Desaparecer en las cárceles de El Salvador

*Las familias de personas acusadas por el régimen de excepción de Nayib Bukele de pertenecer a grupos criminales desconocen qué condiciones enfrentan sus seres queridos en los penales, cuál es su estado de salud o su situación jurídica. Los detenidos pueden permanecer años incomunicados, sin derecho a llamadas ni visitas. Este trabajo inaugura un espacio mensual dedicado a la publicación de fotogalerías

/Por Paola Macedo para A dónde van los desaparecidos/

El martes 10 de mayo de 2022, a las nueve de la mañana, dos agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador llegaron a la casa de Cecilia Ábrego, en la ciudad de San Salvador, cuando se preparaba para visitar con su hijo Jimmy (der.), de 34 años, la tumba de su madre, quien había fallecido un mes antes. Los policías le ordenaron a Jimmy mostrar su Documento Único de Identidad (DUI), después lo sacaron de la casa y, con el pretexto de que solo necesitaban que respondiera unas preguntas, se lo llevaron a una comisaría cercana, desde donde fue trasladado al penal de Izalco. Cecilia visita cada mes la cárcel para dejarle una despensa, debido a las escasas raciones que reciben los presos. Daniel Elías Gómez (izq.), hermano de Cecilia, también permanece preso desde el 11 de septiembre de 2022, actualmente en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.

Sin una investigación, sin pruebas y sin garantizar el derecho a la defensa, desde hace cuatro años Jimmy se encuentra privado de la libertad. A Cecilia no le han permitido verlo ni comunicarse con él;  solo sabe lo que uno de los policías le dijo cuando se lo llevaron: “Señora, su hijo va a quedar detenido por vínculos con agrupaciones ilícitas”. Cecilia vive desde hace 26 años en la comunidad de Nueva Esperanza, un asentamiento que carece de servicios básicos, ubicado en los márgenes de una de las zonas más exclusivas de la capital del país, la colonia Escalón. A su casa entra poca luz debido a los muros de un mercado municipal que finalmente no se construyó. La obra negra permanece frente a las viviendas.

Desde que lo detuvieron, Cecilia no ha dejado de buscar la manera de saber cómo está Jimmy. A través de los rumores que circulan entre familiares de otros presos, intenta obtener noticias de su hijo. “Así una se entera de cuándo los mueven o los trasladan de penal, pero no se sabe nada más”. Hasta hoy, Cecilia desconoce el estado físico y de salud de Jimmy, quien trabajaba como colocador de cerámica en casas y conducía un mototaxi. Un informe de Amnistía Internacional de julio de este año concluyó que bajo el régimen de excepción de Bukele se cometen violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, debido a los patrones documentados por la organización: detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y muerte bajo custodia estatal.

En la habitación de Cecilia está colgada una lona con fotos de su hijo y de su hermano, quienes apoyaron a Bukele durante su campaña. Hoy se pregunta si el presidente recompensa a quienes lo apoyaron enviándolos a prisión. Desde el 27 de marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, se ha dado un encarcelamiento masivo, más de 92,000 personas hasta mayo de 2026. Esto ha permitido, según los legisladores del país, que la tasa de homicidios sea de 1.3 por cada 100,000 habitantes (en México es de 21.4). Organizaciones salvadoreñas como Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han denunciado que  una tercera parte de las personas detenidas, alrededor de 30,000, son inocentes, y al menos 554 personas han fallecido en las cárceles.

En los mercados del centro de San Salvador abundan los objetos y recuerdos con la imagen de Bukele. Las investigaciones de El Faro han demostrado que el presidente pactó con las pandillas para obtener el voto de comunidades controladas por los criminales, y reducir la tasa de homicidios a fin de aparentar seguridad en el país.

La historia de Axel —su apellido se reserva por razones de seguridad— es similar a la de Jimmy. El 2 de septiembre de 2024, tres meses después de cumplir 18 años, el mismo policía que lo había interceptado en varias ocasiones para inspeccionar su DUI cuando aún era menor de edad, fue a buscarlo a su casa en San Salvador, lo sacó de su habitación y se lo llevó detenido. Policías salvadoreños han reconocido detenciones arbitrarias para cumplir con la cuota de arrestos de la “guerra contra las pandillas”, por lo que organizaciones como Cristosal exigen una revisión de los casos para que las personas afectadas sean resarcidas. Existen hasta 7,000 denuncias por detenciones de personas que no estaban vinculadas a grupos criminales.

Como miles de jóvenes, Axel fue acusado sin pruebas del delito de “agrupaciones ilícitas”, que el Código Penal de El Salvador define como formar parte o colaborar con una organización cuyo objetivo “sea la comisión de delitos, así como aquellas que realicen actos o utilicen medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida”. El joven, quien trabajaba como ayudante de construcción, permanece encarcelado en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. En septiembre, su madre María —que pidió ser nombrada así— cumplirá dos años sin poder verlo ni tener información sobre las condiciones en que se encuentra. Apenas el pasado octubre, su hijo mayor Estiben fue recluido en el penal de Izalco por el mismo delito.

Tanto María como Cecilia entregan en los penales una vez al mes los llamados “paquetes”, despensas con alimentos, ropa y artículos de higiene cuyo costo supera los 40 dólares. Con estos paquetes, una exigencia del gobierno a las familias, se busca cubrir las necesidades básicas de los presos ante el crecimiento de la población carcelaria. Sin embargo, las madres no tienen la certeza de que sus hijos realmente los reciban. “En mi caso, no se lo llevo cada mes por mi situación económica; lo llevo cada dos meses”, dice María.

Cecilia intenta acudir cada mes a los penales de Izalco y de Santa Ana (imagen) para llevar un paquete de despensa a su hijo Jimmy y a su hermano Daniel. Algunos productos los carga desde su casa y otros los compra en las tiendas que están ubicadas frente a las cárceles. “Todo para su PDL [Privado De Libertad]”; así se hacen llamar los locales que venden los artículos. Familiares y organizaciones han denunciado que, en penales como el de Zacatecoluca, las autoridades obligan a comprar los paquetes, por 170 dólares, directamente en la cárcel.

Son varias las madres que, al no saber nada de sus hijos después de ser privados de la libertad, se han unido en colectivos como el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador (Movir) para tratar de descifrar juntas la poca información que obtienen. Este colectivo, del que Cecilia forma parte, busca apoyar a las madres compartiendo datos, realizando protestas y buscando el apoyo de instituciones de derechos humanos.

Entre las actividades que realizan como colectivo, las madres buscan mantener algún tipo de comunicación con sus hijos. En junio de 2025 intentaron hacerles llegar cartas escritas a mano, con mensajes de apoyo y cariño, pero en los centros penitenciarios se negaron a entregárselas. “Espero que pronto salgas de ese lugar, hijo. No te preocupes por tus hijos; ellos están bien”, le escribe Cecilia a Jimmy en una de las cartas.

**Foto de portada: El Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, ubicado en la ciudad del mismo nombre, al occidente del país, es uno de los más de veinte centros penitenciarios que existen en El Salvador.

Las entrevistas para este reportaje fueron posibles gracias al trabajo de campo realizado para la investigación del informe Mover, Contener y Encerrar. Circulaciones constreñidas, logísticas autoritarias y cuerpos en tensión en El Salvador (2025), escrito por la antropóloga Michelle Salord López, y publicado y financiado por la organización no gubernamental Las Vanders.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).