*Escrito por Wendy Rayón Garay:
07.02.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Con la integración de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México más la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos, se encendieron las alarmas por violaciones sistemáticas de derechos humanos, los cuales caerán sobre mujeres, adolescentes y niñas quienes intentarán alcanzar el sueño americano en medio de este escenario.
La militarización para realizar labores de seguridad deja a su paso estragos de violencia por su estructura patriarcal que ejerce, pero las violaciones sistemáticas a Derechos Humanos recaen en especial contras mujeres y esto se prevé acontezca en la frontera México-Estados Unidos debido a que en ambos países habrá presencia de militares
Durante el transcurso de esta semana, elementos de la Guardia Nacional comenzaron a desplegarse hacia 18 ciudades fronterizas de Baja California (3 mil 010), Sonora (mil 987), Chihuahua (2 mil 620), Coahuila (mil 017), Nuevo León (623) y Tamaulipas (743), como parte del Operativo Frontera Norte. Según comentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de los 30 mil elementos ubicados en toda la república mexicana, se seleccionó a aquellos que se encontraban en zonas donde la seguridad no representa un peligro.
Tijuana (mil 949), Tecate (500), Mexicali (561), Nogales (564), San Luis Río Colorado (550), Sonoyta (500), Agua Prieta (373), Ciudad Juárez (mil 650), Puerto Palomas (500), Ojinaga (470), Ciudad Acuña (460), Piedras Negras (557), Nuevo León (623), Colombia (623), Tamaulipas (743), Nuevo Laredo (207), Ciudad Mier (186), Playa Bagdad (94), Reynosa (135) y Matamoros (121).
Este es el precio de la negociación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump, quienes a través de una llamada telefónica acordaron interponer una pausa de un mes a los aranceles que se pensaban poner a los productos mexicanos exportados hacia Estados Unidos.
En las primeras horas, ya han encontrado cuerpos en la ciudad San Luis Río Colorado, una ciudad fronteriza en Sonora, y pese a ello, su principal objetivo sigue siendo evitar el tráfico de sustancias ilícitas al otro lado, particularmente el fentanilo.
Aunque la presidente apuntó que, México resulta ventajoso de la colocación de elementos de la Guardia Nacional debido al «reforzamiento de la seguridad», la realidad es que quienes resultaran perjudicados son los aproximadamente 300 mil migrantes que están en el país, según calculó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Apenas dos semanas atrás, en suelo estadounidense, Trump anunció la militarización de su frontera sur. Decisión que tomó cando firmó una serie de ordenes ejecutivas, entre las cuales algunas se avocaron al tema migratorio.
Hay que recordar que, desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump declaró emergencia nacional en su frontera sur durante las primeras horas de su segundo mandato, lo que conllevó a «sellar» el paso hacia el territorio mexicano debido al «flujo de drogas, contrabando de personas y delincuencia organizada».
También se ordenó la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar de nueva cuenta la política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos migratorios; y el cierre de la frontera.
Estas medidas tienen una dolorosa secuela en el cuerpo, vida e integridad de las mujeres inmigrantes, lo cual no es tema novedoso en la forma de gobernar de este presidente norteamericano.
Trump ya había gobernado Estados Unidos, del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021 y durante ese tiempo, cuando la amenaza de militarizar la frontera aún no se había materializado, ya se tenían registros de violaciones sistemáticas a Derechos Humanos.
Por ejemplo, desde el 2021, el informe “Te tratan como si no valieras nada”, que recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reveló diversos casos de violencia contra las mujeres desde el 2017 por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Este informe elaborado por la organización Human Rights Watch, incluye un total de 160 testimonios sobre casos de conductas indebidas contra personas migrantes, en el caso de las niñas y mujeres se señalaron abuso físico durante la detención, abuso sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, negación de alimentos y atención médica, así como intimidación de solicitantes de asilo y denegación del debido proceso.
Siguiendo el documento, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur hasta ese momento contabilizaron 55 muertes desde 2010 relacionadas con el uso de la fuerza por parte de agentes u oficiales en encuentros con personal de Aduanas y Protección Fronteriza, Customs and Border Protection (CBP).
Asimismo, hubo un caso particular en el que una mujer fue detenida cerca de Mexicali y declaró que fue lastimada, maltratada y golpeada en repetidas ocasiones hasta esposarla.
