*Acusan venganza por disculpa a su mamá.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
06.06.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Una nueva agresión contra una defensora del medio ambiente se registró la noche del pasado 04 de junio, esta vez, Estela Hernández Jiménez, otomí integrante del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán y del Congreso Nacional Indígena (CNI), fue víctima de tortura sexual mientras era detenida por elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
La historia de represión contra personas defensoras ambientales en esta zona se remonta al pasado 10 de junio del 2022 cuando la comunidad se movilizó en defensa del agua y contra la privatización del este recurso en el estado. La agresión contra Estela Hernández, Sergio Chávez, Jesús Torres, Leonardo García, Martín Álvarez y dos personas se enmarca en el llamado a la próxima asamblea comunitaria el próximo 14 de junio en el Pozo del Barrio Cuarto.
Hay que recordar que el 22 de febrero del 2017, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, ofreció una disculpa pública a las indígenas Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, acusadas falsamente en 2006 de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Ante defensores de Derechos Humanos, funcionarios y gente de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, el funcionario reconoció que en el pasado la PGR violó el principio de presunción de inocencia e hizo mal su trabajo por lo que era hora de reparar el daño moral causado por un delito indebidamente imputado.
Las tres indígenas, ataviadas con vestimenta tradicional, con su cabello trenzado y adornado con listones de colores, se pusieron de pie frente al auditorio para escuchar las palabras que llevaban esperando casi once años; “reconozco plenamente su inocencia”, frase que Cervantes Andrade dirigió y que fue replicada por una traductora.
Jacinta obtuvo su libertad en 2009, Alberta y Teresa, en 2010. En el caso de Jacinta, presentó su petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010. Pero dos años después, la PGR determinó que sus elementos habían actuado de manera regular, por lo que le negó la reparación.
En el caso de Alberta y Teresa, al año de salir libres (2011) también decidieron exigir la reparación del daño al Estado Mexicano, por lo que presentaron dos peticiones de responsabilidad patrimonial, primero ante la PGR, la cual un año más tarde resolvió el proceso administrativo en el mismo sentido que con Jacinta y, por tanto, les negó la reparación.
Ante ello, el Centro Pro interpuso los juicios de nulidad correspondientes ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de las sentencias emitidas por PGR. El Tribunal determinó, en dos sentencias por separado, que los servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales a Alberta y Teresa, por lo que ordenó la indemnización y el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.
En el caso de Jacinta, el fallo fue en el mismo sentido y en mayo de 2016 ordenó la reparación del daño, el reconocimiento de inocencia y la disculpa pública.
Para el abogado del Prodh, Santiago Aguirre, quien ha seguido de cerca los tres procesos, esta sentencia del Tribunal y el acto de disculpa pública son significativos porque representan, sobre todo, un triunfo de las tres mujeres que fueron encarceladas injustamente por delitos que no cometieron y porque en materia judicial se obliga a la PGR a reconocer su responsabilidad y a ofrecerles una disculpa pública.
Hasta que la dignidad se haga costumbre” fue la frase que emitió Estela Hernández, hija de Jacinta Marcial y lo hizo durante el acto de disculpa pública. Durante su discurso denunció la situación que vivió su mamá y toda su familia ante la injusticia vivida.
Vergonzosa tardanza de 11 años, dijo la hija de Jacinta, y pidió no callar
Este caso no es aislado, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desarrolló en 2022 el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, el cual fue generado como parte de un resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México:
…en un plazo de dos años, elabore un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, que incluya la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el territorio nacional, y establezca plazos anuales para la presentación de informes. En particular, el Estado deberá incluir dentro de las funciones del mecanismo la realización de un diagnóstico del fenómeno de la tortura sexual a mujeres en el país y formular propuestas de políticas públicas de manera periódica.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
Los hechos
De acuerdo con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, Estela fue detenida, torturada física y sexualmente alrededor de las 8 p.m. del pasado 4 de junio. La agresión se cometió cuando la defensora asistió al DIF de Amealco para exigir que se esclareciera la detención arbitraria de tres jóvenes en una redada quienes fueron golpeados, torturados e incomunicados.
Sin embargo, elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) arremetieron contra ella y su esposo. Según narró la defensora, en un video grabado por su hermana Sara Hernández, y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, al momento de su detención le pusieron un brazo en el cuello, la jalaron de los cabellos y le botaron un botón de su blusa exponiendo du cuerpo.
Posteriormente fue metida en una unidad de la policía junto con más mujeres y hombres para trasladarla a un Ministerio Público, más tarde, la ingresaron en un cuarto donde ejercieron violencia física y sexual contra ella. Al salir, refirió sentir intenso dolor de cabeza, dolor de la cintura, adormecimiento del lado izquierdo de su cuerpo, dolor abdominal, dolor en el pie izquierdo, cojeo y dificultad para caminar.
Estela comentó que también cometieron violencia verbal cuando le repetían: “pinches indios eso es lo que quieren…ya te tenemos ganas, nos tienes hartos”. Apuntando a una violencia por su condición como defensora del agua, territorio y de los Derechos Humanos, así como por su condición de mujer, ser de un pueblo originario, y por la condición de la comunidad históricamente vulnerada de pocos recursos económicos pero grandes en territorio, agua y cerro, señaló la organización.
