*Yarima Merchan Rojas*.
18.05.2025. A donde Van Los Desaparecidos.- En 2024, 60 personas colombianas fueron asesinadas en México, mientras que 105 fueron reportadas como desaparecidas ante funcionarios consulares de Colombia, mientras que durante todo 2023, fueron 305 de dicho país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (RNPEDNO), desde el 2010 a la fecha se han reportado 401 personas colombianas desaparecidas en el territorio mexicano. Cómo ocurren estos delitos, cuáles son los patrones de desaparición y dónde están estas personas, son tareas pendientes para la justicia mexicana y colombiana. Es relevante también empezar a reconocer qué factores sociales y estructurales permiten que estos delitos se den con mecanismos que integran redes criminales en ambos países.
Según el último informe de la Asociación civil Migrante33 (conformada por personas defensoras de derechos humanos de origen colombiano en México), Movilidad y derechos humanos de las personas colombianas en México [1], el subregistro de las personas colombianas en México es un problema que no deja dimensionar cuántas personas viven o transitan por México, principalmente hacia los Estados Unidos, es una tarea pendiente de ambos países. En este texto se señala que “por lo menos unas 800 mil personas colombianas visitan México cada año. Después de su ingreso, sólo de unas 60 mil se tiene algún registro migratorio. Es decir, de casi un 92.5% de las personas que ingresan, no se registra su salida o continuidad, desaparecen en el limbo migratorio mexicano”. Según este mismo informe y con base en datos de la Unidad de Política Migratoria, la estimación de la población colombiana en México en 2024 correspondía a 29,532 personas con residencia permanente, 6,734 con tarjetas migratorias de residencia temporal y 26,367 personas en situación irregular.
La migración colombiana en México ha cambiado: ya no sólo se llega en avión, corriendo el riesgo de ser inadmitido, sino que recibimos a miles de familias y grupos que han atravesado el Darién y toda Centroamérica en condiciones terribles. Algunos llegan con traumas, heridas u otros problemas de salud. Otros ya fueron asaltados o violentados en su trayecto. La ruta de ingreso aérea también es difícil, sobre todo por las situaciones de discriminación y xenofobia que aún perduran en los aeropuertos mexicanos contra personas colombianas. A esto se suma una cadena de extorsiones con “tarifas no estandarizadas” para lograr pasar cada trayecto sin ser molestados por las autoridades o grupos delictivos. Al trago amargo de ser inadmitido, se añaden quejas por violencias, intimidaciones, extorsiones, robos, maltratos, vulneración a personas con requerimientos especiales, falta de acceso a alimentos o sanitarios adecuados y situaciones de incomunicación en los cuarticos (áreas neutras o zonas de tránsito internacional) de los aeropuertos. De las solicitudes de asistencia que más recibimos las organizaciones colombianas en México, la mayoría son por desaparición de familiares en el tránsito aeroportuario, proceso que a veces sólo culmina cuando la persona es retornada y se comunica desde Colombia con sus familiares, incluso 24 horas después. Desde 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene reportes contra el Instituto Nacional de Migración (INAMI) de por lo menos 5.600 quejas de diversa índole contra este organismo.
Las personas migrantes en tránsito por México, deben cruzar por territorios complejos en donde existen disputas entre redes de traficantes de personas, delincuencia común, grupos de narcotraficantes y personas que lucran con las personas migrantes. Los cuerpos migrantes se convierten en mercancías de tratantes de personas para fines sexuales, laborales o criminales; además, se exponen a las complejidades geográficas, que les obligan a cruzar por territorios con características geoclimáticas difíciles a las que no están adaptados, en condiciones de salud y alimentación muchas veces precarias. Sumado a esto, en zonas de frontera o en el amplio territorio mexicano, no existen servicios consulares adecuados que brinden acompañamiento, identificación o apoyo a las personas migrantes.
La desaparición de las personas colombianas en México, aunque no menos compleja que la de cualquier nacionalidad, tiene agravantes de vulnerabilidad para las familias que no se encuentran en el territorio nacional. Lo primero a señalar, es que la condición de documentación, o el estatus de residencia migratoria en el país, es un primer diferenciador frente al acceso a derechos de las personas extranjeras en México, porque les coloca en otro lugar social, cultural y económico. La desaparición forzada afecta a cualquier persona en México, pero se reconoce el incremento del delito en víctimas de trata de personas transnacionales con dos facetas violentas:
- La violencia de género, sexualización y esteriotipación hacia las mujeres colombianas en México sigue siendo un grave problema cultural y social, que encuentra una máxima expresión de la violencia en las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Empresas transnacionales enganchan, capturan y violentan a mujeres que son traídas con diversos mecanismos a México: ofertas de trabajo fraudulentas, parejas sentimentales tratantes, “amistades” o personas que pertenecen a estas redes, entre otras. Estas víctimas son secuestradas en establecimientos, departamentos residenciales (incluso en zonas de lujo de ciudades importantes) de los tratantes o espacios diversos en donde son explotadas y violentadas.
