* Información periodistica hablan de por los menos dos muertes de estudiantes por tales novatadas.
* El gobierno estatal y federal permanecen omisos ante las denuncias.
29.07.2026 Chiapas.- Una denuncia colectiva presentada por padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso colocó nuevamente bajo el escrutinio público a la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que decenas de jóvenes señalaran haber sido sometidos a presuntas novatadas que incluyeron actos de violencia física y psicológica, restricciones de alimentos y agua, así como condiciones que pusieron en riesgo su salud.
De acuerdo con los testimonios dados a conocer por familiares de los alumnos, las prácticas de iniciación fueron realizadas durante los primeros días del internado y habrían afectado a jóvenes que recientemente aprobaron el proceso de admisión.
Los denunciantes sostienen que los estudiantes permanecieron hasta 72 horas con alimentación insuficiente, fueron obligados a realizar ejercicios físicos extremos y recibieron únicamente pequeñas porciones de comida y agua. También afirmaron que algunos fueron obligados a ingerir café extremadamente caliente como parte de los castigos.
Uno de los casos que más preocupación ha generado es el de una adolescente de 17 años que tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una insuficiencia renal aguda, presuntamente derivada de las condiciones a las que fue sometida durante las jornadas de inducción.
Sus familiares aseguran que la joven permaneció varios días sin recibir atención adecuada mientras su estado de salud se deterioraba y luego fue abandonada con sus pertenencias en un parque.
Las denuncias también describen situaciones especialmente graves para las alumnas. Padres de familia afirmaron que a varias jóvenes se les restringió el acceso a los sanitarios, incluso durante su periodo menstrual, lo que habría provocado infecciones y otros problemas de salud.
Asimismo, señalaron que las y los estudiantes permanecieron incomunicados, ya que les retiraron sus teléfonos celulares durante el proceso de ingreso.
Los familiares sostienen además que, para impedir que desde el exterior se observara lo que ocurría dentro del plantel, las rejas de la escuela fueron cubiertas con lonas y plástico negro durante los días en que se desarrollaban las actividades de bienvenida. Vecinos y personas cercanas al plantel afirmaron que esa medida llamó la atención debido a que impedía cualquier visibilidad hacia el interior de las instalaciones.
Ante estos hechos, más de medio centenar de padres de familia conformaron un comité y realizaron manifestaciones frente al Palacio de Gobierno de Chiapas para exigir una investigación, atención médica para los estudiantes afectados y la eliminación definitiva de las llamadas novatadas.
Los inconformes sostienen que las prácticas descritas no constituyen simples rituales de integración, sino actos que podrían configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes y vulneraciones a los derechos humanos de los alumnos.
Hasta el momento, la dirección de la Escuela Normal Rural Mactumatzá no había emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones. Tampoco se había informado oficialmente sobre la apertura de una investigación por parte de las autoridades educativas estatales relacionada con los señalamientos presentados por los padres de familia
La Normal Rural Mactumatzá es una de las escuelas normales rurales con mayor tradición de organización estudiantil en México y durante décadas ha protagonizado movilizaciones sociales y conflictos con autoridades estatales por temas relacionados con el presupuesto, el ingreso de alumnos y la defensa del modelo de educación rural.
Sin embargo, las denuncias por presuntas prácticas de violencia interna durante los procesos de inducción han reavivado el debate sobre la permanencia de rituales que, bajo el argumento de fortalecer la disciplina o el sentido de pertenencia, pueden representar riesgos para la integridad física y emocional de las y los estudiantes.
El caso ha generado indignación a nivel nacional al ocurrir en un contexto en el que distintas instituciones educativas enfrentan cuestionamientos por prácticas de iniciación violentas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en educación han insistido en que cualquier mecanismo de integración debe garantizar el respeto a la dignidad de las y los estudiantes, así como prevenir cualquier forma de violencia, humillación o trato degradante.