*Diversas instancias presentan el informe Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México.
*La mayoría de las desapariciones documentadas se perpetraron en el contexto de la llamada “Guerra contra las Drogas”.
14.10.2025 /Ibero/ Ciudad de México .- El 12 de agosto pasado, bajo la coordinación de Consultora Solidaria, centenas de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, organizaciones civiles diversas, familiares de personas desaparecidas y personas de la academia y activistas, presentaron al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada el informe Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México.
El documento expone que “se tiene registro oficial de 358,813 personas desaparecidas, desde diciembre de 1952 al 28 de abril de 2025. De ese total han sido localizadas 231,335 (64.47%), desaparecidas 127,478 personas, lo que significa el 35.53% del universo total referido.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD) se trata de 117,294 desapariciones y 10,184 personas no localizadas. Estas cifras constatan el carácter generalizado de las desapariciones”.
Continúa el reporte, “la mayoría de las desapariciones incluidas en el RNPD se perpetraron en el contexto de la llamada “Guerra contra las Drogas”, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Se desconoce cuántas personas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, ni si fueron desaparecidas por integrantes de organizaciones criminales o por personas particulares, sin dicha autorización, apoyo o aquiescencia. Las cifras del RNPD tampoco reflejan el grado de impunidad que prevalece en el país.
El número total oficial de personas desaparecidas que se ha registrado en México “excede a cualquier otra situación de violencia, conflicto armado o régimen dictatorial por el que haya atravesado cualquier otro país de la región de América Latina”.
En cuanto al rol de la justicia, la investigación explica que “el número de sentencias dictadas por el Poder Judicial en sus niveles Federal y estatales, no son representativas del número de desapariciones forzadas cometidas en el país, habla de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades encargadas de la investigación y procesamiento de los delitos, lo cual ha impedido esclarecer lo que ha sucedido con miles de personas en el país, y llevar a juicio a los responsables.
La impunidad también se podría entender como una forma de colaboración por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia en la comisión y repetición de las atrocidades”.
Termina así este reporte sin precedentes: afirmamos sin equivocación que existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción (del) Estado Parte” (Art 34), y tras recibir del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, solicitamos:
Que remita la cuestión con carácter de urgente, incluido este informe con sus referencias, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.
Que, junto con esa información, recomiende la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico que identifique los patrones que permitan determinar la existencia de situaciones generalizadas y sistemáticas más allá de toda duda, y recomiende las acciones pertinentes para encarar el fenómeno, detener las desapariciones en el país, identificar los cuerpos y fragmentos humanos para devolverlos dignamente a sus familiares, conocer la verdad y llevar a los responsables a la justicia.
Comunicar a la Corte Penal Internacional la información recabada por el Comité y los indicios fundados para aplicar el artículo 34 de la Convención en el caso mexicano, a fin de iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Consideramos no solo necesaria sino urgente la lectura del informe íntegro.
Texto: Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO
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