- En el caso de los hombres colombianos, la trata de persona se da mediante ofertas de empleos fraudulentos que se enfocan en el reclutamiento forzado de perfiles con capacidades militares, logísticas, de escoltas o de seguridad, por lo que personas que han sido policías o excombatientes de grupos armados son víctimas de estos tratantes que los obligan a trabajar en grupos del crimen organizado en México, o a cometer delitos a riesgo de perder su propia vida, son sometidos a violencias diversas. Al respecto, las familias de los ex sargentos José Gabriel Sáez Angulo (desaparecido el 17 de mayo de 2024 en Michoacán) y Eduban Rodríguez Cardona (desaparecido el 13 de marzo de 2024 en Michoacán) siguen reclamando justicia e información sobre el paradero de sus seres queridos, que según sus allegados fueron engañados con ofertas laborales falsas dada su experiencia militar en Colombia y se encuentran desaparecidos en México.
Ahora bien, sobre los casos de desaparición de personas colombianas en México, en respuesta al derecho de petición o de solicitud de información CMXMXC.795 presentado al Consulado General de Colombia en México el 10 de julio de 2023, esa institución responde (aclarando que información refiere a personas No localizadas “sin la clasificación del delito asignado por las autoridades ministeriales competentes”) con información de 108 casos a 2023, de los cuales 21 correspondía a mujeres y 87 a hombres, procedentes principalmente de Bogotá, el Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Caldas, Atlántico, Risaralda y Santander. Según datos de este documento, la mayor presencia de desaparición se ubica en regiones fronterizas (37.03%) y en el centro del país (CDMX y EDOMEX 27.77%), sumado a un alto porcentaje sin información en la ubicación (11.11%). La desaparición en contexto de frontera vincula de forma indiscutible el fenómeno con la situación de tránsito migratorio.
Es fundamental poner el ojo y relacionar estos delitos de trata de personas con hallazgos como el Rancho Teuchitlán en Jalisco o sitios similares, donde podrían también permanecer víctimas migrantes (Jalisco es la tercera entidad de la república con mayor población colombiana residente, además de ser ruta de tránsito). Es importante resaltar que muchos tratantes incluyen en sus mecanismos ofertas laborales mediante redes sociales o grupos de WhatsApp, mismas que incluyen ofertas de desplazamientos a México desde Colombia.
Por otro lado, el caso de la desaparición forzada del ciudadano colombiano Helio Rodrigo Toro Valenzuela en 2015 en Poza Rica Veracruz, da cuenta de la vulnerabilidad de las personas migrantes incluso en contextos donde están involucradas autoridades, su familia relató que fue llevado por la entonces policía o Guardia Civil de Veracruz “por no contar con los documentos que legalizaban su permanencia en ese país”. Desde ese entonces se desconoce su paradero.