La CBP, la Patrulla Fronteriza y los oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han sido acusados por abuso sexual. En los mismos archivos se informó de un incidente en el que una niña fue obligada a desvestirse para ser tocada de forma inapropiada por un guardia. La niña declaró que el oficial le gritó y le golpeó sus genitales con mucha fuerza.
En cuanto al trato discriminatorio y deshumanizante, se han visto casos en el que se emplea el uso de violencia verbal. Por ejemplo, una mujer declaró que, al llegar a un centro de detención fronterizo, la llamaron con adjetivos con carga sexual que reflejaba violencia en razón de género o relacionado con animales.
La congeladora
Las detenciones de personas migrantes también son conocidas por el uso de “la nevera” o “el congelador” en el que familias e infancias son cometidos y tratados de forma inhumana. Ahí mismo, se les niegan los alimentos, papel higiénico, agua, y la atención médica.
En estos centros de detención, conocidos como «el congelador», las personas detenidas, no deberían pasar más de 72 horas, no obstante, se ha denunciado que pueden pasar ahí hasta meses bajo temperaturas congelantes, además de las violaciones ejercidas por personal operativo.
Un caso registrado fue el de un supervisor en la Oficina de Asilo de San Francisco comunicó internamente lo siguiente al DHS: “FA [funcionario de asilo]
«Una de las solicitantes que entrevistó hoy tiene una hija pequeña que fue agredida sexualmente por alguien que creemos que es un funcionario del CBP o de la Patrulla Fronteriza. La solicitante y su hija fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza y enviadas a La Hielera [una celda de detención en la frontera], donde ocurrió lo siguiente: un guardia en La Hielera, que vestía un uniforme verde y tenía un gafete que decía [eliminado], obligó a la niña a desvestirse y la manoseó”.
Los registros indican también que oficiales de la Patrulla Fronteriza retuvieron alimentos como herramienta de coerción, infringieron violencia psicológica, forzaron a migrantes a firmar documentos en inglés sin explicarles el contenido a cambio de comida. Por otro lado, la atención médica solo fue extendida de forma estrictamente necesaria, provocando consecuencias en la salud de las personas migrantes.
Finalmente, Human Rights Watch reportó que durante años se han utilizado tácticas de intimidación por la Patrulla Fronteriza y agentes de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contra las personas migrantes como el no registró de denuncias por temor al retornó de su país de origen, proceso en el cual la persona debe ser remitida a una entrevista para calificar si tiene derecho a un asilo u otra protección.
En la práctica, estas declaraciones se invisibilizan y las personas migrantes son intimidadas.
El informe de Human Rights Watch, incluye 27 casos de 2017 a 2018 por violaciones al debido proceso en donde se manifestó que las autoridades fronterizas infringieron el derecho de los migrantes al asilo, en el que se incluyen inexactitudes e inconsistencias en el papeleo para la deportación acelerada.
En territorio mexicano
Para inmigrantes que decidan y deban permanecer en territorio mexicano, ya sea porque no alcanzaron a ingresar a Estados Unidos o los hayan deportado, también enfrentan diversas violencias y abandono institucional.
El programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) (oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes), aplicado en la frontera entre México y Estados Unidos, lanzado en enero del 2019 bajo el primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, fue reiniciado por el presidente Joe Biden el 6 de diciembre de 2021.
En el programa Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a las y los solicitantes de asilo, con la finalidad de contener el flujo migratorio. Pero hay denuncias contra este programa, por las y los usuarios.
Según el acuerdo que estableció Quédate en México, el gobierno mexicano debería garantizar el acceso a oportunidades laborales, atención médica y educación a los solicitantes de asilo en el programa.
Algunos testimonios de mujeres usuarias de Quédate en México, denunciaron:
Andrea relató que llevó su hija de 11 años a un hospital público cuando se lastimó la cabeza. Sin embargo, el personal del hospital se negó a atenderla porque Andrea no tenía un documento de identidad mexicano ni un número de seguro social. Tuvo el mismo problema cuando intentó inscribir a su hija en la escuela pública. Andrea acudió a una oficina de migración para preguntar cómo podía obtener los documentos necesarios, pero los agentes allí presentes le dijeron que no podían ayudarla.
