*Rezago histórico en investigaciones.
/Darío Pale /
04.12.2025 Xalapa, Ver.-La defensora de derechos humanos Anahí Palacios Pérez informó que persisten pendientes importantes en la coordinación institucional para atender los casos de desaparición en Veracruz, pese a algunos avances con la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Búsqueda.
Palacios explicó que, desde el Instituto al que pertenece, se ha buscado formalizar un acercamiento técnico con las autoridades estatales, sin embargo, este aún no se ha concretado.
Recordó que el pasado 26 de agosto, durante la primera sesión ordinaria del Mecanismo Estatal de Coordinación 2025, el Instituto asumió la responsabilidad de diseñar una metodología de consulta a familias sobre el Programa Estatal de Búsqueda, documento que todavía no existe en Veracruz.
Añadió que, aunque en la administración anterior se destinaron recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, con los nuevos cambios en el gobierno estatal —incluida la llegada de una nueva titular de la Comisión Estatal de Búsqueda— las expectativas de las familias continúan abiertas. “Hay apertura y coordinación, sobre todo entre Fiscalía y Comisión de Búsqueda, pero aún falta materializar muchas cosas”, afirmó.
Rezago histórico en investigaciones
La defensora recordó que en Veracruz hay casos de desaparición registrados desde 2005, muchos de los cuales siguen sin resolución. “Los casos de larga data han sido objeto de exigencias constantes; deben ser atendidos, especialmente aquellos que se dieron en contextos donde las autoridades formaron parte de los perpetradores”, sostuvo.
Agregó que el Mecanismo Estatal de Coordinación —presidido por la Secretaría de Gobierno— reúne a múltiples instituciones: Fiscalía Especializada, Dirección de Periciales, Salud, Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos. Desde ese espacio, dijo, han emitido recomendaciones para mejorar la atención y enfrentar el alto rezago en investigaciones.
Palacios destacó que uno de los principales reclamos es la falta de escucha hacia las familias, tanto por parte de autoridades como del Congreso del Estado. Recordó que la semana pasada un grupo de familiares fue impedido de ingresar a una sesión nocturna donde se discutía una reforma constitucional relacionada con la Fiscalía.
“La ciudadanía afectada no tiene voz. Las familias llevan años con sus exigencias; algunas, como una compañera que busca a su hermano desde hace 15 años, siguen sin respuestas”, lamentó.
En el reciente evento de colocación del “Árbol de la Esperanza”, colectivos también pidieron la creación de protocolos efectivos y la consolidación de mecanismos de seguimiento, ya que muchas de las promesas quedan sin continuidad.
Retos ante reformas y nuevos cambios
Con la reciente reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, la Fiscalía de Veracruz deberá crear cinco nuevas unidades especializadas, lo cual implicará recursos adicionales que aún no están garantizados. “Se habla de inversiones como 50 millones de pesos para identificación humana, pero nadie explica cómo se va a financiar la creación de estas nuevas unidades”, mencionó.
La defensora también señaló que las fiscalías en México enfrentan problemas de autonomía, y que en Veracruz persisten señalamientos y peticiones de remoción de la actual fiscal, así como cuestionamientos sobre perfiles que se mencionan para posibles relevos. Entre ellos, señaló el nombre de Diego Castañeda, quien, aunque no ha sido propuesto oficialmente, es señalado por presuntos actos de corrupción.
Sobre la reforma para designar a la Fiscalía
Respecto a la reforma que modifica el proceso de designación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, Palacios explicó que esta fue aprobada por más de 120 ayuntamientos, pero sin participación ciudadana.
“Es una reforma que se copió del ámbito federal; no es mala en sí misma, pero las formas fueron profundamente negativas. La sesión se hizo sin permitir el ingreso de familias ni ciudadanos; solo había invitados del gobierno. Eso va en contra del espíritu de la reforma”, señaló.
Finalmente, sostuvo que es urgente que tanto la gobernadora del Estado como el secretario de Gobierno fijen una postura clara para garantizar que tanto colectivos como familias no organizadas sean escuchadas y consideradas en las decisiones públicas relacionadas con la búsqueda de personas.
