Silvia Núñez Esquer
04/10/ 2022/Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora violó derechos humanos de por lo menos cincuenta víctimas directas e indirectas de desaparición de personas. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, CEDH, Luis Fernando Rentería, quien cumplió seis meses al frente de la Institución.
El Doctor en Derechos Humanos expuso las actividades que ha realizado en el medio año que tiene de fungir como ombudsman en Sonora, entre las cuales destaca el retomar facultades de la Comisión, algunas de ellas nunca antes realizadas en las tres décadas de existencia de la CEDH.
Otra acción sin precedentes que dio a conocer, es la emisión de quince recomendaciones giradas al mismo tiempo, el pasado 27 de septiembre, por igual número de casos, hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
En los quince documentos se explica las particularidades de cada caso, siendo la negligencia y la dilación injustificada las principales razones para las recomendaciones.
“Estas recomendaciones acreditan violaciones graves a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica en perjuicio de veintitrés personas desaparecidas, así como violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de veintisiete familiares. En total, se trata de cincuenta víctimas directas e indirectas de casos ocurridos entre 2016 y 2021 en ocho distintos municipios.
Seis casos corresponden a Hermosillo, tres a Nogales, uno a Empalme, uno a Agua Prieta, uno a Sáric, uno a Huatabampo, uno a Ímuris y otro a Benjamin Hill-Magdalena de Kino.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró y advirtió graves periodos de dilación injustificados en todas las investigaciones, donde el caso más grave registra un periodo de inactividad que alcanza los dos años y cuatro meses.
En los quince expedientes de queja se identificó la omisión grave de actuaciones imprescindibles para la localización de las personas desaparecidas.
Como patrón, se encontró que, en la mayoría de los casos, la FGJE no realizó ni una sola de las diligencias a las que estaba obligada a hacer en las primeras 24 horas, de acuerdo al Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Por todo lo anterior, las recomendaciones son múltiples. Algunas de ellas son: La búsqueda y localización de la víctima aún desaparecida; continuación y judicialización de la investigación ministerial; determinar responsabilidades administrativa y penal de la autoridad ministerial; acto de disculpa pública (a más tardar en un año) y garantías de verdad, justicia y reparación; garantías de no repetición; y solicitar la inscripción para obtener reparaciones.
Por otra parte, y sin ningún antecedente de que la CEDH haya emitido alguno, Rentería inauguró la figura de “informe especial”, prerrogativa de la CEDH.
El informe especial constituye una opinión técnica especializada sobre algún tema específico de derechos humanos. La Comisión a su cargo emitió el informe especial IE-1/22 el pasado 8 de julio del 2022.
El documento es el primero que se emite en treinta años de vida de la CEDH, ya que los anteriores titulares nunca realizaron alguno.
El IE-1/22 de diez y siete páginas, se refiere a la reforma llamada “Ley Ingrid” aprobada por el Congreso de Sonora el 6 de junio del 2022.
La legislación pretendía armonizar la llamada Ley Ingrid, inspirada en el caso de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio y revictimizada por los medios de comunicación que exhibieron en primeras páginas sus restos utilizando fotografías filtradas por funcionarios públicos que acudieron a la escena del crimen.
La Ley Ingrid originalmente busca sancionar al personal de investigación, periciales o policías que tiene acceso a las imágenes, para evitar la revictimización. En Sonora las y los legisladores se excedieron y en su texto sancionaban a cualquier persona que mostrara alguna imagen de personas fallecidas o alguna parte de su cuerpo.
Lo anterior no solo impedía el trabajo de los colectivos de búsqueda que utilizan las fotografías de sus hallazgos como fuente de información para que personas que buscan a sus familiares desaparecidos puedan acceder a algún detalle que ayude a identificarlo, sino que ampliaba el espectro de personas que podrían ser sancionadas.
Más aún, tal como estaba el texto, medios de comunicación, colectivos de búsqueda, cualquier persona que tomara y publicara alguna imagen circunstancial por algún evento que vio en la calle, y hasta los autores de libros de texto de anatomía, podrían incurrir en el delito.
La redacción que describía una conducta tan amplia, fue analizada por la CEDH, y finalmente objeto de un informe especial, en el que, el artículo adicionado 167 QUATER, al Código Penal del Estado de Sonora fue calificado como: supra inclusivo, inhibitorio a la labor periodística, vago y equívoco, y se concluye que la norma de análisis interviene de forma exorbitante la libertad personal, entre otras conclusiones.
Ante las críticas y la dificultad operativa que implicaba la reforma, el Gobernador del Estado, Alfonso Durazo anunció que enviaría una iniciativa para modificarla.
La Ley Ingrid finalmente se modificó en el pleno de la LXIII legislatura el 12 de septiembre del 2022, atendiendo a las inconformidades de los colectivos de búsqueda, organizaciones acompañantes de víctimas, y desde luego, el informe especial de la CEDH.
El Congreso del Estado aprobó la nueva reforma orientada a sancionar a servidores públicos que incurran en esas prácticas, y el 22 de septiembre del 2022 quedó publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, entrando en vigor el mismo día de su publicación.
El Congreso del Estado aprobó la nueva reforma orientada a sancionar a servidores públicos que incurran en esas prácticas, y el 22 de septiembre del 2022 quedó publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, entrando en vigor el mismo día de su publicación.
