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17.11.2026. Washington, EUA.- El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió este martes 17 de noviembre que su agencia continuará investigando y exponiendo las presuntas conexiones entre organizaciones del narcotráfico y actores políticos corruptos en México, al sostener que la corrupción permite el crecimiento de las estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario estadounidense afirmó que la corrupción en México fortalece las redes de los cárteles y representa una amenaza para las comunidades de su país. Su advertencia fue contundente: la DEA no modificará su estrategia para identificar a quienes, desde posiciones de poder, presuntamente protegen o facilitan las actividades del crimen organizado.
“La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, escribió Cole.
En el mismo pronunciamiento agregó que la agencia mantiene su compromiso de exponer los vínculos entre organizaciones extranjeras designadas como terroristas y actores políticos corruptos, con el argumento de proteger vidas estadounidenses. El mensaje concluyó con una frase que marca el tono de la postura de Washington: “No vamos a dar marcha atrás”.
La declaración no estuvo acompañada de nombres de políticos mexicanos, nuevas acusaciones judiciales ni expedientes que acrediten relaciones delictivas específicas. Sin embargo, se produce después de que el propio Cole advirtiera que las investigaciones estadounidenses no se limitarán a los jefes de los cárteles, sino que buscarán alcanzar a quienes les proporcionen protección institucional, información o beneficios desde el servicio público.
La advertencia adquiere relevancia en un momento de tensión en la agenda bilateral de seguridad, debido a las exigencias de la administración de Donald Trump para que México intensifique el combate al narcotráfico y desarticule las redes de protección política y financiera de las organizaciones criminales.
El señalamiento se suma a una serie de pronunciamientos de funcionarios estadounidenses que han colocado bajo escrutinio a políticos, exfuncionarios y servidores públicos mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
### **La advertencia llega después de los señalamientos contra funcionarios mexicanos**
El mensaje de este martes no surgió de manera aislada. El pasado 13 de noviembre, Terry Cole ya había advertido que la DEA y la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF) perseguirían a funcionarios y actores políticos que obtengan beneficios del narcotráfico, protejan a sus integrantes o contribuyan al crecimiento de sus operaciones.
En aquella ocasión, el director de la agencia antidrogas sostuvo que la corrupción y el narcotráfico mantienen una relación estrecha, independientemente de la filiación política de quienes presuntamente participen en esas redes.
Cole hizo esos comentarios después de que Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fuera sentenciado en Estados Unidos a 22 años y seis meses de prisión por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas.
El funcionario estadounidense planteó que la persecución del crimen organizado también debe alcanzar a quienes proporcionan información, protección y facilidades desde las instituciones públicas.
### **Los políticos mexicanos que aparecen en investigaciones y señalamientos estadounidenses**
Aunque Terry Cole no mencionó nombres en su publicación del 17 de noviembre, sus declaraciones se producen en un contexto de acusaciones y sanciones estadounidenses contra personas vinculadas con la política mexicana.
Uno de los casos de mayor relevancia es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien el Departamento de Justicia estadounidense presentó en abril de 2026 una acusación por presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos. El expediente incluyó a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
La acusación sostiene que Rocha Moya habría mantenido reuniones con integrantes de esa organización criminal, ofrecido protección a sus actividades y recibido apoyo para alcanzar la gubernatura. Se trata de imputaciones de la fiscalía estadounidense, cuya responsabilidad debe determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
Entre los otros nombres señalados en ese expediente figura Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, además de otros funcionarios y exfuncionarios estatales.
El caso ha colocado nuevamente bajo atención las presuntas relaciones entre estructuras políticas y organizaciones del narcotráfico, particularmente en Sinaloa.
Otro episodio corresponde a las sanciones anunciadas en septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, contra 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y Luis Alfonso Torres, hermano de este último. Las autoridades estadounidenses los relacionaron con presuntas operaciones de sobornos y lavado de dinero.
También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien el Departamento del Tesoro atribuyó presuntos acuerdos con integrantes de una estructura criminal para facilitar sus actividades.
Estos casos son investigaciones, acusaciones y medidas administrativas distintas; no constituyen una lista presentada por Terry Cole ni significan que todos los señalados hayan sido condenados penalmente.
### **La reunión con Omar García Harfuch y la cooperación bilateral**
La advertencia del director de la DEA también ocurre después de su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, realizado el 9 de noviembre.
El funcionario mexicano informó que durante la reunión revisaron asuntos relacionados con el intercambio de inteligencia, las investigaciones financieras, la cooperación contra organizaciones criminales y las solicitudes pendientes de colaboración y extradición.
Un día después, García Harfuch explicó que este tipo de encuentros forman parte de los mecanismos de coordinación entre ambos países y que la reunión con Cole había sido programada con anticipación.
El acercamiento refleja una relación de cooperación que, al mismo tiempo, enfrenta diferencias sobre el alcance de las operaciones estadounidenses y el respeto a la soberanía mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que México está dispuesto a colaborar con Washington en el combate al narcotráfico, pero sin permitir intervenciones unilaterales en territorio nacional.
### **Estados Unidos utiliza la clasificación de terrorismo contra los cárteles**
En su publicación, Cole volvió a utilizar la denominación de organizaciones terroristas extranjeras para referirse a los grupos criminales contra los que dirige sus investigaciones.
En febrero de 2025, el Gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, además de otras agrupaciones criminales.
La clasificación permite a Washington aplicar instrumentos legales y financieros contra estas organizaciones y contra quienes les proporcionen apoyo material, conforme a su legislación.
Esta decisión también ha generado diferencias con México por sus posibles implicaciones en materia de soberanía, seguridad y cooperación internacional.
### **Una advertencia sin nombres, pero con un mensaje político**
El nuevo pronunciamiento de Terry Cole coloca nuevamente la corrupción política en el centro de la estrategia antidrogas estadounidense. La DEA busca dejar claro que su interés no se limita a detener a los líderes de las organizaciones criminales, sino que también contempla investigar las redes que presuntamente les permiten operar y mantenerse.
La declaración, sin embargo, no constituye el anuncio de nuevas órdenes de captura ni la presentación de pruebas contra políticos mexicanos específicos.
El alcance real de la advertencia dependerá de las investigaciones que se desarrollen, de la información que las autoridades estadounidenses decidan hacer pública y de los procedimientos judiciales que puedan iniciarse.
Mientras tanto, la relación entre México y Estados Unidos enfrenta el desafío de mantener la cooperación contra el narcotráfico sin que las acusaciones de Washington se conviertan en mecanismos de presión política o vulneren la soberanía nacional.
La frase de Cole, “No vamos a dar marcha atrás”, deja claro que la DEA pretende mantener la presión sobre las redes de protección del narcotráfico.
Lo que todavía está pendiente es conocer qué nuevos nombres, investigaciones y pruebas presentará la agencia para respaldar sus advertencias.

