- Escrito por Wendy Rayón Garay
09.02.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Tanto organizaciones de la sociedad civil como defensoras de derechos humanos señalaron que las acusaciones sobre actos de corrupción en contra de Sayuri Herrera Román, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encuadran con la violencia política en razón de género reconocida ante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con el artículo 20º de esta ley, la violencia política es toda acción u omisión, basada en elementos de género, que tenga por objeto anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales contra las mujeres. Además, es perpetrada por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas, dirigentes de un partido político, simpatizantes, personas precandidatas, e incluso medios de comunicación.
En el caso particular de Sayuri Herrera, las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos explicaron que las faltas en las que se incurre son en las fracciones IX, X y XI en donde se hacen difamaciones que descalifiquen sus funciones públicas con base a estereotipos de género, la divulgación de información privada de una mujer funcionaria y la amenaza o intimidación.
¿El motivo de este ataque? El caso de Mafer Turrent, víctima de violencia vicaria a manos de su ex esposo Edgar N y quien pasó una semana en prisión preventiva por el cargo de retención de menores, evidenció las prácticas, actos de violencia y corrupción contra las mujeres cuyo agresor utiliza el poder político y económico para intervenir en el sistema de justicia con ayuda del poder judicial, según apuntó Citlali Hernandez, titular de la Secretaría de Mujeres.
El caso generó indignación, ya que anteriormente Mafer Turrent advirtió las intenciones de las autoridades mexicanas y de Edgar N. Por los que, Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de la Ciudad de México, anunció que no se tolerará la manipulación del sistema con recursos públicos o aprovechamientos de vínculos con el poder y ordenó la sustitución del titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia de la que Sayuri Herrera también estaba a cargo.
Sin embargo, las acusaciones sobre corrupción dentro de la FGJCDMX también recayeron sobre Sayuri Herrera, pero según explicaron las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, se trata de un intento por hacerla renunciar a su cargo debido a las resistencias por la forma en que se ha desenvuelto como Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género, violencia que se ha reproducido en medios de comunicación.
“En un contexto donde la violencia contra las mujeres alcanza niveles alarmantes, los ataques contra la Maestra Sayuri Herrera, no solo ponen en riesgo su seguridad y la de su familia, sino que también envían un mensaje preocupante al movimiento de mujeres, feministas y de victimas”. -Organizaciones de la sociedad civil y defensoras
El nombramiento de Sayuri Herrera
Recordemos que Sayuri Herrera es licenciada en Derecho por la UNAM y en Psicología por la UAM, también cursó una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. No obstante, ha sido clave en el movimiento social por la justicia de las niñas, mujeres y víctimas de violencia feminicida en el país.
Debido a su alta calificación para el cargo, el 8 de marzo de 2020, fue nombrada como la primera Fiscal Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México. Tuvo el apoyo total de las organizaciones de la sociedad civil, así como defensoras de derechos humanos gracias a su papel como asesora jurídica de Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, en mayo de 2017.
Dentro de la FGJCDMX también logró varios avances significativos como el incremento en el número de judicializaciones, la reclasificaciones y consignación de casos que estaban archivados desde hace mucho tiempo y que habían sido calificados como suicidios o accidentes,y el aumento en el porcentaje de acreditaciones de muertes violentas de mujeres como feminicidios.
También mostró su apoyo y colaboración en casos como el de Julio César Mondragón, víctima asesinada la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en el de Yessica Guzmán, perteneciente a la organización Rosas Rojas, logrando que su caso se clasificará como feminicidio.
Sus acciones la hicieron idónea para convertirse en la titular de la Coordinación a general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, estando a cargo de las fiscalías de delitos sexuales; violencia familiar; trata de personas; de niñas, niños y adolescentes; y de los centros de atención a victimas.
Peticiones de las organizaciones y defensoras hacia la Fiscal de la CDMX
A través de una carta dirigida a Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Peo Persona, el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) expresaron su preocupación hacia las acusaciones sobre Sayuri Herrera y el sistema de justicia en donde las mujeres son afectadas.
«En los últimos días han salido a la luz prácticas y actos de violencia y corrupción en casos de violencia contra las mujeres y contra niñas y niños en el ámbito familiar, en el que los agresores usan su poder político y económico para manipular y corromper el sistema de procuración y administración de justicia como una más de sus estrategias para violentar a las mujeres, denunciándolas por otros delitos, sustrayendo a sus hijas e hijos y utilizando las instituciones para asegurar su impunidad”
Por lo que, hicieron un llamado a las autoridades, en particular a Bertha María Alcalde para:
- Garantizar la seguridad de Sayuri Herrera y su familia, y valorar los resultados de su labor en la Fiscalía.
- Fortalecer cada una de las fiscalías que integran la Coordinación de delitos de género, a través de una evaluación profunda de sus condiciones de operación, desde sus espacios de atención, la carga laboral asignada a cada personal, hasta la profesionalización y actualización de todo su personal, incluyendo el área de periciales, y garantizar el respeto de los derechos laborales y la garantía de condiciones dignas y reforzadas ante este trabajo de gran impacto en quienes lo realizan, y de prioridad para la sociedad.
- En los casos en los que se presenten denuncias de supuesta corrupción, se realicen las investigaciones correspondientes para dar certeza jurídica a todas las partes, sancionando a los servidores públicos responsables y aclarando la situación cuando las acusaciones son infundadas.
- Tomar medidas para que estas prácticas en las que se utiliza a la Fiscalía para fabricar delitos contra las mujeres que son víctimas de violencia familiar, incluyendo a sus hijos, sean prevenidas a través de mecanismos de coordinación y control, aplicando la perspectiva de género y el análisis integral del contexto de todas las partes.
