan y en consecuencia lo lógico es que el límite para que una consulta popular fuera vinculatoria sea del 50 por ciento más uno.
Y así podemos seguir refutando más argumentos de la propuesta de reforma electoral pero lo verdaderamente importante es preguntarse con seriedad si es necesario o no realizar con urgencia una reforma electoral en este momento.
Para el gobierno sí, porque en un año ya no podrá llevarla a cabo, pero ¿Para la sociedad y para la democracia resulta necesaria?
felfebas@gmail.com
Twitter: @FelipeFBasilio
