*A donde van los desaparecidos
Camelia Muñoz y Félix Márquez
22/10/ 2022/ El Colectivo Solecito, junto con la FIDH e Idheas, denunciaron ante el Tribunal Internacional 22 casos de desaparición forzada ocurridos en Veracruz entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte, y cometidas por agentes de la Policía del Estado.
Este 18 agosto, en La Haya, Países Bajos, el Colectivo Solecito del estado de Veracruz, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la desaparición forzada de 22 personas cometida con la participación de autoridades en el gobierno de Javier Duarte (2010-2016) y coludidas con el crimen organizado. Esta es la quinta denuncia –conocida como comunicación– que recibe el Tribunal Internacional por desapariciones forzadas ocurridas en México.
El informe público de la comunicación establece que en todos los casos participaron funcionarios públicos de la Policía Estatal o Ministerial de Veracruz, así como grupos élite bajo el mando de la Secretaría de Seguridad del Estado. Ellos usaron recursos públicos para atacar de manera sistemática a la población civil de la ciudad de Veracruz y el municipio de La Antigua –que se encuentra a 28 kilómetros del puerto homónimo– en el periodo de noviembre del 2012 a julio del 2016, lo que resultó en graves delitos como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y posterior desaparición forzada de las personas previamente detenidas.
Las víctimas, precisa la comunicación, fueron detenidas lo mismo en sus domicilios, como en sus trabajos, centros comerciales, parques y bares. A sus familias se les negó información sobre las detenciones.
“Con posterioridad a las privaciones de libertad de las personas que sufrieron desaparición forzada, los familiares buscaron y preguntaron por cada una de las víctimas –entre otros lugares– en oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (a partir del 2015, Fiscalía General del Estado de Veracruz), la Agencia Veracruzana de Investigación y el centro de detención ‘Penalito’ Playa Linda. La respuesta que recibieron fue la negativa de la privación de la libertad de su familiar, o simplemente se les negó obtener información sobre la detención”, precisa el informe.
Lucía Díaz Genao, representante de la organización de familias de personas desaparecidas, explica que acudieron ante el organismo internacional para presentar la documentación de estos 22 casos realizada junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la organización mexicana Idheas, Litigio Estratégico.
“Para nosotros es muy importante porque desde las instancias internacionales, como la Corte, podemos tener un poco de presión al gobierno mexicano para que se decida a terminar con esta impunidad tan lacerante que hay en los casos de violaciones a los derechos humanos, porque el Estado mexicano ha sido negligente, ha sido omiso en tratar de hacer justicia y de buscar a los desaparecidos, que es lo más importante para nosotros. Creemos que instituciones como éstas, tan prestigiosas, pueden hacer que México reaccione y resulte en respuestas para nosotros, nuestros familiares desaparecidos que esperan que les hagamos justicia y que los encontremos”, señala Lucía Díaz, que busca desde 2013 a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz.
Desaparecer en el Puerto
Las desapariciones denunciadas ante la CPI muestran la violencia provocada por la militarización de la seguridad en la administración de Javier Duarte, que creó un mando único encabezado por las Fuerzas Armadas, y la falta de investigación y búsqueda de las víctimas: siete de ellas fueron localizadas en fosas clandestinas. Por ello, el Colectivo Solecito– integrado desde el 2014 ante las omisiones en las investigaciones de los casos de desaparición y hoy realizan en búsqueda en vida y fosas–, la FIDH e Idheas aseguran que “se puede afirmar que estas desapariciones forzadas no fueron actos aislados ni aleatorios, por lo tanto demuestran un grado de organización que señala la existencia de una ‘línea de conducta’”.
De los 22 casos documentados, siete ocurrieron en el municipio de La Antigua entre noviembre del 2012 a mayo 2014 y fueron ubicados en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe, donde se localizaron 305 cráneos y 22 mil 500 restos.
