*El Ágora.
/ Octavio Campos Ortiz /
México presentó un nuevo retroceso en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project al ubicarse en el lugar 125 de 143 naciones y ocupar el puesto 28 de 32 países de Latinoamérica y el Caribe. El estudio mide el grado de libertades ciudadanas en el espacio cívico, tales como la libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación, participación ciudadana e influencia del poder Ejecutivo sobre el sistema de justicia civil y penal, el debilitamiento institucional, el control y equilibrio sobre el poder gubernamental y la rendición de cuentas. La métrica internacional nos pone en el sitito 139 de 143 en materia de justicia penal, el 135 en corrupción y justicia civil, así como el 132 en orden y seguridad. El reto, según la organización mundial, es lograr el fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y avanzar en la protección de derechos fundamentales.
Es evidente el debilitamiento del Estado de Derecho. A ello ha contribuido el propio gobierno al acabar con los contrapesos constitucionales y la división de poderes por tener un Congreso abyecto, sumisos e ignorantes jueces que solo cumplen instrucciones y optar por la opacidad; la estructura de poder formal dinamitó la democracia y su ciudadanización al cooptar al árbitro electoral con corruptos pero leales consejeros, además de claudicar en la función primigenia de dar seguridad a los gobernados y dejar parte de la gobernanza en manos del crimen organizado. Aunque la narrativa oficial se esfuerza por imponer, con argumentos falaces, una realidad cada vez más difícil de sostener. Se privilegió el autoritarismo en la figura del Ejecutivo sobre cualquier consenso, aun cuando se criticaba el presidencialismo priista. Es curioso que ahora se quieran deslindar de la ex presidente del INE, Guadalupe Taddei, a quien el propio sistema la hizo omnipotente y omnímoda para anular, en una institución colegiada, a sus pares para que pudiera tomar decisiones cupulares, con el riesgo, ahora evidente, de cometer actos en beneficio propio o de prevaricato. Es vidente la corrupción de gente afín a la 4T, como ella, a pesar de los vanos intentos por deslindarse de su empatía política y partidista para hacerla aparecer como producto del pasado. Bajo esa lógica, muchos de los gobernadores y legisladores con antecedentes priistas debieran ser llevados a la picota y no defenderlos por ser ahora militantes del régimen,
La crisis en el órgano encargado de organizar con imparcialidad los comicios en todo el país no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que destruye el sistema democrático y se pierde la credibilidad y confianza en la efectividad y respeto al sufragio ciudadano. Eso solo beneficia al presidencialismo que cada vez cobra más fuerza y se arroga el poder de decidir por los ciudadanos quién debe gobernarlos. Hay que recordar que, durante el priato, era el propio gobierno quien organizaba las votaciones e imponía los resultados más allá de la duda razonable. El titular de Gobernación se convirtió en el todo poderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores. Parece que estamos a un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli.
Como bien marca el estudio del WJP, el reto para México es enorme. Si no se acota el poder del Ejecutivo, se regresa a la verdadera división de poderes, se fortalecen las instituciones de justicia penal y civil, se respetan los derechos humanos y se administra con transparencia, se impondrá el autoritarismo como antesala de un régimen dictatorial que compartirá la gobernanza con la delincuencia. Ello cancelará la certeza jurídica y vulnerará las garantías individuales y sociales, lo que afectará no solo a la democracia como sistema de vida, sino que retrasará el verdadero desarrollo nacional.