- Exigen liberar a Ruth López.
/ Escrito por Paola Piña /
22.07.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.– Tras 25 años de operaciones, Cristosal, una de las principales organizaciones dedicadas a denunciar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, ha anunciado la suspensión de sus labores y el abandono del país, ante la creciente criminalización contra defensoras de derechos bajo el régimen del gobierno de Nayib Bukele, señalado por diversas organizaciones de silenciar sistemáticamente a quienes critican su régimen y además exigen la liberación de la defensora Ruth López.
Uno de los casos más representativos de esta represión es el de Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito. Tanto ella como la organización han negado las acusaciones, denunciando que se trata de una venganza política debido a sus investigaciones y a su voz crítica frente a un gobierno que presume un aparente progreso.
El 4 de junio se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Ruth López, defensora de derechos humanos, quien fue detenida con una serie de irregularidades, se documentó que ha tenido cambio el supuesto delito, problemas en el debido proceso y presunción de inocencia.
De acuerdo con Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), tan solo en marzo de 2024, se contabilizaron 923 agresiones contra 23 defensoras y 2 organizaciones o grupos que de igual manera representó el 13% de las 7 mil 345 agresiones registradas en el conjunto del año.
Las agresiones tuvieron como principal objetivo a las defensoras de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (26%), de la tierra y el territorio (23%), de la participación política (15%) y de la libertad de expresión (15%). Además, IM-Defensoras identificó discriminación por razones de género en más de la mitad de las agresiones documentadas.
Para IM-Defensoras, estas agresiones buscan desarticular el poder colectivo de las defensoras, generar afectaciones que limiten su derecho a manifestarse pacíficamente e infundir miedo para que se abstengan de participar en movilizaciones futuras.
Cabe señalar que desde su llegada al poder en 2019, Bukele comenzó a sentar las bases de un gobierno autoritario, que se consolidó en 2022 con la implementación del estado de excepción bajo el argumento de combatir a las pandillas. Sin embargo, esta medida provocó un recrudecimiento de violaciones a derechos humanos y casos de tortura por parte del Estado, denunciados por defensoras y periodistas, quienes han sido amenazadas, obligadas al exilio o incluso criminalizadas. De acuerdo con la Organización Mundial Contra la Tortura, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos permanecen encarceladas en el país.
Para Cristosal, este hecho representó el “punto de quiebre” que los obligó a cesar sus actividades en el país. No fue el único caso de hostigamiento, pues integrantes del equipo también denunciaron vigilancia e intimidaciones por parte de la policía.
En el marco del régimen de excepción en El Salvador, Amnistía Internacional (AI), señaló que
«Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado, dijo Amnistía Internacional hoy, tras llevar a cabo una investigación de crisis en el país».
La represión no ha sido exclusiva contra defensoras de derechos humanos, sino que también ha impactado de manera severa a periodistas. El pasado 1 de junio, el medio El Faro El Salvador anunció que todos sus integrantes se exiliarían en Guatemala, ante el temor de detenciones arbitrarias, tras publicar una investigación que reveló acuerdos entre pandillas y el gobierno de Bukele. El primer capítulo, titulado “Las confesiones de Charli”, fue publicado el 1 de mayo, y generó una reacción violenta del gobierno.
En su fotoreportaje “Retrasos de un nuevo exilio”, El Faro El Salvador documentó la difícil situación de sus periodistas, señalando que, hasta el 13 de junio, al menos 40 habían sido recurrido al desplazamiento forzosado, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de El Salvador, lo cual definió como un “éxodo masivo”. Aunque se desconoce el número exacto de defensoras y defensores exiliados tras la detención de Ruth López, se sabe que muchos también han abandonado el país por seguridad, tal y como los integrantes de Cristosal.
Una de las periodistas exiliadas es Aracelí, quien llegó a Guatemala el 8 de junio, confesó que uno de los principales motivos de su salida fue proteger a su familia, ante el temor de represalias. «A través de este trabajo podemos ser testigas del miedo, el cansancio y la ansiedad que embarga a aquellas mujeres que han tenido que abandonar su país por su labor de defensa», afirmó.