La comunicación muestra, por ejemplo, el caso de un estudiante de enfermería y su amigo, quienes fueron detenidos por la Policía Estatal el 30 de noviembre de 2012 mientras platicaban afuera del domicilio de uno de ellos. Otras seis personas que se encontraban cerca también fueron detenidas por la misma corporación. No se supo nada más de ellas hasta que, entre 2016 y 2017, cuatro de las víctimas fueron localizadas en una fosa clandestina.
De igual forma, se documentaron nueve detenciones arbitrarias y posteriores desapariciones forzadas que ocurrieron en la Colonia Formando Hogar, en diciembre de 2013, donde se desarrolló el operativo Guadalupe Reyes por parte de la Policía Estatal, la Agencia Veracruzana de Investigación, así como autoridades federales, como la Marina. El operativo estuvo a cargo del entonces Secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, señalado por Díaz Genao y distintos colectivos como responsable de muchas desapariciones en la entidad.
Las acciones de la policía consistieron en ingresar a domicilios y negocios. Uno de los casos es el de un operador de tráiler y mecánico que fue sustraído de su centro de trabajo junto con uno de sus compañeros. La familia de uno de ellos denunció la desaparición y no obtuvo respuesta de avance en las indagatorias, por lo que, acompañados de la organización Idheas, promovieron un amparo y lograron que se estableciera un plan de investigación de acuerdo al Protocolo Homologado de Búsqueda, mientras que un juez acreditó graves violaciones a los derechos humanos por omisiones de la Fiscalía.
En la Ciudad de Veracruz, entre diciembre del 2013 y julio 2016, se documentaron los hechos de seis víctimas del sexo masculino por la actuación de las autoridades estatales y de la Policía Ministerial, dependiente de la Fiscalía General.
La comunicación destaca como característica del ataque sistemático hacia la población, pues 11 de los casos documentados ocurrieron en un lapso de cinco días. Las detenciones fueron en lugares públicos, o las personas fueron sustraídas contra su voluntad, subidas a vehículos oficiales y a la vista de testigos y jamás se informó de su paradero.
“Son evidencias sólidas. La mayoría de los casos son de la época de Javier Duarte, quien sustentó su gestión en represión y tenía al represor número uno (Arturo) Bermúdez Zurita (exsecretario de Seguridad) que se dedicaba a ser el brazo ejecutor de las órdenes del gobernador en ese momento”, dice Lucía Díaz, recordando que Duarte está preso por delitos patrimoniales, pero no por lo que consideró una catástrofe: las desapariciones ocurridas en su mandato.
La señora Díaz señala que esperan que la CPI empiece una revisión de la situación que llevó a México a tener más de 100 mil personas desaparecidas, pero también que las autoridades nacionales cumplan con las observaciones que pudieran emitirse y no sea omiso o “aceptarlas como nada más por el simple hecho de quedar bien”.
Lucía Díaz Genao, madre de Luis Lagunes Díaz, desaparecido en el año 2013, coloca un cartel frente al monumento “Las Alas de México” en la Corte Penal Internacional. La Haya, Países Bajos, 18 de octubre de 2022. Foto: Félix Márquez.
La representante del colectivo dice que también es oportunidad para que México y la Corte dejen de simular, intervengan y ayuden a encontrar la justicia para los desaparecidos y eviten que continúen los casos.
En La Haya, posterior a la presentación de la comunicación, las integrantes del Colectivo Solecito realizaron una protesta en el monumento Las Alas que el Estado mexicano donó en 2019 a la Corte Penal Internacional y evoca la libertad y la paz.
“Es un monumento que nos resulta burlón a las personas que estamos viviendo toda esta tragedia, ¿Cómo México regala alas cuando lo que México tiene es yugo, cadenas en los corazones de las víctimas que vivimos todo el tiempo sufriendo por las por todo lo que sucede. Resulta no irónico; resulta burlón para nosotras… México debe de regalar un monumento donde se vea la sangre, donde se vean los muertos, donde se vea la injusticia, se vea la tortura, las cadenas que llevamos los que vivimos estas tragedias tan terribles contra nuestros derechos humanos y nuestras vidas; nuestra libertad”, opina Díaz Genao.
