* Foto:@ivillasenor
11.09.2026 Zacatecas.— Periodistas, activistas feministas y madres buscadoras denunciaron la circulación de un listado que presuntamente concentra información de personas consideradas críticas o “no gratas” para el gobierno de Zacatecas, documento que además contiene datos personales y referencias sobre la vida privada de algunos de los incluidos.
La denuncia tomó fuerza después de que varias de las personas señaladas fueran advertidas, el 8 de septiembre, de que sus nombres figuraban en una relación utilizada para restringir el acceso a un acto oficial con motivo del Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila.
Los datos incluyen información clínica, como padecimientos mentales; además, podría configurarse como Espionaje, pues contienen datos como placas y modelos de vehículos, fotografías de domicilios, números telefónicos, direcciones completas, entre otros.
La existencia del documento trascendió posteriormente en redes sociales y generó reclamos de periodistas, organizaciones civiles y activistas, debido a que, además de identificar a personas, el material contiene información que no corresponde a una simple relación de invitados o restricciones de acceso.
Además reportan supuestos “acuerdos” alcanzados con algunos de las victimas de vulneración de datos personales para acallarlas, ya sea mediante apoyos como comida para perros o la oferta de empleos para sus familiares en el aparato de gobierno.
De acuerdo con las denuncias difundidas, el documento aparece impreso con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y contiene nombres, domicilios, placas vehiculares y referencias sobre presuntos padecimientos o características personales de algunos de los incluidos.
La presencia de información de carácter médico o relacionada con la salud mental de las y los mencionados en la lista negra eleva la preocupación de los afectados, debido a que se trata de datos considerados especialmente protegidos por las normas mexicanas en materia de privacidad y protección de datos personales.
El caso no se limita al gremio periodístico. Entre las personas que denunciaron haber sido incluidas aparecen activistas feministas y mujeres que participan en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
La activista feminista María Luisa Sosa afirmó que no se trata de la primera ocasión en que su nombre aparece en una relación de este tipo. Recordó que durante la actual administración estatal ya había figurado en un listado en el que, según su testimonio, se identificaba a integrantes del movimiento feminista como personas “non gratas”.
“Y por lo menos en esta lista que fue la primera que circuló estaba su servidora y un grupo amplio de feministas, señaladas como personas non gratas en nuestra propia tierra, en nuestra entidad”, declaró.
La inclusión de madres buscadoras y defensoras de derechos humanos adquiere particular relevancia debido al trabajo que realizan para localizar a personas desaparecidas y exigir respuestas a las autoridades.
En el caso de las periodistas y comunicadoras, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado de manera recurrente los riesgos que enfrenta el gremio en México, particularmente cuando las labores periodísticas se relacionan con investigaciones sobre seguridad, corrupción, violencia y actuación de autoridades.
En Zacatecas, el contexto de violencia también constituye un factor adicional para quienes ejercen el periodismo. El estado ha registrado durante los últimos años una fuerte presencia de grupos del crimen organizado y episodios de violencia que han obligado a las autoridades a implementar operativos de seguridad y estrategias especiales.
Frente a las acusaciones, el gobierno estatal negó ser responsable de la elaboración del documento. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, reconoció, sin embargo, que la lista existe como material que circula públicamente y sostuvo que su difusión podría constituir un delito.
“No se puede negar la existencia de la lista porque es un documento que se ha publicado en redes sociales”, declaró.
El funcionario informó además que solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar una investigación para determinar quién elaboró y difundió el documento, incluso con la posibilidad de que se actuara de oficio.
La postura oficial abre ahora la investigación sobre el origen del listado, su propósito y, particularmente, sobre la procedencia de la información contenida en él.
La periodista Verónica Trujillo exigió que las autoridades estatales no se limiten a deslindarse de la elaboración del documento, sino que impulsen una investigación para establecer responsabilidades.
“Pero la lista tiene un logotipo y eso no es menor (…) el hecho de que tú también digas, no, esto no es mío, bueno pues te obliga a que así como le dices a la gente que por eso no procede y por eso David Monreal no reconoce ¡Denuncien!”, manifestó.
Los afectados también han comenzado a explorar vías legales y solicitaron acompañamiento de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
Trujillo informó que mantiene comunicación con Artículo 19, organización internacional que documenta agresiones contra periodistas y defiende la libertad de expresión.
El caso ocurre además en un estado donde periodistas, familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles desarrollan sus actividades dentro de un escenario de violencia y riesgos de seguridad. Por ello, la exposición de domicilios, vehículos y otros datos personales representa para los afectados una preocupación adicional.
Mientras se esclarece su origen, periodistas, activistas y madres buscadoras mantienen el reclamo de que las autoridades garanticen su seguridad, protejan sus datos personales y eviten que la crítica, la búsqueda de personas desaparecidas o la defensa de derechos humanos se conviertan en motivos para establecer restricciones o mecanismos de vigilancia.