24.12.2025. Ciudad de México.- La discusión sobre el impuesto a los videojuegos considerados “violentos” abrió un nuevo frente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no existen criterios claros para determinar qué juego puede catalogarse como más violento que otro, por lo que anunció su intención de derogar el incremento aprobado en la Ley de Ingresos.
La mandataria explicó que la clasificación de los contenidos resulta ambigua y difícil de aplicar en términos fiscales, lo que convierte al gravamen en una medida poco práctica y carente de sustento técnico.
Sheinbaum sostuvo que el debate no debe centrarse en la recaudación, sino en la necesidad de campañas de orientación dirigidas a jóvenes y adolescentes sobre los riesgos de ciertos contenidos digitales.
En su mensaje, la presidenta subrayó que la violencia en los videojuegos no puede medirse con criterios objetivos y que imponer un impuesto bajo esa lógica sería arbitrario.
Recordó que había solicitado retirar el gravamen de la propuesta inicial, pero que finalmente se mantuvo en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso.
La respuesta no tardó en llegar desde el Poder Legislativo. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que la presidenta carece de facultades para revertir un impuesto ya establecido en ley.
El legislador señaló que cualquier modificación debe pasar por el Congreso de la Unión, pues se trata de una obligación fiscal formal y no de una disposición administrativa que pueda ser suspendida por decisión del Ejecutivo.
Monreal advirtió que la declaración presidencial podría generar un problema jurídico si se intenta inaplicar un gravamen vigente sin el procedimiento legislativo correspondiente.
El senador explicó que la eliminación del impuesto requiere una reforma específica a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que implica un proceso legislativo completo.
Añadió que la bancada de Morena está dispuesta a analizar la propuesta de la presidenta, pero que será necesario presentar una iniciativa formal para que el Congreso discuta y apruebe la derogación. Monreal insistió en que el respeto al marco constitucional obliga a mantener la división de poderes y que la recaudación fiscal no puede depender de decisiones unilaterales.
El debate refleja tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no es nueva, pero en este caso es en torno a la política fiscal y a la regulación de contenidos digitales.
Mientras Sheinbaum busca evitar un impuesto que considera impracticable y poco claro, Monreal defiende la ruta institucional y la necesidad de que cualquier cambio se realice conforme a la ley.
El tema también abre un espacio de discusión sobre el papel del Estado en la regulación de los videojuegos y sobre la pertinencia de medidas fiscales para atender fenómenos sociales como la violencia juvenil.
La controversia se suma a otros debates sobre la política digital y la recaudación en México, donde la definición de responsabilidades entre poderes resulta clave para garantizar la legalidad y la eficacia de las decisiones.
En este caso, la presidenta plantea un enfoque preventivo y educativo, mientras que el Legislativo recuerda que la facultad de modificar impuestos corresponde exclusivamente al Congreso.