Cinco denuncias, ninguna respuesta
Jimena Reyes, directora para las Américas en la FIDH, señala que suman cinco ocasiones en que han acudido a la Corte Penal Internacional para denunciar los casos de desaparición como delitos de lesa humanidad en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nayarit y ahora Veracruz. En ninguno se ha iniciado la investigación, ni siquiera un examen preliminar, como se llama a la primera fase de investigación que podría realizar la CPI.
“No es desalentador porque somos defensores de derechos humanos. Sabemos que la lucha es larga y que toca seguir y seguir y seguir, pero no tiene ninguna coherencia cuando uno ve la gravedad de la situación mexicana, la contundencia de las pruebas que estamos aportando. No es coherente que la Fiscalía de la CPI no haya todavía abierto un examen preliminar, que es la primera etapa de una investigación seria hacia la existencia o no de crímenes de lesa humanidad y hasta la categoría de perpetradores”, explica Reyes.
Jimena Reyes, directora para Las Américas de la FIDH, presenta el informe presentado a la Corte Penal Internacional, junto a Lucía Díaz, representante del colectivo Solecito. La Haya, Países Bajos, 18 de octubre de 2022. Foto: Félix Márquez.
Aunque la abogada Jimena Reyes reconoce que hay un mayor diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advierte que no se ha logrado que se admita que se cometieron este tipo de delitos en México y, con ello, se establezcan políticas públicas en materia de administración de justicia que sean diferentes a las implementadas en otros gobiernos.
En Veracruz se tienen informes de más de tres mil desapariciones, aunque de acuerdo con Reyes, hay versiones que señalan que podrían sumar más de 20 mil casos. Los 22 expedientes documentados y presentados ante la CPI cuentan con múltiples pruebas de la participación de las fuerzas de seguridad municipal y estatal.
“Hay siete víctimas que han sido identificadas y encontradas en la fosa de Colinas de Santa Fe donde encontraron más de 300 cuerpos, y hay una víctima que fue identificada en la fosa Del Arbolillo, donde también había otros 300 cuerpos encontrados. Pensamos que es muy probable que el patrón que estamos describiendo realmente exista para un número mucho más grande de personas y en términos de perpetradores”, explica la experta de la FIDH.
Las comunicaciones que se han hecho ante la Corte Penal Internacional por el tema de desapariciones se iniciaron en el 2014, cuando la FIDH presentó los casos de tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada entre el 2006-2012 en Baja California. Luego se hizo lo mismo en el caso de Coahuila en el 2017, por los casos documentados entre 2009 y 2016.
En el 2018 presentó la documentación por los hechos cometidos por el Ejército Mexicano en la primera fase del llamado Operativo Conjunto Chihuahua y en el que se cometieron, además de los delitos mencionados, otros relacionados con violencia sexual. El año pasado denunció los 47 casos de desaparición ocurridos entre junio y septiembre del 2017 en el estado de Nayarit, en las que participaron agentes estatales.
El informe “Hasta encontrarlos: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad” se observa durante su presentación en las oficinas de la FIDH. La Haya, Países Bajos, 18 de octubre de 2022. Foto: Félix Márquez.
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* Camelia Muñoz ha sido reportera y jefa de información en medios. Actualmente es corresponsal de MVS y 4pnoticias.com y colabora en diferentes medios nacionales e internacionales En 2020 recibió Mención Honorífica del Border Hub. Los temas que cubre son transparencia, corrupción y desaparecidos. Forma parte de la red de periodistas que cubre Desapariciones, el colectivo Reporteras en Guardia y Desde la Provincia.
* Félix Márquez es un fotógrafo independiente y periodista visual. Se ha especializado en la cobertura de la guerra contra el narcotráfico en México, las desapariciones forzadas, la migración y los derechos humanos en América Latina.
* Foto de portada: Activistas radicadas en Europa y Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito, se manifiestan para que la Corte Penal Internacional investigue presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados a la desaparición forzada en Veracruz, México. Foto: Félix Márquez
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
