10.01.2023.-El Gobierno peruano decretó un toque de queda en la zona andina de Puno, en el sur, epicentro de violentas protestas contra la Presidenta Dina Boluarte, que han dejado 17 muertos desde la víspera, anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola.
“Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana”, anunció ante el pleno del Congreso.
La región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, inició un duelo de tres días por la muerte de casi una veintena de personas en la víspera, en la jornada más violenta desde que comenzaron en diciembre las protestas contra el Gobierno tras la destitución y arresto del ex Mandatario izquierdista Pedro Castillo.
La decisión del duelo fue tomada por el Gobierno de Puno anoche, que llamó a la Fiscalía a realizar una investigación para identificar a los responsables de las muertes. En total suman 39 civiles fallecidos tras violentos disturbios en varias localidades del país, principalmente en el sur andino, desde la destitución de Castillo a principios de diciembre.
El Ministerio de Interior informó que un vehículo de la Policía fue atacado esta madrugada por “desconocidos” en la ciudad de Juliaca, en Puno. Uno de los policías resultó con múltiples heridas en la cabeza, dijo en un comunicado.
Horas después, el jefe del comando operativo de la Policía nacional, Jorge Angulo, confirmó la muerte del otro policía que iba en el vehículo.
“En este momento se le está practicando la necropsia para identificar plenamente la forma y circunstancias en que ha sido lastimado, prácticamente calcinado”, dijo Angulo a la estación de televisión Canal N.
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos en la víspera en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones, según las autoridades de salud.
Los manifestantes exigen la renuncia de la Presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, quien cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el ex Mandatario niega.
El Primer Ministro Oluarte lamentó las muertes, pero dijo que miles de personas quisieron tomar el aeropuerto de Juliaca en un “ataque organizado y sistemático” contra la Policía, financiado por dinero “oscuro” de la minería ilegal y narcotráfico
