- Ataques sistemáticos en contra de periodistas desde el atril presidencial.
- Se erige en una suerte de “juzgador de la actividad periodística”.
- Violación “muy grave” los derechos de los periodistas.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que desde la sección “Quién es quién en las mentiras”, que conduce la funcionaria pública Elizabeth García Vilchis, dentro de la tradicional conferencia presidencial; la reportera profesional Laura Brugés fue expuesta al incluirse su nombre en una conversación privada de WhatsApp.
El defensor del pueblo Fierro Hernández advirtió que este hecho viola de “manera muy grave” los derechos de la comunicadora, ya que el simple hecho de ser administradora de una sala de conversación privada no la implica en la comisión de algún delito, ni cuestiona su labor profesional, ética u honradez.
Jesús Rey recordó que la forma de pensar de los profesionales de la información no implica un sesgo en su labor profesional; incluso, la forma de pensar de los ciudadanos es una actividad incluida en la democracia de los Estados que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, del que México es integrante.
“El espíritu del trabajo de la gobernanza no radica en usar sus plataformas para intimidar a ciudadanos o generarles atropellos; por el contrario, las acciones gubernamentales deben estar dirigidas a proteger y garantizar una vida plena y digna a todos los ciudadanos.
“En todo caso, si la idea es coadyuvar para un mejor ejercicio periodístico, el Estado mexicano debería robustecer figuras como el Mecanismo de protección para defensores y periodistas; generar una defensoría del ciudadano e implementar formas para certificar a comunicadores desde las plataformas académicas públicas”, dijo
El abogado litigante Jesús Rey advirtió que “no queda duda que la Presidencia de la República transgredió los derechos fundamentales de la reportera profesional Laura Brugés al no permitirle generar una réplica desde el mismo espacio; atropellando su derecho legítimo a un trabajo digno; tras exponer una comunicación privada; y generar duda en su actuación ética de su servicio profesional sin sustento.
“A consecuencia, la comunicadora ha quedado vulnerable al perder su espacio laboral; su dignidad manchada; su salud alterada; y su seguridad puesta en riesgo, a consecuencia de este acto que podría consolidarse en la comisión de un delito; hay que señalar, por cierto, que cualquier acto ilícito que genere un servidor público, la sanción impuesta por un juez deberá duplicarse de manera automática”, expresó.
De esta forma, el GIDH advirtió que acompañará el caso de la comunicadora profesional Laura Brugés y no cesará en sus esfuerzos para detener estos atropellos sistemáticos a los derechos humanos y la transgresión de la democracia en México.
Fierro Hernández resaltó que, desde 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han cometido violaciones desde el atril presidencial que han vulnerado la vida y la seguridad de decenas de periodistas mexicanos y extranjeros.
“Sin libertad de prensa y sin una prensa libre no hay democracia. En un lugar donde no se sepa qué pasa a nivel social o político, es un lugar de tinieblas. La información ofrece la posibilidad de elegir, de tomar decisiones informadas, con elementos fidedignos, y quizás más correctas; todo esto abona a las democracias, gracias al trabajo periodístico; atentar contra ellos, es atentar contra la democracia”, advirtió Jesús Rey.