«Denunciamos el brutal ataque criminal a nuestra compañera Estela Hernández que documentaba la redada ilegal y racista ejecutada en Santiago Mexquititlán por parte de elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES), continuando con las políticas de limpieza social y racial incrementando la criminalización de los pueblos que simplemente han decidido seguir existiendo, Esta acción arbitraria y grave, sumamente violenta se impuso en las calles de nuestros barrios» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
La redada horas antes
Según reportó la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, alrededor de las 6 p.m. del 4 de junio, elementos de la Policía Estatal de Querétaro, a bordo de las patrullas con número 4941, placas ER 391A y 06020, ingresaron al pueblo de Santiago Mexquititlán y detuvieron a dos jóvenes que se encontraban caminando o salían de sus domicilios.
Esto ocurrió «como si fueran levantones», pues se violó el debido proceso al no contar con un traductor, ni una orden de aprehensión. Asimismo, de manera violenta arrestaron a cinco hombres: dos en Barrio, unos en Donica y otros en Barrio sexto (este último ubicado a 30 metros del domicilio de Estela).
«Este tipo de policías han reiterado su entrenamiento por policías colombianas y certificación en Houston Texas del que presume Mauricio Kuri para su plan orden (es decir plan criminal y racista) actual gobernador de Querétaro: estas estrategias de guerra, tortura y sometimiento a poblaciones históricamente vulneradas, con crímenes de estado y graves violaciones a Derechos Humanos es para infundir terror en la población y robarnos el futuro de nuestros jóvenes pues atentan contra ellos, es para doblegarnos a vender nuestra agua y entregarles nuestra tierra» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
La organización denunció que este tipo de detenciones es una práctica común de la POES en todo el estado que ya se ha cometido varias veces contra mujeres, por ejemplo, la tortura cometida a mujeres de la comunidad de Escolásticas en donde les quitaron de $900 pesos a $15,000 pesos por delitos fabricados o cuando se han realizado ejecuciones a jóvenes por agresiones con fuerza.
Estela fue testigo del momento de la detención de uno de sus vecinos y de otros jóvenes detenidos minutos antes, por lo que no dudo en ponerse en acción cuando los habitantes de la comunidad le solicitaron su ayuda por sus conocimientos y acompañamiento como defensora. Asistió al DIF de Amealco, lugar a donde fueron llevados los detenidos, y junto a su esposo solicitaron informes sobre la razón de las detenciones, después de haberlas documentado.
Sin embargo, fueron detenidos e incomunicados. En ese lapso de tiempo, en el que no sabían nada sobre el estado de salud de Estela, familiares de las personas que se llevaron presas y de integrantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida fueron encapsulados por policías estatales de Pedro Escobedo y miembros del ejército, quienes comenzaron a intimidarlos con sus armas.
Finalmente, entre las 10:40 p.m. y las 11 p.m dejaron en libertad al resto de hombres quienes habían sido detenidos en primer lugar sin haber firmado ninguna documentación y sin permitir la comunicación con sus familias. No obstante, Estela fue liberada hasta la madrugada y la llevaron al ISSSTE para la certificación médica de las agresiones.
«Sabemos que somos dignos y rebeldes y que por eso el estado no nos perdona la disculpa pública a Jacinta Francisco, que no nos perdona no dejar que nos arrebaten nuestro tianguis, que no nos perdonan evidenciar la destrucción intencionada de nuestro templo, que no nos perdonan evidenciar la violación sistemática del estado a la clase trabajadora de la secretaria de salud, que no nos perdona evidenciar las violaciones sistemáticas que el estado realiza a la base trabajadora de USEBEQ, pero aún más no nos perdonan no pedirle permiso ni perdón al estado de existir» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Violencia contra mujeres defensoras
La criminalización contra las personas defensoras de la tierra o del territorio no es un hecho aislado, se trata de una práctica que atenda contra sus derechos a salvaguardar la vida de la naturaleza, el agua, los ríos, las montañas, los bosques, la semillas y la diversidad de especies animales.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Im-defensoras) apunta que la mayoría de quienes defienden la tierra son mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que viven en zonas rurales, por lo que les ha tocado trabajar la tierra a la par de que históricamente fueron excluidas de poder ser prioritarias de estas y de tomar decisiones sobre los territorios ante las políticas coloniales que han terminado por eliminar las cosmovisiones de varios pueblos originarios.
Sin embargo, su lucha es perseguida por intereses económicos que busca la apropiación de tierras y territorios obligándolas a vivir distintas violencias. Datos de Im-Defensoras señalan que entre 2012 y 2024 se contabilizaron 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra en Mesoamérica, siendo que 35 mujeres fueron asesinadas.
También apuntaron que México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra mujeres representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente, pero en Honduras tuvo un alza de 62%. En ese mismo periodo, se documentaron 738 agresiones vinculadas acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos etnias.
En 2023, el informe de Global Witness informó que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medio ambiente.
En adherencia, en Centroamérica el 80.2% de los conflictos socioambientales están relacionados con minerales y materiales de construcción, uso de la tierra para actividades de agricultura, pesquería, ganadería y forestería; la gestión del agua, el combustible fósil y el cambio climático, según mencionó el Estado de la Región.
