Defender a las defensoras ante ataques y calumnias para cambiar la realidad y construir la justicia.
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 7 de diciembre de 2018.- En el informe regional sobre agresiones a mujeres defensoras en 2015 y 2016, se señala que al menos 2,197 defensoras fueron objeto de algún tipo de agresión en El Salvador (102), Guatemala (231), Honduras (810), México (862) y Nicaragua (192), lo que supone 30% de incremento sobre el período anterior.
La Red Nacional de Defensoras de DDHH en México a través de un comunicado señala que las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales fueron las más agredidas, en sintonía con lo que parece ser una constante global. Nuevamente, los Estados aparecen como los principales responsables de las agresiones: policías, militares, funcionarios públicos o autoridades de diverso nivel de gobierno fueron identificados como los atacantes en 54% de los casos. Junto a agresiones más frecuentes como intimidaciones o amenazas, comienza a resultar muy preocupante el uso sistemático de la criminalización como un instrumento para castigar e inhibir la labor de las mujeres defensoras.
Estos datos concuerdan con el contexto que vive la región, caracterizado por la profundización del modelo extractivista, el auge de los grupos fundamentalistas anti-derechos con cada vez mayor incidencia en las políticas estatales y la opinión pública, la militarización, la violencia social y, de manera específica, la violencia misógina, feminicida y los crímenes de odio, la desigualdad, el racismo, la impunidad o el cierre del espacio democrático, como algunos de los elementos más destacados.
Esta situación, durante el último año, lejos de mejorar, se ha agravado y, en casos como los de Honduras y Nicaragua, de forma muy alarmante hasta el punto de haber sumido a ambos países en una grave crisis de derechos humanos cuyos efectos se dejan sentir en toda la región, como testimonian las miles de personas nicaragüenses y hondureñas exiliadas o desplazadas y, de forma paradigmática, la Caravana Migrante que actualmente se encuentra atravesando México en dirección a la frontera con Estados Unidos.
El impacto de este contexto sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres tiene consecuencias muy específicas: feminización de la pobreza, feminicidios, violencia sexual, redes de trata, penalización del aborto, presas políticas, exiliadas, estigmatización, restricciones al acceso a la verdad y la justicia… Quizás por ello, es que también de cada vez más mujeres alzamos nuestras voces y nos organizamos para denunciar y combatir colectivamente contra las políticas de muerte que acechan nuestros cuerpos y territorios.
En Morelos se incrementan los ataques a mujeres que defienden sus derechos laborales y además de ser víctimas de despidos sufren calumnias y campañas de desprestigio.
Igualmente señalan que en los últimos años arrecian agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos. En dos meses ocurrieron ocho agresiones contra defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en México. “Las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) alertamos sobre el notable incremento de los ataques contra las centinelas de estos derechos”.
Para inhibir su labor, las defensoras padecieron amenazas de muerte, ataques cibernéticos y diversos actos de intimidación y hostigamiento, ya sea vía directa o electrónica. También fueron blanco de campañas de odio y descrédito, por parte de reconocidos personajes del conservadurismo mexicano.
“Demandamos al gobierno mexicano que garantice a nuestras compañeras el ejercicio de su labor de defensa en condiciones de seguridad e igualdad, tomando en cuenta que el contexto actual agrava su nivel de riesgo. Le demandamos también que, en el marco de sus obligaciones, investigue y sancione sin demora estas agresiones, pues la impunidad permite que continúen y que se agraven”.
Finalmente demandan al Estado mexicano que emprenda las acciones necesarias para garantizar el cese definitivo de las violencias de grupos fundamentalistas, ya que, como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, el actuar de estos grupos representa una de las principales amenazas contra el sistema de derechos humanos y especialmente contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI.
