*El Ágora
/ Octavio Campos Ortiz
“Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado”. Juan Ramón Jiménez en Fahrenheit 451.
Desde la Carta Magna de 1917 el Constituyente ponderó la libertad de expresión como irrenunciable garantía individual que garantiza el desarrollo de un régimen republicano, representativo y democrático. La Ley de Imprenta marcó límites a esa libertad de pronunciarse. Los gobiernos postrevolucionarios, con sus “asegunes”, comprendieron la necesidad de contar con medios de comunicación y de manifestación como tribunas de la opinión pública para canalizar la legítima protesta o descontento social. Ni el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, satanizado por la matanza de Tlatelolco, se atrevió a la represión total de la prensa, optó por la cooptación de los propietarios de los medios o la compra de periodistas. El populista Luis Echeverría -artífice del aplacamiento del movimiento estudiantil del 68 y del halconazo en 1971-, no solo elevó a rango constitucional el derecho a la información, sino que lo reglamentó; incluso en los medios estatales se dio una apertura democrática.
Fue a partir de los sexenios autonombrados de la 4T cuando se inició la cacería de brujas para desaparecer a la prensa como auditor del gobierno. Con el cierre de medios, el despido de opinadores, el control informativo, la concentración de la información oficial y la compra de creadores de contenido -que se arrogan el título de periodistas- para atacar a los verdaderos comunicadores, el ex presidente tabasqueño optó por la opacidad y decidió desaparecer al cuatro poder como parte de su proyecto político para demoler la democracia e instaurar la figura imperial de un presidencialismo omnímodo, omnipotente y omnipotente, sin contrapesos. Y van muy avanzados. Solo faltaba el último baluarte de nuestra democracia: los medios de comunicación.
Un abyecto Congreso que aprueba cualquier cantidad de leyes sin quitarle una coma y nuevos jueces que jamás atenderán los reclamos de justicia de los gobernados en menoscabo del derecho de amparo, permiten la represión informativa y la censura como forma de gobierno. Quien pierde es la sociedad civil. La comunicación será reemplazada por la propaganda y al estilo estalinista o de la Gestapo habrá censores que aprueben lo que se debe leer, escuchar o ver. Los noticieros solo difundirán comunicados oficiales y alentarán la obnubilación social, tendremos un México maravillo sin pobreza, desigualdad ni abusos de poder. Novelas como 1984, Fahrenheit 451 o películas como Cuando el destino nos alcance no serán del género distópico, sino costumbrista. El cine será como el de los nazis, evocación de tiempos idílicos que enaltezcan no la superioridad de la raza, sino de la 4T.
La ideologización de la información y la censura son los signos de los nuevos tiempos. Juzgadores de consigna, como jueces de horaca y cuchilla, sancionan legislaciones oscurantistas que hacen omnipotentes a impresentables gobernadores o funcionarios de cualquier nivel para que los súbditos medievales rindan pleitesía, ofrezcan disculpas y esperen el magnánimo perdón de los nuevos sátrapas.
El pueblo de México es digno de otro destino, merece una prensa libre y con responsabilidad social. Todavía hay periodistas que honran la profesión de informar. Hoy más que nunca tiene vigencia la frase del poeta y autor de Platero y yo: “si os dan papel pautado, escribid por el otro lado”. El mejor homenaje a los periodistas asesinados en México es no claudicar ante un régimen totalitario.
Apostilla: Otro embate de la 4T contra la convivencia pacífica es el discurso de odio y xenofóbico que alimentan los morenistas contra quienes escogen a la CDMX para vivir o turistear. En su desesperación por no poder con los deseos intervencionistas de la Casa Blanca crean un sentimiento adverso a los extranjeros -gringos go home-, y patrocinan marchas vandálicas de resentidos sociales al estilo de las SS hitlerianas, para exigir la salida de fuereños de la Roma y la Condesa con el pretexto de la gentrificación. Más que el mensaje antiyanqui, se busca regresar a las rentas congeladas de los cuarentas, donde gente si recursos tenía acceso a inmuebles de particulares, quienes, ante la imposibilidad de incrementar los alquileres, dejaron en el abandono sus propiedades y propiciaron la expropiación o el despojo.
De prosperar la estrategia, pronto edificios que se caerán a pedazos y serán ocupados por ambulantes, indigentes o almacenarán bodegas de piratería. Si les preocupa tanto el desplazamiento de comunidades originales, ¿porque no pensaron lo mismo con los edificios que construyó el INVI o el Infonavit sobre vecindades en la Guerrero, Tacubaya, Santa Julia o la Anáhuac?