Cuando Ana Laura y sus hijos, de 19 y 12 años, fueron asignados a Quédate en México en octubre de 2019, no les dieron sus CURP. Ana Laura contó que, más tarde, cuando intentó denunciar que habían sido víctimas de extorsión, la policía los rechazó alegando que no podían presentar una denuncia si no tenían CURP. Cuando ella y su esposo intentaron solicitar la clave, los funcionarios de migración se negaron a ayudarlos argumentando que no sabían qué documentación darles a quienes estaban en el programa Quédate en México.
Cuando Marcela, una ingeniera que llegó a México en diciembre de 2019 en el marco de Quédate en México, empezó a buscar trabajo en su especialidad, acudió a una feria de empleo y envió su currículum a numerosas empresas. Sin embargo, según contó, nadie le daba trabajo porque su visa nunca tenía validez mayor a unos pocos meses; es decir, hasta la siguiente cita en el tribunal migratorio de Estados Unidos. Un empleador le dijo que si quería conseguir trabajo tendría que desistir de su solicitud de asilo en EE.UU. y solicitar asilo en México.
Blanco de secuestros y extorsión en México
Dieciséis personas entrevistadas por Human Right Watch dijeron que agentes de migración o policías mexicanos las habían detenido y les habían exigido sobornos, en algunos casos de miles de dólares.
Contaron que los funcionarios las habían amenazado con deportarlas, hacerlas desaparecer o entregarlas a carteles si no pagaban. Algunas dijeron que las habían extorsionado al ingresar al país. Otras, que las habían detenido en un aeropuerto y los agentes de migración las habían llevado a áreas de espera para exigirles un pago.
Yaneth y su esposo, Rafael, contaron que llegaron a Reynosa en autobús en agosto de 2019 y le pidieron a un taxista que los llevara a un conocido albergue para migrantes. En lugar de eso, el conductor los llevó a una casa abandonada, donde estaban secuestradas varias familias procedentes de Honduras, Cuba y El Salvador. Cuando los secuestradores se enteraron de que la pareja había venido a buscar asilo en EE.UU., les exigieron USD mil 500 como “comisión” para cruzar la frontera, y los amenazaron con matarlos si no pagaban. Luego de que realizaran el pago, los llevaron a un puente fronterizo. “Nunca denunciamos el secuestro a la policía”, dijo Yaneth. “Teníamos demasiado miedo”.
México te abraza, estrategia de Claudia Sheinbaum
Ante las ordenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno mexicano brindará apoyo a las y los migrantes a través del programa «México te abraza» que busca acompañar en casos de deportación o regreso voluntario.
Asimismo, se instalarán nueve centros de atención colocados en las ciudades fronterizas: Matamoros, Reinosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas; Tijuana y Mexicali en Baja California; así como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
También mencionó que los centros de atención para migrantes proporcionarán servicio de registro y recepción, servicios para la reintegración, atención a salud, alimentación, así como estancia y alojamientos.
En cuanto a servicios médicos, las personas repatriadas serán afiliadas al IMSS junto a su núcleo familiar para que tengan prestación del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Además, las niñas, adolescentes y mujeres tendrán acceso a vacunas como sarampión, rubeola, hepatitis B, tuberculosis, neumococo y hexavalente.
Para los traslados desde los puntos de repartición fronterizo hasta los nuevos centros se tendrán a disposición 189 autobuses y 100 más para llevarlos a sus estados de origen.
Sin embargo, quedaran a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, instancias catalogadas como las autoridades con mayor número de quejas por violación a derechos humanos ante la CNDH entre 2020 y 2023, según el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024’ del Centro Prodh.
Por otro lado, se otorgará la Tarjeta Bienestar Paisano que consiste en una transferencia de 2 mil pesos a personas mexicanas repatriadas para cubrir los gastos de su regreso a sus comunidades de origen.
Panorama actual sobre las deportaciones de las mujeres migrantes
El día de ayer, Cimacnoticias publicó una investigación en el que se hace un recuento sobre el panorama al que aproximadamente más de 2 millones 200 mil mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos sin documentos, según datos de El Colegio de la Frontera Norte, y aquellas que aún buscan cruzar, enfrentarán con la segunda administración de Trump.
