- Mujeres Transnacionales.
/ Instituto para las Mujeres en la Migración /
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha de reflexión y de lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres en todo el mundo. Este 2025, también conmemoramos 30 años de la histórica adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta que sentó las bases para avanzar en los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, a tres décadas de este compromiso global, aún persisten enormes retos, especialmente para algunas mujeres migrantes mexicanas que, debido a la política migratoria de Estados Unidos, han sido obligadas a regresar a México tras años de trabajo y resiliencia en ese país.
Estas mujeres, muchas de las cuales fueron deportadas de forma expedita, enfrentan una realidad que pocos conocen. No solo han dejado atrás sus hogares y sus familias, sino que encaran una serie de retos y violencias vinculados a la migración, a las políticas migratorias y a las respuestas institucionales que, muchas veces, perpetúan la exclusión y la violencia estructural hacia ellas.
En Estados Unidos construyeron una vida y encontraron un espacio para salir adelante y apoyar a sus seres queridos desde la distancia. Sin embargo, la deportación abrupta no solo las separa, sino que las coloca en una situación de vulnerabilidad aún más grande al ser enviadas a un país al que, en muchos casos, ya no pertenecen. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que de 2018 a 2024 casi 200 mil mujeres migrantes mexicanas fueron deportadas a México, 14% del total de las deportaciones.
La frontera, que las separa de sus familias, representa un obstáculo más difícil de cruzar, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Algunas de estas mujeres regresan a sus comunidades en México y se encuentran con un sistema que no las reconoce como parte del tejido social, que no las incluye en las políticas públicas y que no les ofrece mecanismos suficientes para asegurar su inclusión laboral, económica y social. La desigualdad, la violencia y la discriminación se acentúan, y sus voces, como migrantes y mujeres, a menudo quedan silenciadas.
La respuesta de México ante las deportaciones de mujeres migrantes mexicanas ha sido insuficiente para abordar las complejas necesidades de protección que requieren. Si bien existen mecanismos legales y programas de asistencia, su implementación ha sido deficiente, lo que coloca a las mujeres nuevamente en situaciones de vulnerabilidad, en empleos precarios o revictimización por parte de autoridades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala, en su informe de 2021, que el 58% de las mujeres que migran desde México hacia Estados Unidos han sufrido alguna forma de violencia antes de iniciar su travesía, lo que coloca a las deportadas en una situación aún más vulnerable al regresar a un país donde la violencia de género sigue siendo endémica.
Aunque el Estado mexicano ha firmado diversos compromisos internacionales que buscan garantizar la protección de los derechos de las mujeres, como la Plataforma de Acción de Beijing, la cual establece directrices para la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. La falta de políticas públicas coherentes y la escasa voluntad política han impedido que las medidas para protegerlas sean efectivas.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) trabajamos para visibilizar estas problemáticas y acompañar a mujeres migrantes deportadas, a través de la orientación jurídica, el acceso a la salud, a la educación, y a la reunificación familiar cuando sea posible, buscando que cada mujer pueda rehacer su vida con dignidad, y que no se vea reducida a la invisibilidad ni a la marginación.
Este 8 de marzo, mientras celebramos los avances logrados en las últimas décadas, también debemos recordar que la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres, especialmente para las migrantes, está lejos de haber terminado. A 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing recordemos que la igualdad de género no solo debe estar enfocada en los países de origen, sino también en los contextos migratorios y en las políticas internacionales que afectan la vida de millones de mujeres alrededor del mundo. La protección de los derechos de las mujeres migrantes mexicanas debe ser una prioridad para garantizar que sus vidas y sus cuerpos sean respetados y protegidos en todo el proceso migratorio.
Es urgente que los gobiernos de ambos países, Estados Unidos y México, adopten políticas migratorias que reconozcan las necesidades específicas de las mujeres, incluyendo su protección contra la violencia, el acceso a servicios de salud y justicia, y su derecho a vivir una vida libre de discriminación y violencia. Además, es necesario que las autoridades mexicanas fortalezcan las redes de apoyo para las mujeres migrantes y proporcionen recursos adecuados para su reintegración.
Como sociedad debemos reconocer su valor y fortaleza. Aunque sus sueños se han desplazado, siguen vivos. La solidaridad y el apoyo mutuo son clave para que puedan reconstruir sus vidas.
