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28.07.2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración emitirá un decreto para reforzar la transparencia en la administración pública federal, con el propósito de impedir que las dependencias clasifiquen o reserven información de manera discrecional y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. La mandataria adelantó que el documento será presentado en los próximos días como parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y consolidar un gobierno abierto.
Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que sostendrá una reunión con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, para revisar los detalles finales del decreto antes de su publicación.
“Les puedo adelantar: vamos a hacer un decreto para la transparencia”, expresó la presidenta al señalar que el objetivo es que las nuevas disposiciones legales dejen claramente establecido que las autoridades no podrán reservar información por decisión propia.
La mandataria precisó que únicamente existirán excepciones cuando la información forme parte de un proceso judicial en curso o cuando su difusión represente un riesgo real para la seguridad nacional.
“Todo el gobierno debe ser transparente”, afirmó, al insistir en que la regla general será la publicidad de la información gubernamental y no su restricción.
Sheinbaum explicó que, además del decreto, su gobierno trabaja en un paquete de reformas legales para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y cerrar vacíos normativos que puedan favorecer actos de opacidad o impunidad.
Según detalló, las propuestas se elaboran de manera coordinada entre la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de presentar iniciativas armonizadas que eviten contradicciones entre distintas leyes.
“Cada uno tiene su autonomía, pero les propuse que trabajaran de manera conjunta para construir una sola propuesta que fortalezca el combate a la corrupción”, explicó la presidenta al referirse a las mesas de trabajo que mantienen estas instituciones.
La jefa del Ejecutivo indicó que cada organismo desarrolla actualmente las modificaciones legales que corresponden a su ámbito de competencia, aunque el propósito es integrar un solo proyecto que fortalezca la fiscalización, la transparencia y la sanción de irregularidades dentro de la administración pública.
El anuncio ocurre en un contexto de transformación del sistema nacional de transparencia, luego de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones federales fueron transferidas al organismo Transparencia para el Pueblo y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras la reforma constitucional y legal aprobada en 2025. Ese nuevo modelo mantiene el derecho de acceso a la información pública, aunque bajo una estructura administrativa distinta a la que operó durante más de dos décadas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, asumió atribuciones relacionadas con la vigilancia de la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales en el ámbito federal y el diseño de políticas para prevenir actos de corrupción dentro del gobierno.
Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha sostenido que uno de los ejes de su gobierno será profundizar las políticas de combate a la corrupción impulsadas durante el sexenio anterior, incorporando herramientas digitales, simplificación administrativa y mayores controles sobre el ejercicio del gasto público.
Con el decreto anunciado, el Ejecutivo federal busca dejar explícito que las dependencias públicas no podrán reservar documentos o expedientes con criterios discrecionales y que la clasificación de información deberá limitarse exclusivamente a los casos previstos por la ley, como asuntos de seguridad nacional o procesos judiciales vigentes. La medida, adelantó la presidenta, se complementará con reformas legislativas que serán enviadas posteriormente al Congreso de la Unión para fortalecer el marco jurídico de transparencia y rendición de cuentas en México.