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/Ruth Zavaleta Salgado/
Hace cuarenta años, en el Distrito Federal, los ciudadanos no tenían derecho a elegir a sus gobernantes ni a sus diputados locales. El presidente de la República nombraba un regente que se hacía responsable de la administración pública general y un delegado en cada una de las 16 demarcaciones territoriales, todos de su mismo partido: el PRI. Varios de esos administradores eran nombrados sin vivir en el Distrito Federal, y, por supuesto, sin haber competido por el cargo, por lo tanto, poco o nada les importaba hacer buenos gobiernos. De esta forma, los servicios públicos eran deficientes, las colonias de las delegaciones periféricas, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, estaban en el abandono, varias calles sin pavimentación, sin servicio de drenaje ni agua potable ni alumbrado público ni servicio de recolección de basura, mucho menos había infraestructura de transporte público. Pero, también, las colonias del centro histórico que albergan los edificios de los Poderes de la Nación, enfrentaban sus propios problemas, unos visibles, como la inseguridad y la pobreza, y otros escondidos atrás de las puertas de las viejas vecindades y edificios construidos siglos atrás: el hacinamiento y la falta de mantenimiento (problema que se agravó a partir del decreto de rentas congeladas de 1942).
Fue el terremoto de 1985 el que desnudó esta problemática, pero con un costo muy doloroso. El trágico movimiento del 19 de septiembre y su réplica un día después, dejo miles de muertos e incontables pérdidas materiales, pero, sobre todo, una dolorosa lección sobre lo fundamental que es vivir en democracia. Porque si los ciudadanos deciden quién gobierna, entonces los gobernantes están obligados a hacer buenos gobiernos (aunque no siempre lo logran). En ese entonces, frente a la emergencia, el regente y los delegados actuaron con negligencia y las víctimas no recibieron apoyo inmediato, pero como no habían sido electos, sino designados como empleados del gobierno federal, de poco o nada se les pudo responsabilizar.
La desesperación, el dolor y el coraje de los ciudadanos que perdieron todo, motivó a que miles de personas se organizaran y salieran a las calles a protestar y a exigir sus derechos como ciudadanos. Fue así que, bajo la presión ciudadana, en 1987, comenzó la transformación democrática de la Ciudad de México, primero con la posibilidad de tener una Asamblea de Representantes, que sólo tenía facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, pero, en 1993, se le ampliaron sus funciones a legislativas. Posteriormente, en 1997, por primera vez, los capitalinos pudieron votar por un jefe de Gobierno, que resultó ser el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bajo las siglas del PRD; y, tres años después, en el año 2000, por fin, se pudo votar por los jefes delegacionales. A partir de la reforma constitucional de 2016, el Distrito Federal tiene el nombre de Ciudad de México y tiene su propia Constitución, así mismo, las demarcaciones territoriales son alcaldías; y, la Asamblea de Representantes tiene el nombre de Congreso de la Ciudad de México y goza de funciones plenas legislativas, como en cualquier otro estado de la República.
Es de esta forma que, 40 años después, podemos decir que el legado de los movimientos ciudadanos que surgieron como consecuencia de aquel trágico día, es que la Ciudad de México es una de las entidades más democráticas de la República, porque cuenta con una de las estructuras jurídicas más robustas a favor de los derechos y libertades de las personas; porque los ciudadanos son de los más participativos en cuanto a la defensa de la democracia (por ejemplo, el movimiento de la Marea Rosa que surgió para defender la autonomía del INE) y es punta de lanza en cuanto a la lucha por la igualdad de las mujeres y los derechos de las minorías; así queda claro con las manifestaciones masivas cada 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), cada 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y cada 28 de junio (Día Internacional del Orgullo LGBTQ+).
