*Zurda .
/Ruth Zavaleta Salgado/
¿De qué sirve que todos los días nos machacan los datos de disminución de homicidios dolosos y feminicidios, si el gobierno se hace de la vista gorda con las desapariciones forzadas? Las imágenes de la infamia están a la vista en el campo de exterminio del rancho Izaguirre, Teuchitlán, y en las más de cinco mil 500 fosas clandestinas que se han descubierto a lo largo y ancho de la República Mexicana. La negligencia o la complicidad están a la vista después de darse a conocer que en el mismo municipio ya había sucedido otro evento delictivo y no se realizó ninguna investigación que permitiera descubrir la profundidad del problema en ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si las imágenes de los cientos de zapatos vacíos en Izaguirre se hubieran dado a conocer hace algunos meses?, ¿el 2 de junio habrían ganado las elecciones los mismos gobernantes?
Es obvio que miles de personas podrían seguir vivas si las denuncias de desapariciones fueran investigadas de forma inmediata, pero en la mayoría de casos las autoridades responsables se lavan las manos bajo el pretexto de la estigmatización, aduciendo que, posiblemente, las víctimas están vinculadas con el crimen organizado. Así, cada persona desaparecida se convierte en un número más de las obesas estadísticas que, finalmente, pueden ser adelgazadas para manipular la percepción ciudadana, tal y como sucedió en el sexenio pasado. En ese contexto, resulta falso que algunos actores políticos del oficialismo digan que hoy se quiere politizar el problema, porque se exige que se investigue la posible negligencia o colusión de autoridades federales y locales con el crimen organizado. En los hechos, el tema siempre ha sido político, porque atrás de los miles de desaparecidos se esconden los datos del incremento, sin precedente ni histórico ni comparado con otras naciones de violencia homicida y, por ende, del fracaso de la estrategia de abrazos, no balazos. Como dice el dicho, sin cuerpo no hay delito, por lo tanto, sin los restos de las personas desaparecidas, los casos no fueron contabilizados como homicidios.
De esta forma, en los últimos seis años, vivimos en el más grande engaño que un gobernante haya hecho al pueblo que lo eligió, porque con la manipulación de datos se trató de minimizar el problema, y a pesar del impecable y triste trabajo de las madres buscadoras, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibirlas. Algunas de ellas han pagado con su vida la persistencia en la búsqueda de sus seres queridos, pero aun así no hubo clemencia. Hoy, se repite la misma historia, los más de 200 colectivos de búsqueda de más de 120 mil desaparecidos no son escuchados, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dice tener voluntad de reunirse con ellos, no lo ha hecho. Tal vez porque eso implicaría que tendría que explicar por qué, en estos pocos meses de su gobierno, a pesar de las cuentas alegres de combate al tráfico de drogas, creció exponencialmente el número de desapariciones, pasando de 25 a 40 personas desaparecidas al día, tal y como lo documentó Pascal Beltrán del Río, el miércoles pasado, en este mismo medio de comunicación. Además, la Ciudad de México y el Estado de México son las dos entidades con mayor número de denuncias.
¿Qué autoridad es responsable de frenar las desapariciones forzadas? Es una de las preguntas que la opinión pública debatió a partir del descubrimiento del uso como campo de entrenamiento y exterminio del rancho Izaguirre, y a propósito de los señalamientos del fiscal general de la República, respecto a la responsabilidad del gobierno de Jalisco. La respuesta es obvia y consta en las leyes de coordinación en materia de seguridad pública y ciudadana: la Presidenta de la República, las y los gobernadores y las y los alcaldes, todos son responsables de frenar y combatir la inseguridad y la violencia, pero, también, el Poder Legislativo debe hacer su tarea respecto a la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, incluyendo los fiscalías locales de justicia y la de la República, aunque eso se ve muy lejano, porque la mayoría legislativa es del mismo partido político de la mayoría de los gobernantes.
