Decapitaron la democracia

  • Rúbrica

/ Por Aurelio Contreras Moreno /

Este fin de semana, México atestiguó uno de los momentos más grotescos y vergonzosos de su historia reciente, en el cual el parlamento fue transformado en un circo de tintes cavernarios.

Sin sustento legal, atentando contra sus derechos, través de una “tómbola” los senadores obradoristas –y vale la pena hacer la puntualización, pues es al expresidente al que le rinden cuentas- determinaron quitarle su trabajo, porque quieren y porque pueden –con la venia del “pueblo bueno”, juran-, a cientos de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, destruyendo la carrera judicial y encaminando al país hacia un estado de indefensión jurídica sin precedentes.

No es exageración. Desde hace varios meses ya, el desacato flagrante en que han incurrido los poderes Ejecutivo y Legislativo ante las resoluciones del Judicial han, en los hechos, dinamitado por completo el estado de Derecho en el país y desaparecido de facto la división de poderes, comprometiendo realmente el sistema democrático que costó años, sangre y miles de vidas construir, para convertir a México de un plumazo en una suerte de república bananera, donde lo que privará en adelante será la ley del más fuerte.

La desinstitucionalización del país promovida por el obradorismo gobernante –porque por desgracia, la presidenta Claudia Sheinbaum no se asume como quien ahora tiene sobre sus hombros la responsabilidad de las decisiones que se toman y se ha adherido obediente a la deriva autoritaria ordenada por su antecesor- tendrá un efecto devastador en los tiempos por venir para la ciudadanía de a pie y, tarde que temprano, también alcanzará a los verdugos de hoy, quienes invariablemente se convertirán en las reses del mañana.

La delirante embestida del obradorato contra el Poder Judicial federal no es fortuita ni se reduce a una mera venganza de un expresidente autócrata hacia los únicos que le hicieron frente en su malhadado sexenio: forma parte de un proyecto que contempla la restauración de un régimen autocrático, de partido hegemónico, profundamente antidemocrático e iliberal, que se pensaba superado; una forma de gobierno que no admite ni tolera disidencia alguna y que, una vez destruidos todos los cauces legales para defenderse de los abusos, los cometerá sistemáticamente, de manera soez.

¿Quién se va a atrever a defender a un ciudadano de un abuso de poder? ¿Qué juez que le deba el cargo al partido oficial le va a dar la razón a un crítico o a un opositor? ¿Quién se va a arriesgar a aplicar lo que dice la ley si eso le puede provocar represalias inmediatas?

No hay especulación en estas preguntas. Esos abusos ya suceden. Solo que hasta hace poco, los ciudadanos podíamos acudir a la instancia federal para defendernos. La reforma judicial elimina esa posibilidad desde el momento mismo que no respeta legalidad alguna, que ha pisoteado la Constitución y ultrajado los derechos de las personas juzgadoras. ¿Por qué no haría lo mismo con cualquier otra?

Las conductas gorilescas de los que antes, desde la minoría opositora, reclamaban espacios de diálogo y hoy, empoderados, los cancelan, son el preludio de tiempos negros, en los que la libertad de expresión también se coartará y se buscará ahogar. También hay señales muy claras de eso.

“Ad hoc” con estos días violentos, desde el morenato obradorista, cual sicarios, decapitaron la justicia y la democracia. Y lo decidieron en una pinche “tómbola”.

 

Un crimen y muchas dudas

 

El crimen del cineasta Víctor Muro, que conmocionó a Xalapa la semana pasada, deja muchas dudas en el aire que pareciera que la Fiscalía de Veracruz quiere enterrar imputando a quien resulta más fácil cargarse.

Pero lo cierto es que no queda claro quién llamó dos veces a la policía para avisarle de la barbarie cometida a unas pocas cuadras del cuartel de San José. Ni hay una explicación sobre cómo un fotógrafo pudo cercenar un cuerpo humano con la precisión que describieron quienes vieron los restos, lo cual no cualquiera tiene capacidad de hacer.

Mucho menos resulta lógico que a quien se responsabiliza como el presunto homicida regresara, herido, a la escena del crimen, para con ese solo hecho incriminarse.

¿Qué o a quién ocultan?

 

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