DESDE A JANELA.
FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
“Ya solo restan un año, cuatro meses y doce días para que se vaya a … su rancho”
Al momento de escribir estas líneas, está sucediendo algo inédito en la historia de México y es que el presidente de la república está actuando en franco desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, si no es frenado de inmediato, se puede convertir en una alteración al orden constitucional que constituye un tipo de golpe de Estado.
En resumen, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la SCJN resuelve una controversia constitucional planteada por el INAI en contra de un decreto del presidente que ordena clasificar como información reservada, por ser de seguridad nacional, el monto de los gastos que se erogan en las obras que está llevando a cabo, tales como la refinería del pantano y el trenecito destruye selvas.
Dicha resolución, se basó en que un decreto es una norma de jerarquía menor, la cual por su naturaleza no puede estar por encima de las de mayor jerarquía como las leyes y ni se diga, la constitución, y es que, ese decreto iba en contra de los derechos humanos de petición, a la información y al principio de máxima publicidad consagrados en la constitución, ya que al pretender reservar todo tipo de información relacionada con la obra pública del gobierno federal, se vulneran los derechos humanos antes mencionados.
Al conocer el sentido de la resolución, López Obrador en lugar de acatarla, emite un nuevo decreto en el que vuelve a ordenar la reserva de la información relacionada con la obra pública que ejecuta el gobierno federal, con lo cual, simplemente ignora a la SCJN y con ella, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acción que aquí y en China es un golpe de Estado; ya que, aunque no se haga uso de la violencia para vulnerar a un poder u órgano constitucionalmente autónomo, el simple hecho desobedecer una sentencia constitucional y salirse a la brava del marco legal, ya es un acto golpista en sí mismo.
Ahora bien, ¿Por qué el presidente y los secretarios de gobernación, de la defensa y de marina (el primero por emitirlo y los segundos por refrendarlo), incurren en un acto tan abiertamente irracional?
Se puede decir que, porque el presidente es un intento fracasado de dictador que pretende que sus caprichos estén por encima de cualquier otra autoridad o que es más hábil que los ministros o incluso que ya está perdiendo la salud mental y por ello emite esos decretos.
Sin embargo, existe una razón mucho más poderosa para pretender mantener a toda costa la secrecía en la realización de la obra pública y esa razón, es la inmensa corrupción que existe en la ejecución de esos proyectos, sí, el motor que hace que el presidente y las fuerzas armadas actúen con tal desesperación, es ocultar los sobreprecios de las obras, la falta de permisos ambientales de los proyectos, el desvío de fondos en favor de los contratistas, de los políticos y de algunos mandos militares vinculados a la auto mal llamada 4t.
Y ello es tan evidente, porque no se encuentra una sola razón lógica para que el tren maya y el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Tulum (inútil totalmente, porque está muy cerca el de Cancún que es enorme), Chetumal y Palenque sean consideradas como obras de seguridad nacional; ya que, para empezar, son obras de carácter civil y, por tanto, toda información relacionada con ellas debe de ser pública y para terminar, no existe enemigo alguno de la patria que se pudiera beneficiar con el descubrimiento de la información relacionada con esas obras públicas.
Bueno sí, el único enemigo de la nación mexicana es el gobierno que fomenta la opacidad con la finalidad de ocultar la corrupción que existe en las obras públicas mencionadas; ya que no hay que olvidar que, si se quiere imponer al precio que sea la secrecía, es porque algo muy serio se necesita esconder a como dé lugar.
El presidente que prometió eliminar la corrupción, es el mismo al que ante la inminencia del final de su mandato, le urge ocultar la escasa obra pública realizada, porque las cuentas no le salen.
Sí, la corrupción está desbocada y es la que provoca actos tan irracionales como el franco desacato a la constitución.
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