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/ Michel Olguín Lacunza /
La historia de Digna Ochoa, una mujer que dedicó su vida a defender derechos humanos, es una herida abierta en México. A pesar de haber denunciado amenazas, persecución y hostigamiento por su labor, el Estado le negó protección efectiva.
Tras su asesinato en 2001, la investigación oficial intentó sostener —erróneamente y a pesar de evidencia relevante— que se trataba de un suicidio. No solo se ignoraron líneas de investigación fundamentales, sino que se emprendió una campaña de desprestigio en su contra.
Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el Estado falló en protegerla, falló en investigar y falló en garantizar su derecho a defender derechos humanos.
Esa misma historia, dolorosa y vigente, es el punto de partida para entender por qué es fundamental visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras, explicó Abigail Leiva Martínez, jefa de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH).
En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora cada 29 de noviembre, la entrevistada subrayó la importancia de reconocer, visibilizar y proteger el trabajo de las mujeres que enfrentan riesgos extraordinarios por defender los derechos de otras personas.
Esta fecha busca recordar que la defensa de derechos humanos no solo implica valentía, sino también un ejercicio indispensable para la democracia, y que las mujeres defensoras continúan haciéndolo incluso en contextos donde el Estado no siempre garantiza plenamente su seguridad.
Una lucha que es incómoda
“Las defensoras rompen con estereotipos muy arraigados. No están en casa, no están calladas, no son sumisas: están confrontando estructuras estatales y sociales para defender derechos de otras personas”, explicó Leiva.
Esa fuerza —agregó la entrevistada— incomoda, provoca reacciones violentas y expone la fragilidad de los sistemas de justicia.
Pero también demuestra algo más: sin las defensoras, los derechos humanos en México avanzarían mucho más lento.
Nombrarlas para que existan
“Lo que no se nombra no existe”, afirmó Leiva. Para ella, reconocer la labor de las mujeres defensoras es indispensable para comprender también las violencias específicas a las que están expuestas: desde campañas de desacreditación hasta hostigamiento, violencia sexual, amenazas familiares y, en los casos más extremos, desaparición o feminicidio.
La entrevistada precisó que, aunque ambos términos —femicidio y feminicidio— se refieren al asesinato de mujeres por razones de género, en América Latina se usa principalmente feminicidio porque incorpora el componente de responsabilidad del Estado, tal como lo planteó Marcela Lagarde al adaptar el concepto desarrollado inicialmente por Diana Russell.
El Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, señala, es una oportunidad para visibilizar un trabajo históricamente borrado. “Durante décadas se asumió que el testimonio de una mujer era poco creíble o demasiado emocional. Esta idea sirvió para minimizar su trabajo y justificar violencias”, añadió.
Un avance que todavía no alcanza
Aunque hoy existen mecanismos de protección para personas defensoras y periodistas, su aplicación es limitada. “El propio mecanismo es insuficiente: no incorpora adecuadamente la perspectiva de género, ni atiende la interseccionalidad, ni comprende los riesgos diferenciados para las defensoras”, advirtió.
Las mujeres defensoras enfrentan un contexto doblemente adverso: además de combatir estructuras de desigualdad, lo hacen desde una categoría preexistente de vulnerabilidad. La violencia sexual, por ejemplo, es utilizada como herramienta para inhibir la defensa de derechos humanos.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) —mencionó Leiva— ha documentado cifras alarmantes sobre agresiones, desapariciones y asesinatos de defensoras en México. Incluso cuando una mujer está dentro de un mecanismo de protección, este suele fallar.
El acompañamiento desde la UNAM
En la UNAM, el PUDH entiende que una defensora no es solo quien litiga en tribunales internacionales. “Defensora es la que investiga, la que produce indicadores, la que promueve derechos. La defensa no ocurre únicamente en los juzgados”, explicó.
En la Clínica Jurídica trabajan defensoras que son abogadas y psicólogas, y juntas abordan temas que van desde derechos ambientales y derechos de las infancias hasta el derecho a hacer ciencia.
Leiva subrayó la importancia de incorporar una perspectiva de género también en la ciencia: “La ciencia ha sido históricamente androcentrista”, añadió la entrevistada. “Los cuerpos y experiencias de las mujeres no han sido la norma. Por eso faltan cosas básicas: chalecos antibalas para mujeres, cinturones de seguridad pensados para nuestra anatomía, herramientas para la salud femenina”.
Violencias que se repiten dentro y fuera de la universidad
Las represalias contra quienes defienden derechos humanos no suelen originarse dentro del ámbito universitario, sino desde el exterior, pero afectan directamente a las comunidades académicas. Las defensoras enfrentan violencia digital, mediática, amenazas, hostigamiento y, en casos extremos, feminicidio.
Lo preocupante —insiste Leiva— es que cuando ocurre un asesinato, en México no existe un protocolo especial para investigar la muerte de una defensora, lo que abre la puerta a negligencia y omisiones.
Casos como el de Lidia Cacho, perseguida y desacreditada por exponer redes de explotación sexual infantil, o el de Marisela Escobedo, asesinada tras exigir justicia para su hija, ilustran cómo la violencia contra las defensoras se alimenta tanto de agresores directos como de la impunidad institucional.
A nivel internacional, el caso de Malala Yousafzai muestra que el ataque a mujeres defensoras no es exclusivo de un país: es un patrón global contra quienes desafían estructuras patriarcales y exigen derechos.
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