Aunque esta crisis se ha agravado desde 2022, el hostigamiento contra Cristosal y medios críticos comenzó mucho antes, con acciones encubiertas como el espionaje mediante Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group para infiltrar dispositivos móviles. Aunque fue diseñado para combatir el terrorismo, se ha documentado su uso contra activistas, periodistas y figuras de oposición en varios países, incluido El Salvador.
Tanto Cristosal como El Faro han sido blanco de este espionaje. En el caso del medio, se detectó la intervención de los teléfonos de 22 periodistas, según una investigación realizada entre septiembre y diciembre de 2021 por Citizen Lab, laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto.
“No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro fue espiado. Todo apunta, según los peritajes, al gobierno salvadoreño”, denunció el medio.
Otro factor clave que ha acelerado este éxodo es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. La legislación obliga a cualquier persona o entidad que reciba financiamiento internacional a registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Aunque el gobierno sostiene que la ley busca fomentar la transparencia, organizaciones como Human Rights Watch han advertido que en realidad otorga al Estado amplias facultades para controlar, estigmatizar y sancionar a medios y organizaciones independientes.
La ley contempla multas, suspensión o cancelación de la personería jurídica para quienes no se registren, además de un impuesto del 30 % sobre todo financiamiento extranjero, incluidas donaciones y pagos.
“La Ley de Agentes Extranjeros busca silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las negociaciones secretas entre los líderes de las pandillas y el gobierno de Bukele”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
A pesar del clima de persecución, Cristosal ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, y continuará su labor desde el exilio, enfrentando la censura y el hostigamiento de un gobierno que ha vulnerado la dignidad de defensoras, defensores y periodistas.
“Por Ruth López, por Alejandro Henríquez, por José Ángel Pérez, por Enrique Anaya, por cada víctima del régimen, por cada persona silenciada o desaparecida, por cada madre que aún espera justicia: Cristosal no se detiene. Sigue. Más libre. Más firme. Más necesaria que nunca”, concluyó Cristosal
El Salvador, país que viola derechos humanos de mujeres
En El Salvador, el aborto está completamente penalizado desde 1988, sin excepciones incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer o niña embarazada está en peligro. Esta legislación ha tenido consecuencias devastadoras, pues ha costado la vida de muchas mujeres y niñas, y ha llevado a otras a enfrentar sentencias de hasta 40 años en prisión.
El pasado 14 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró a El Salvador responsable por vulnerar los derechos fundamentales de Beatriz, una mujer con un embarazo de alto riesgo, a quien el Estado le negó la posibilidad de abortar, ya que no está legalizado en el país. Actualmente, este caso es un ejemplo de la situación que viven las mujeres en Latinoamérica ante la prohibición del aborto.
El 20 de diciembre del 2024, la decisión de la CoIDH estableció que el Estado salvadoreño violó su derecho a la salud, a la protección jurídica, a la vida privada, y a la integridad personal de Beatriz y su familia.
De acuerdo con el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en El Salvador fue de 10 mil 352 en 2022, por lo que se ubica entre los primeros 50 países, de 236, con el mayor número de embarazos entre los 10 y 19 años.
Actualmente no se dispone de una cifra exacta sobre el número de abortos realizados en El Salvador. Sin embargo, según datos proporcionados por Amnistía Internacional, entre 2005 y 2008 se registraron 19 mil 290 abortos en el país, de los cuales más de una cuarta parte involucraron a mujeres menores de 18 años.
Ante la prohibición total del aborto en El Salvador, la ONU ha exigido al país cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y poner fin a esta restricción absoluta. A pesar de estas recomendaciones, las mujeres salvadoreñas continúan enfrentando las consecuencias de un sistema que les niega el acceso a un aborto seguro y gratuito, poniendo en riesgo su salud e integridad.
