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/ Escrito por Arantza Díaz /
23.01.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Marginación, vulneración de derechos, exclusión y violencia, son algunas de las acciones que, desde el 2023 se están ejerciendo al interior de los centros penitenciarios La Pila y Xolol en San Luis Potosí, según denuncian colectivas conformadas por familiares de mujeres privadas de su libertad.
De acuerdo con un posicionamiento realizado por los colectivos familiares, desde el 2023 el centro de reclusión La Pila ha comenzado -con mayor incidencia- a realizar traslados hacia Xolol, mismos que son arbitrarios e injustificados, en este proceso, se articula una serie de violencias punitivistas castigándolas y amendrentándolas con estos traslados sin ningún sustento legal.
El Centro Penitenciario Femenil Xolol se ubica en el municipio de Tancanhuitz y según presume, es el único penal en San Luis Potosí, sin condiciones de hacinamiento pues hasta enero del 2024 -último registro- albergaba tan sólo a 68 mujeres y se detalló que los procesos de reubicación han sido «exitosos» y que las internas tienen acceso a múltiples actividades culturales y festivales para su esparcimiento. Además, de emprender talleres para la producción de productos hechos con ornato para impulsar su autonomía económica.
Esta versión sostenida por el gobierno potosino se contrapone a las exigencias de las familias, quienes afirman haber encontrado al centro Xolol bajo situaciones deplorables que enferman y vulneran a las mujeres quienes habitan el espacio. Las colectivas subrayan, principalmente:
El acceso al agua es limitado e insalubre, afectando la salud de las mujeres.
- Alimentos racionados y de baja calidad nutricional.
- Pobre suministro eléctrico.
- No hay garantía de servicios médicos, colocando a las mujeres bajo desprotección en caso de enfermedad.
- Xolol se encuentra infestado de plagas, comprometiendo la higiene y salud de las mujeres.
«Las condiciones observadas en el Centro Penitenciario “Xolol” no solo vulneran los derechos humanos de las mujeres, sino que también reflejan una preocupante indiferencia hacia su dignidad y bienestar. Es imperativo que se implementen acciones inmediatas y estructurales para garantizar el acceso a servicios básicos, una alimentación adecuada, atención médica oportuna y un entorno higiénico, a fin de erradicar esta forma de violencia estructural y asegurar condiciones de vida dignas para todas las internas», sostienen las familias.
Estas violencias denunciadas debe ser entendidas desde la mirada estructural; el rompimiento de los lazos familiares, la criminalización, el castigo y la nula atención a la salud mental de las mujeres es un fenómeno replicado de manera constante en nuestro país y que ha dejado una huella profunda en la historia carcelaria.
Prueba de ello, es el suicidio de 17 mujeres al interior del Cefereso 16 en Morelos, caso documentado por Cimacnoticias que enfrenta una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, se nombra que en Ciudad Juárez, Chihuahua, una mujer privada de su libertad al interior del Centro de Reinserción Social número 2 ha emprendido acciones legales ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) esto luego de recibir malos tratos y negligencia médica durante su parto; los responsables son 3 agentes de seguridad pública y custodia quienes cometieron violencia obstétrica en su contra, según ha documentado la SSPE luego de realizar una inspección rutinaria el pasado 12 de enero.
La salud mental
Entre las preocupaciones fundamentales está el declive de la salud mental de las mujeres quienes, al ser trasladadas a Xolol (a 350 kilómetros de la capital potosina y sin transporte público para arribar al Cefereso) pierden contacto con sus principales redes de apoyo y sostén: sus hijas e hijos.
Según registra el diagnóstico de Mujeres Privadas de su Libertad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la preocupación por las y los hijos es uno de los principales factores que contribuyen a la elevada incidencia de problemas de salud mental, tentativas de suicidio y autolesiones.