En un comunicado a la presidencia de Colombia del 19 de marzo de 2025, familiares de personas víctimas en México, defensores y organizaciones sociales manifestaron:
“Los altos niveles de impunidad frente a delitos contra personas migrantes en México, y la falta de acompañamiento y seguimiento por parte de las autoridades de ambos países, agrava la situación. La desaparición forzada está aumentando en personas colombianas asociada a delitos como el secuestro en tránsito (en donde algunas familias incluso son extorsionadas vía telefónica, solicitando cifras de entre 20 y 60 millones de pesos – hasta 15,00 USD-), la trata de personas o tráfico ilegal de personas (la cifra de personas desaparecidas ha aumentado en las zonas fronterizas). En el caso de las víctimas mujeres, los feminicidios (no registrados ni contemplados en las tipologías de víctimas de Cancillería) se relacionan con delitos de trata de personas en redes transnacionales (que en muy pocos casos son tipificados así, para evitar que los casos sean federalizados o por incompetencia en las fiscalías). Muchas desapariciones resultan en feminicidios o violencias familiares (muchos casos de mujeres casadas con parejas mexicanas que resultan en matrimonios serviles o violentos)”. “Las víctimas colombianas de feminicidios son muchas veces revictimizadas, estigmatizadas por la prensa y autoridades mexicanas, y en pocos casos se esclacere la verdad o se les permite a sus familiares acceder a la justicia o mínimo, retornar los cuerpos a su país de origen, como en los casos de Marcela García Garzón, Diana Alejandra Pulido, Mile Virgnia Martín, Sara Ramiréz Bonilla, Stephanie Magón, Ania Margoth Acosta Rengifo (quien primero fue víctima de desaparición forzada ligada a redes de trata de personas), Helen Valentina García Rivera, Daniela Patiño Hinestroza, Laura Cristina Ovalle Quintero…” entre muchas otras hijas, hermanas, madres y esposas colombianas que han sido víctimas en México. En el caso de los feminicidios, salvo en raras ocasiones, el traslado de los cuerpos no es asumido por las autoridades de ambos países, lo que condena a las víctimas a tener que dejar a sus seres queridos en México mientras “avanza” cualquier investigación o a cubrir costos altísimos (8,000 USD). Esta misma comunicación señala: que “urge una coordinación efectiva entre consulados, con fiscalías y entidades especializadas dentro del país, pero también con los grupos de investigación y autoridades de Colombia, porque los delitos atraviesan las fronteras. México y Colombia requieren de grupos de investigación y de análisis de contexto que detecten patrones en la desaparición y trata de personas. En el caso de mujeres colombianas víctimas de trata, es casi nulo el avance en cuanto a definición de delitos o procesos investigativos, la relación entre trata de personas y desapariciones forzadas sigue sin ser reconocida ni sujeta a indagación por las autoridades”.
Casos relacionados con posible trata de personas como el de Alia Vanessa Uribe Calderón (desaparecida el 30 de noviembre de 2013 en Morelia), Nataly Ángel Saénz (desaparecida el 18 de junio en Celaya) y María Camila Díaz Grajales (desaparecida el 26 de febrero en la CDMX) muestran la falta de acompañamiento y acceso a la justicia efectivos que no reciben los familiares, que en muchos casos, afrontan no sólo la pérdida de sus seres queridos, sino procesos desgastantes psicológica y económicamente, enfrentando el cuidado de menores de edad y adultos mayores desamparados, sin el apoyo adecuado de las fiscalías, comisiones de víctimas y otras instancias que deberían apoyarles de forma eficiente.
Es fundamental implementar mecanismos entre Colombia y México para frenar la violencia contra personas migrantes, residentes o en tránsito por México, así como para garantizar los avances en las investigaciones, debidas diligencias, la investigación de delitos vinculados (incluidos aquellos de índole transnacional como la trata de persona o el reclutamiento forzado) y el acompañamiento y reparación a las familias. Urge un trabajo de análisis e investigación de contexto, que permita establecer patrones y mecanismos trasnacionales de permisividad y posibilidad de estos delitos. La revictimización, la falta de coordinación interinstitucional y la impunidad obstaculizan la justicia.
Como sociedad, debemos trabajar para combatir discursos de enemigos internos, violencias de género, aporofobias y xenofobias, expresiones sociales y culturales que le cuestan la vida y perjudican la integridad de las personas migrantes. El negacionismo político no resuelve el problema; mirar para otro lado, desconocer o invisibilizar los delitos contra personas migrantes, sólo genera que las empresas delictivas crezcan hasta el punto que ningún espacio sea seguro para nadie (migrantes o no). Ningún ser humano es ilegal y toda persona merece el respeto a la vida, el derecho a buscar un mejor futuro, los derechos humanos y el acceso a la justicia.
*Columnista invitada por GIASF*
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* Yarima Merchan Rojas es Defensora de Derechos Humanos. Coordinadora General de Migrante33 A.C. Autora de publicaciones educativas. Editora y migrante. Delegada por México y Centro América a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.
Migrante33 nace dentro de un contexto de organización y trabajo de personas colombianas radicadas en México. Por esta especificidad, el desarrollo de proyectos de apoyo a personas de origen colombiano y latinoamericano nos son prioritarias. Migrante33 trabaja por brindar acompañamiento, información y recursos para que las personas migrantes en México tengan acceso a la justicia y al ejercicio pleno de sus derechos.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias
[1] https://www.migrante33.org/informe2024/
Foto de portada: fachada del Instituto Nacional de Migración. (EsImagen/ObturadorMX)
