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Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) entregó pruebas de la tortura, tratos crueles e inhumanos, fabricación de culpables, represión política y condiciones carcelarias de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, durante la tercera visita oficial a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU.
De acuerdo con la información del Frayba, al menos 20 casos de tortura y violaciones a derechos humanos se registraron en el sistema carcelario de Chiapas entre 2010 y 2025, de los cuales cuatro corresponden a personas privadas arbitrariamente de su libertad y torturadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en los municipios de Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Entre los casos recopilados, el Frayba destacó el caso de Óscar Trinidad Carvajal, detenido el 4 de noviembre de 2025 y actualmente recluido en el CERSS Número 3, «sin atención médica ni cuidados adecuados para su recuperación tras la tortura sufrida». «Asimismo, el joven estudiante Yonny Ronay Chacón González, detenido y torturado el 3 de marzo de 2019, fue sentenciado a 31 años con 6 meses de prisión por un delito que no cometió», expuso el centro de derechos humanos.
Además de la tortura y los tratos crueles, los detenidos que ingresan a los CERSS enfrentan trabajos forzados, mala alimentación, falta de atención médica, hacinamiento y constantes amenazas «tanto de grupos de autogobierno internos como de las propias autoridades penitenciarias», agregó el Frayba. Dentro de las celdas, continuó, los presos han denunciado cateos, robo de pertenencias, extorsiones tanto de otros internos como del personal del CERSS, trabajos forzados y la obligación de pagar un «impuesto» para poder utilizar las literas.
«En Chiapas, la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura fue clausurada y, en abril de 2025, se instauró la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos. Hasta la fecha, esta instancia no ha generado avances significativos», acusó el centro de derechos humanos.
Frente a la tortura como «práctica generalizada» en las cárceles de Chiapas, el Frayba exigió a las autoridades mexicanas actuar contra «el autogobierno y la corrupción» en los CERSS de y que las denuncias por tortura y malos tratos no queden en la impunidad, a través de investigaciones «de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales».
Finalmente, demandó que las declaraciones obtenidas bajo tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento y e insistió en la necesidad de respetar el derecho a la dignidad de las personas privadas de la libertad, «garantizando la seguridad e integridad física y psicológica tanto de los internos como de sus familiares».
A continuación el comunicado completo:
El Subcomité para la Prevención de la Tortura[1] (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita oficial a México. En el marco de su mandato, el SPT acude a lugares de privación de la libertad —prisiones, instalaciones militares, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias— para evaluar el trato que reciben las personas y sostener entrevistas bajo el principio de estricta confidencialidad, con el fin de evitar represalias. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aportó información sobre la situación de la tortura y las condiciones carcelarias en Chiapas. Esta fue la tercera visita oficial del SPT a México, tras las realizadas en 2008 y 2016.
La documentación que realizamos da evidencia que las violaciones a los derechos humanos en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) persisten. Desde el momento mismo de la detención, diversas personas privadas de libertad son sometidas a actos de tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, siguiendo patrones de fabricación de culpables y represión política. Al ingresar a los CERSS, enfrentan además trabajos forzados, mala alimentación, falta de atención médica, hacinamiento y constantes amenazas tanto de grupos de autogobierno internos como de las propias autoridades penitenciarias.
A pesar de las reformas y de la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tortura continúa siendo una práctica generalizada. La falta de acceso a la información, tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), constituye una barrera para obtener datos públicos, afectando la democracia y limitando la posibilidad de mejorar las condiciones en los centros de detención.
Hemos documentado 20 casos de tortura y violaciones a derechos humanos en el sistema carcelario entre 2010 y 2025. Cuatro de ellos corresponden a personas privadas arbitrariamente de su libertad y torturadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en los municipios de Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Destaca el caso de Óscar Trinidad Carvajal[2], detenido el 4 de noviembre de 2025, actualmente recluido en el CERSS No. 3, sin atención médica ni cuidados adecuados para su recuperación tras la tortura sufrida. Asimismo, el joven estudiante Yonny Ronay Chacón González[3], detenido y torturado el 3 de marzo de 2019, fue sentenciado a 31 años con 6 meses de prisión por un delito que no cometió.
Las denuncias de las personas privadas de la libertad y de sus familiares revelan que la situación carcelaria es inadecuada debido a la sobrepoblación. Existe una segregación injustificada en celdas con condiciones precarias, lo que impide a los internos y a sus familias sostenerse económicamente. En circunstancias específicas, la autoridad cobra un 10% por el ingreso de materiales y la venta de productos, utilizándolo como forma de sanción o castigo. Los traslados injustificados continúan siendo un problema constante que expone a los internos a situaciones de vulnerabilidad y desventaja, llegando incluso a obstaculizar la reinserción social con sus familias o el desarrollo de sus procesos penales, ya que en muchos casos no son trasladados junto con sus expedientes, lo que provoca el incumplimiento del principio de continuidad.
En materia de salud, los internos presentan de manera recurrente dolores de estómago y vómitos debido a la ingesta de alimentos en mal estado, sin recibir atención médica adecuada. La mayoría padece estrés postraumático y ansiedad generalizada. Dentro de las celdas han sufrido cateos, robo de pertenencias, extorsiones tanto de otros internos como del personal del CERSS, trabajos forzados y la obligación de pagar un “impuesto” para poder utilizar las literas.
En Chiapas, la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura fue clausurada y, en abril de 2025, se instauró la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos. Hasta la fecha, esta instancia no ha generado avances significativos.
Frente a ello, exigimos a las autoridades mexicanas tomen acciones contra el autogobierno y la corrupción en los CERSS de Chiapas. Asimismo, demanda que las denuncias por tortura y malos tratos no queden en la impunidad, que se realicen investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales, y que las declaraciones obtenidas bajo tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento. Es indispensable respetar el derecho a la dignidad de las personas privadas de la libertad, garantizando la seguridad e integridad física y psicológica tanto de los internos como de sus familiares.
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[1] ONU. (2026, enero 22) México: Organismo de la ONU para la prevención de la tortura regresa al país en busca de avances concretos. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/01/mexico-un-torture-prevention-body-returns-seeking-concrete-progress
[2] La Silla Rota. (2026, enero 12). El comerciante que murió por tres minutos tras golpiza de policías. La Silla Rota. https://lasillarota.com/estados/2026/1/12/el-comerciante-que-murio-por-tres-minutos-tras-golpiza-de-policias-578526.html
[3] Relatores Especiales de la ONU. (2025). Solicitud de información del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; del Relator Especial sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. Naciones Unidas. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25210
Estado mexicano. (2025). Respuesta a la solicitud de información de los Relatores Especiales de la ONU. Naciones Unidas. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36715