«Los traslados dificultan la comunicación y convivencia con sus familiares, en su mayoría mujeres que enfrentan también la precariedad y los obstáculos para brindar apoyo a sus hijas, hermanas, madres o compañeras privadas de la libertad. Esta separación afecta de manera especial a los hijos e hijas de las internas, perpetuando ciclos de desigualdad y exclusión», denuncia la colectiva.<
En suma, se debe recordar que la irregularidad de los traslados que cooptan a las mujeres de estar cerca de su familia, representa una violatoria directa a las Reglas de Bangkok de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNOCD), entre otras cosas, demanda que han de tenerse en cuenta las responsabilidades maternas relativas al cuidado de los hijos en los procesos de planificación e imposición de sentencias.
El interés superior de la niñez, incluida la necesidad de mantener un contacto directo con la madre, ha de ser considerado cuidadosa e independientemente por profesionales competentes y debe tenerse en cuenta en todas las decisiones relacionadas con la detención, traslados y condenas.
Asimismo, las Reglas de Bangkok sostienen que los recintos deben contar con todos los insumos necesarios para satisfacer las necesidades de las mujeres contemplando la perspectiva de género, ello implica, atención ginecológica, productos de gestión menstrual, acceso servicios que permiten el aseo e higiene personales y comunitaria, medicamentos y alimento de calidad para el cuidado personal de las infancias que viven con sus madres.
Sin embargo, de acuerdo con Reinserta, sólo 37 de las 360 prisiones mexicanas cuentan con áreas aptas para el desarrollo de niñez y adolescencia y que casi 85% de las mujeres privadas de libertad son madres.
Las colectiva compuesta por familias exigen condiciones de vida dignas para las mujeres, garantizar que los traslados no desarticularán lazos afectivos con sus seres queridos y finalmente, una revisión exhaustiva por parte de organizaciones civiles y colectivas feministas:
«Llamamos a las mujeres, la sociedad y a las autoridades a abrir los ojos y mirar a donde pocas veces volteamos; las prisiones no pueden seguir siendo espacios de tortura, violencia y deshumanización».
Sobre este tenor de punitivismo, se debe nombrar que estas violencias cometidas en contra de las mujeres poseen un fuerte sesgo patriarcal; castigadas y violentadas por salir del deber feminizado de la subordinación y el bien hacer que se recrudece aún más sobre quienes son madres, un apunte acertado por visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Faviola Elenka Tapia Mendoza durante la conferencia “Derechos Humanos de las mujeres en reclusión: las desigualdades desde el encierro”.
Mujeres en situación de reclusión
Según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F), 2023, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), al cierre de 2022, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad/ internada se conformó por 226 mil 116 personas: 94.4% eran hombres y 5.6%, mujeres.
Con respecto a 2021, se registró un aumento de 2.6 por ciento. En promedio, 39.0% de las personas privadas de la libertad en 2022 no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3% y para los hombres, de 38.4%.
En 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9%, en prisión preventiva justificada; 11.4%, en otro supuesto jurídico y, para 14.5%, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
La exigencia para que las mujeres sean tratadas con una perspectiva de derechos humanos dentro de los centros de reclusión, no insta a una clase de favor y tampoco a una demanda para ser tratadas de forma diferenciada. Es una cuenta pendiente.
El ejercicio que desempeñan las prisiones en nuestro país al separar a las madres de sus hijas e hijos o en general, de sus redes de apoyo, es una violatoria directa, no sólo a las ordenes federales, sino también, a los compromisos internacionales como las Reglas de Nelson Mandela de las Naciones Unidas que demanda que las autoridades sean responsables de detectar cualquier indicio de estrés psicológico que incluya el riesgo de suicidio o autolesión, actuando de forma inmediatamente con tratamientos individuales.
«El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría.» (Regla número 25 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: Reglas Nelson Mandela)
Finalmente, se infiere que es una responsabilidad absoluta del Estado mexicano garantizar el acceso a la salud física y psicológica de las mujeres en situación de reclusión; las mujeres en estas circunstancias no poseen las herramientas para hacerlo con sus propios medios.
Al vivir sin libertad, la responsabilidad total cae en las manos de las estructuras e instituciones; hay que despojar el discurso punitivista que persigue y criminaliza a las mujeres en los centros de readaptación social de nuestro país.
