*Señalan afectaciones a más de 250 empleados.
/ Darío Pale /
13.11.2026. Xalapa, Ver.- Integrantes del comité del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien o quienes resulten responsables por presuntos descuentos irregulares aplicados a los salarios de trabajadores activos y jubilados.
Félix Romero Martínez, secretario de Trabajo y Previsión Social del sindicato, informó que la denuncia busca que las autoridades investiguen las deducciones económicas que, aseguró, se han realizado sin contar con la autorización formal de los trabajadores ni con un acta de asamblea que respalde dichos cobros.
Explicó que las afectaciones alcanzan a más de 250 trabajadores, entre personal activo, eventual, de base y jubilados, quienes han manifestado su inconformidad debido a las cantidades que les han sido descontadas directamente de sus percepciones salariales.
Indicó que, de acuerdo con los testimonios recibidos, algunos trabajadores han registrado descuentos cercanos a los cinco mil pesos en un periodo aproximado de 14 o 15 días, mientras que las cantidades varían dependiendo de la condición laboral de cada empleado.
Detalló que a trabajadores eventuales se les habrían descontado entre 500 y mil pesos, mientras que al personal de base las deducciones alcanzarían entre dos mil y dos mil 500 pesos.
Romero Martínez señaló que, además de una aportación sindical de aproximadamente 50 pesos, también se contempla otro cobro de 50 pesos destinado a la asesora legal, acuerdo que, según indicó, se habría establecido durante 2025. Sin embargo, sostuvo que los descuentos recientes representan cantidades considerablemente mayores y afectan la economía de las familias trabajadoras.
El representante sindical afirmó que no tienen conocimiento de que exista un acta de asamblea en la que los trabajadores hayan aprobado estas deducciones, por lo que exigió que la dirigencia compruebe que los cobros se realizaron conforme a los estatutos sindicales y a la legislación correspondiente.
Asimismo, Franco Conde Slava, secretario de Acción Política del sindicato, manifestó que las decisiones relacionadas con los descuentos se habrían tomado de manera unilateral por parte del secretario general, sin consultar a todos los integrantes del comité legalmente constituido.
Aseguró que, pese a formar parte de dicho órgano sindical, no ha recibido notificación oficial sobre alguna determinación que lo separe de sus funciones o le retire su participación dentro del comité.
También cuestionó la falta de transparencia en el manejo de las cuotas y los recursos sindicales, al señalar que las carteras encargadas de fiscalizar las finanzas no estarían participando en la revisión de esos movimientos.
Otro de los puntos que solicitaron investigar es la representación legal del sindicato, pues manifestaron que desconocen si la actual apoderada legal cuenta con la autorización correspondiente de los integrantes del comité para ejercer esas funciones y tomar decisiones en nombre de la organización.
Conde Slava explicó que los trabajadores se han acercado a ellos para expresar su inconformidad, aunque algunos prefieren no hacerlo públicamente por temor a posibles represalias por parte de la dirigencia sindical.
Los inconformes advirtieron que los cobros estarían relacionados, entre otros aspectos, con una revisión salarial y contractual, por lo que consideraron necesario esclarecer bajo qué fundamento se están realizando las deducciones y evitar que se repitan en futuros procesos de negociación laboral.
Finalmente, Félix Romero Martínez expresó su preocupación por la situación que enfrenta el sindicato y recordó que el contrato colectivo de trabajo tiene más de 80 años de historia, además de que en 1996 los trabajadores sostuvieron una huelga para defenderlo.
Por ello, insistió en que el objetivo de la denuncia es que se abra una investigación, se esclarezca el destino del dinero descontado y, en caso de comprobarse que los cobros fueron indebidos, se reintegren los recursos a los trabajadores afectados.
Los representantes sindicales señalaron que están dispuestos a alcanzar acuerdos para resolver el conflicto, siempre que exista transparencia, se respeten los procedimientos legales y se garantice la devolución del dinero que corresponda.