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/ Estela Casados González* /
Datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) indican que, para el primer cuatrimestre de este año, 270 mujeres han desaparecido en el estado de Veracruz. Se han recuperado a 196 de ellas y tres más han aparecido sin vida.
En más de una década de documentar violencias contra mujeres en Veracruz, el Observatorio detectó en 2021 un hito en el incremento de las desapariciones. En años posteriores la situación no ha conocido retroceso: 2023 destacó con 904 desaparecidas, de las que ocho aparecieron sin vida.
Volviendo a 2025, encontramos que las menores de edad son las que más “desaparecen”. Representan el 59 por ciento de los casos reportados.
De enero a abril, Xalapa y Veracruz son los municipios de la entidad en donde más “desaparecen” a veracruzanas. Les sigue Poza Rica, Coatzacoalcos y Córdoba. La región centro del estado concentra el mayor número de casos.
Mientras el número de desaparecidas crece, continuamos sin saber qué ha sido de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Veracruz por Desaparición. Diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron este recurso en 2019 y, entre dilaciones burocráticas, aún no sabemos si la federación implementará el mecanismo o qué otro tipo de estrategia se echará a andar para atender la situación.
Más allá de las fotos del funcionariado llenas de sonrisas impostadas en un estado angustiado en donde se violenta y mata a las mujeres, permanece ausente la articulación estratégica y experta de instancias gubernamentales para desarrollar acciones contundentes. No hay soluciones. Se administran los daños a través de las redes sociales con discursos que se han ido desgastando en más de veinte años de una supuesta política pública con perspectiva de género en Veracruz.
En los años noventa, recuerdo que dejé de entrar a las asambleas estudiantiles porque siempre que exponíamos problemas que afectaban a las universitarias nos interrumpían o de plano nos callaban bajo el argumento de que cuando solucionáramos lo que afectaba todos (en masculino) automáticamente todo se solucionaría. Obviamente no fue así.
Esa es la misma lógica en cada gubernatura en Veracruz. Independientemente de partidos y colores, se piensa que la desaparición, el feminicidio o las violencias son un lastre que hay que administrar en vez de actuar para encarar a una crisis humanitaria que hay que entender y atender.
Mientras tanto y como siempre, son las veracruzanas las que tratan de ir surfeando las catástrofes que al Estado no le interesa atender. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, integrados principalmente por madres que buscan a punta de pico y pala, que organizan marchas y manifestaciones, han logrado sensibilizar a una parte de la población. Salen a buscar en zonas peligrosas, se vuelven expertas en materia forense a la vez que redefinen lo que significa ser mamá: en vez de criar, investigan hasta encontrar a las hijas e hijos propios y de otras madres, dan sepultura y exigen a la autoridad para toparse con una pared.
Mientras tanto, gobernantes y funcionariado se concentran en sus luchas intestinas que no solucionan nada, pero que afectan mucho a la población. Hay muchas personas desaparecidas en Veracruz y el año aún no termina.
